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Santiago: Sábado 14 de diciembre del 2024 | Actualizado 16:39
SANTIAGO.- Junto con advertir que si los camioneros bloquean las carreteras "la fuerza pública va a intervenir", el Gobierno rechazó la movilización del gremio, afirmando que se trata de un paro "injusto", puesto que ayer se hizo un "anuncio de lo más significativo" para paliar el alza del precio de los combustibles.
"El Gobierno tiene que actuar sobre la base del conjunto del país, no de un sector específico, no obstante que también se ayuda a ese sector específico. Si no hubiéramos aplicado el Fondo de Estabilización el combustible más consumido por la gente más pobre de Chile, que es la parafina, no hubiese recibido ninguna rebaja", afirmó el vocero Francisco Vidal.
El ministro defendió así la inyección de mil millones de dólares al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) y criticó la postura asumida por los camioneros, quienes habían advertido desde la semana pasada que se paralizarían este martes si el Ejecutivo no anunciaba una reducción al impuesto específico al diésel.
Al respecto, el portavoz de La Moneda recalcó que "el Fondo de Estabilización al final es un subsidio mucho más eficiente que una rebaja al impuesto", puesto que el porcentaje que se reduzca no tendrá relevancia si el precio del combustible en cuestión sigue subiendo en el mercado internacional.
"Creemos finalmente que es un paro injusto y lo único que esperamos es que este paro que inmoviliza a una parte del país, son más de 60 mil camiones, termine lo más pronto posible", agregó Vidal, quien aseguró de paso que "el Gobierno no toma medidas a la pinta de cada gremio".
Vidal aseveró que entre hoy y mañana, con discusión inmediata, ingresará al Parlamento el proyecto de ley que inyecta nuevos recursos al FEPC. Una vez que éstos se acaben, afirmó, el Gobierno seguirá adoptando las medidas que mitiguen los altos precios de los combustibles.
Por ahora, cerró la puerta a la eliminación del polémico impuesto al diésel, asegurando que con él se financian proyectos sociales como la reforma previsional y el aumento de las subvenciones escolares, a pesar de que la ley establece que es para mantener las carreteras, que hoy en su mayoría son concesionadas.
