Juan Eduardo López, El Mercurio
SANTIAGO.- "América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual", es la conclusión a la que llegó la Organización de los Estados Americanos (OEA) tras analizar que la pobreza, como condición, "es una realidad en la que muchos gobiernos, organizaciones y personas han enfocado su preocupación".
Desde la perspectiva institucional, el organismo indicó, en un artículo publicado en su página web, que promueve el lema de "más derechos para más gente" no sólo como una máxima, sino como una vía para lograr "nivelar el terreno para todos".
"Ese es precisamente el espíritu que mueve la labor de quienes trabajan hoy en transformar en realidad los compromisos adquiridos por los países en un documento que se conoce como el Protocolo de San Salvador", dice el texto.
Se trata de una serie de deberes que 19 Estados de la región han acordado lograr en materia de derechos económicos, sociales y culturales, más específicamente en los derechos a la seguridad social, la educación, la salud, la alimentación adecuada, el trabajo y los derechos sindicales, el medio ambiente sano y los beneficios a la cultura.
"El Protocolo, aprobado en 1988 se ha convertido en la base para hacer seguimiento al progreso logrado en estos temas que inciden directamente en lograr una mayor equidad en la región. En el contexto de la OEA, fueron identificados una serie de indicadores que los países usan hoy como vara de medida. Gracias a un esquema creado por los propios países, hoy estos indicadores permiten no solo informar sobre los avances, sino recibir el apoyo y comentarios de parte de expertos para continuar avanzando en las áreas en las que aún quedan rezagos", consigna.
A través de un informe nacional, aquellos Estados que forman parte del Protocolo reportan sobre cada indicador de progreso, es decir, hacen públicas las medidas y acciones que han tomado para garantizar el goce de estos derechos y el impacto que han tenido.
"Pero el proceso no culmina allí, un grupo de expertos analiza los informes y hace recomendaciones y comentarios que buscan ayudar a cada Estado a continuar avanzando por su ruta positiva, reorganizar o recolectar nuevos datos o reencaminar sus esfuerzos", se lee en el documento.
Algunos logros
El proceso de reportes ya inició e incluye los derechos a la seguridad social, la salud y la educación. Hoy, gracias a esta intensa labor ha sido posible constatar significativos avances en seis de los 19 países que forman parte de este proceso, entre ellos:
- Poder constatar cómo en el tema de seguridad social en Uruguay se dio un aumento en la proporción de cotizantes que pasó de un 73% en 2009 a 80% en 2011. Aumento que no solo se dio en términos de cobertura, sino también tuvo una incidencia en la reducción de la brecha de género.
- En el caso de Colombia, el informe refleja la creación del Sistema de Seguridad Social el cual obliga a todo empleador a afiliar a sus trabajadores/as al Sistema.
- En el tema de salud, Bolivia reportó que la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 52 a 40 por cada 1.000 nacidos vivos entre 2006 y 2011; en el mismo período la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años se redujo de 65 a 51 por cada 1.000 nacidos vivos. Además, la creación de la unidad de políticas intracultural y plurilingüe,
"Estos son solo algunos ejemplos. Sin embargo, uno de las mayores contribuciones de este sistema de reportes es el uso que otros países pueden hacer de los mismos. Los ejemplos de iniciativas de gobierno que han tenido éxito en sus propias esferas, sirven como lección y modelo para sus vecinos del hemisferio", subraya el análisis.
Desafíos
Los desafíos para lograr que exista una mejor distribución en el acceso a los derechos económicos sociales y culturales no están solo en la parte estructural, de acceso o de creación de políticas. El sistema de indicadores del Protocolo ha revelado que hacer mediciones y tener datos desagregados por género, raza, edad, área geográfica, etc. es un elemento clave para una verdadera "universalización" de cada uno de estos derechos.
"Muchas de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo presenta a cada país indican la ausencia de datos más precisos que reflejen, por ejemplo, cuántas niñas de la primera infancia en áreas rurales o de recursos bajos, han sido beneficiadas por el aumento de la cobertura de educación en algún lugar remoto del hemisferio. Sólo así podemos medir y asegurar que nuestro esfuerzo por lograr más derechos para más gente está siendo efectivo para todos", concluye.
