VALPARAISO.- Con la asistencia del ministro de Justicia, Luis Bates, el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales, Mario Drago, y el ex ministro Enrique Correa, se debatió en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la iniciativa que regula el lobby.
Bates dijo que "el lobby que no tiene regulación se presta para que la ciudadanía piense que hay situaciones encubiertas o no claras, principalmente de sectores que quieren más poder económico, y que buscan obtener decisiones que puedan favorecerlos. En el fondo debe existir más transparencia para aminorar situaciones de corrupción".
Agregó que existen 14 razones para creer que la regulación de esta actividad es necesaria en el país en beneficio de la probidad, para que la ciudadanía legitime y dé credibilidad a las autoridades y a los órganos del Estado.
El objetivo fundamental del proyecto de ley es normar este trabajo ejercido por personas naturales o jurídicas que buscan influir en las decisiones del Congreso Nacional u otros órganos de la administración del Estado, con el fin de defender o representar intereses individuales, sectoriales o institucionales.
El texto define la figura del "gestor de intereses", e incluye la definición de "Lobbysta profesional", que será quien ejerce acciones de gestión ante las autoridades en forma habitual, con un promedio de cinco o más (gestiones) en los últimos seis meses.
También el proyecto establece un registro de "lobbystas" que será mantenido por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, el ministro Bates dijo que "ha surgido la idea que el registro sea administrado por una institución que no responda al poder político y tenga mayor independencia como la Contraloría General de la República".
El secretario de Estado indicó que el cuerpo legal distingue dos tipos de lobbystas, el que podrá desarrollar cualquier persona, y el que pueden realizar habitualmente ciertas personas, ya sea en forma remunerada o no.
El proyecto agrega que las actividades de lobby estarán destinadas a influir en la elaboración, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos del Estado y programas de Gobierno.
