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Santiago: Viernes 10 de mayo del 2024 | Actualizado 18:54
SANTIAGO.- Luego de que en febrero pasado se notificara a las partes implicadas en el caso "Clarín", el cierre del arbitraje en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), hoy se conoció finalmente el fallo que obliga al Estado de Chile a pagar 16 millones de dólares a Víctor Pey y a la fundación española Salvador Allende.
El Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, analizó la demanda interpuesta por Pey -amigo personal del ex Presidente Salvador Allende-, quien se declaró como propietario del periódico "Clarín", confiscado por el régimen militar y demandó en 1997 al Estado de Chile por US$ 515 millones.
El fallo obliga a Chile a pagar 10 millones de dólares y también intereses desde abril de 2002, más los gastos del demandante en el CIADI y en su equipo jurídico, que encabeza Joan Garcés, quien dirige la fundación española Salvador Allende y fue asesor de Allende durante la Unidad Popular.
Cabe destacar que hasta 2002, el Estado de Chile era representado por el abogado Roberto Mayorga, quien siempre alegó la incompetencia del CIADI para conocer de la causa.
El argumento de Mayorga era que el centro internacional sólo falla temas de inversión extranjera, y el "Clarín" no se consideraba como tal, pues aunque Pey tenía nacionalidad española, también gozaba de la chilena.
Además, el Estado, cuyo equipo de defensa es coordinado ahora por Jorge Carey, asegura que ya pagó la indemnización correspondiente, cerca de U$10 millones, a los familiares de Darío Saint-Marie, fundador del periódico.
Los beneficiados se ampararon en la ley de reparación de 1998 (19.568), pero Pey no quiso hacer el reclamo por esa vía, porque le impedía cobrar daño moral y lucro cesante y recurrir adicionalmente a cualquier instancia arbitral.
Por otra parte, Víctor Pey asegura que Saint Marie, le vendió las acciones del periódico, hecho que aún no podido ser establecido por la justicia.
En esa línea, Pey no sólo solicitó la indemnización por la confiscación de su propiedad, sino también por el concepto de "lucro cesante", es decir, por el dinero que dejó de recibir como consecuencia de la confiscación del periódico.
