Fueron poco más de 17 meses -específicamente 524 días- de tramitación, los que tuvo que esperar la reforma tributaria del segundo mandato de Sebastián Piñera para poder salir del Congreso. Y es que ayer la comisión de Hacienda del Senado dio luz verde al proyecto que para su promulgación deberá aguantar hasta marzo, una vez el Tribunal Constitucional someta a revisión sus artículos.
La noche del 21 de agosto de 2018, en cadena nacional, el Presidente presentó el proyecto y sus principales lineamientos: promover un sistema más simple y comprensible, establecer un impuesto a plataformas digitales, establecer el uso obligatorio de boleta y factura electrónica y modernizar y perfeccionar el impuesto verde, eran parte de lo que proponía el Ejecutivo.
Pero el punto de mayor conflicto y el que desde el Gobierno calificaban como el "corazón" de la reforma era uno: la reintegración total del sistema tributario. Algo sobre de lo que el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se negó constantemente a tranzar.
Dos días después de dicha cadena nacional el proyecto -que contemplaba una recaudación extra de US$428 millones- ingresó al Congreso para así iniciar su travesía de 17 meses y profundos cambios, gatillados, en mayor medida, por el estallido social del pasado 18 de octubre.
Tras su ingreso para su discusión parlamentaria, el proyecto tributario vivió enseguida duras críticas de parte de la oposición, enfocadas sobre todo en el tema de la reintegración, asegurando que aquello iría en directo beneficio a los grandes empresarios y impulsaría un Chile "más desigual". Además de plantear sus dudas respecto a si esa iniciativa cumpliría con no reducir la recaudación.
"Estamos dispuestos a dialogar, escuchar ideas, pero no vamos a desdibujar lo que son los lineamientos centrales del proyecto", aseguraba Larraín en respuesta a los cuestionamientos provenientes de la otra vereda política.
Así comenzaron las reuniones para avanzar en un acuerdo y destrabar la discusión. La oposición entregó una propuesta alternativa al Ejecutivo e incluso, cuando ya se cumplían ocho meses de debate, ese sector dio un "ultimátum" a Larraín y a los parlamentarios de Chile Vamos para que entreguen una nueva iniciativa de reforma tributaria que satisfaga sus demandas. Y en medio de ello, comenzaron las quejas del mercado: advertían que la incertidumbre que generaba la discusión repercutiría negativamente en la economía, algo que Hacienda comenzó a utilizar como carta de presión.
Después de un año: los primeros avances
En abril pasado finalmente Larraín presentó una nueva propuesta. "No nos deja conformes" o "decepcionante" fueron algunas de las reacciones que deslizó la oposición. Y es que la reintegración no se tocaba. Sin embargo, y gracias al apoyo de la Democracia Cristiana (DC), la Cámara aprobó la idea de legislar la reforma.
Tras ello, y con un polémico acuerdo firmado con la DC que contemplaba medidas compensatorias por reintegrar el sistema, un ajuste para mayor beneficios para las pymes, diseño de inversiones que ayuden a las regiones y medidas específicas para adultos mayores, la iniciativa pasó un segundo obstáculo: la comisión de Hacienda de la Cámara. Era hora de que su discusión llegara a la Sala. "Nunca nadie dijo que iba a ser fácil", afirmó Larraín.
Días más tarde y cuando se cumplía un año desde que el proyecto ingresó al Congreso, la Sala de la Cámara, nuevamente con el apoyo clave -y controvertido- de diputados DC, aprobó en general la reforma tributaria del Gobierno, donde seguía latente el "corazón" del proyecto y que pasaría a ser discutido en el Senado.
Así, a penar se iniciaba este nuevo y dificultoso camino, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick aseguró a un programa de televisión respecto a la reintegración: "Nunca hay que transformar los instrumentos en dogmas", agregando que podría llegar otro "instrumento" que cumpla con los mismos objetivos", abriendo una puerta que luego cerró. Luego de 24 horas aclaró sus dichos y afirmó que tanto la integración tributaria como los demás puntos visados por la Cámara "son el mejor camino".
El estallido
A más de un año de que comenzara la discusión, la reintegración tributaria seguía siendo la traba que dividía al oficialismo y frenaba el debate para alcanzar una reforma en materia tributaria. Hasta que llegó el 18 de octubre.
A 10 días del estallido social, Felipe Larraín salió del Ministerio de Hacienda y entró en su reemplazo el actual jefe de la billetera fiscal, Ignacio Briones. "Nada está grabado en piedra", fue lo primero que dijo a la prensa el nuevo secretario de Estado, apelando al diálogo con la oposición para sacar adelante la reforma tributaria y dando luces de estar dispuesto a ceder, incluso respecto a bajar la defensa de la reintegración. De hecho, tres días más tarde anunció que este punto" de desecha en los términos que fue originalmente planteado".
De esta forma comenzaron intensas conversaciones entre el Gobierno, Chile Vamos y la oposición para avanzar. Con varios acuerdos de por medio, la comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la iniciativa y luego la Sala hizo lo propio, sin reintegración. Con esto la reforma volvió a la Cámara.
Y tras ello, el proyecto debió sortear un paso más antes de ser despachado del Congreso: tuvo que pasar a comisión mixta luego de que los diputados rechazaran un artículo relacionado al impuesto verde, algo que, según Briones, era "un punto procedimental".
Finalmente la Cámara aprobó, un día más tarde -ayer- el Senado hizo lo mismo y así el proyecto que ingresó hace más de un año y medio bajo la tutela de Larraín que consideraba reintegración y una recaudación de cerca de US$500 millones, salió del Parlamento con una crisis en medio de su discusión, sin reintegración, bajo el liderazgo de Briones, recaudando US$2.200 millones y con numerosos acuerdos entre el Gobierno y senadores de centroizquierda.
Medidas la reforma despachada
"La reforma tributaria que se aprueba hoy mejora nuestro sistema tributario, y además recauda", dijo Briones, agregando que "agradezco muy sinceramente tanto al Senado como a la Cámara porque logramos construir un buen acuerdo. Agradezco a los diputados, quienes jugaron un rol fundamental en este proyecto de Modernización Tributaria, cuya estructura general y perfeccionamientos simplificatorios y de certeza jurídica se mantienen intactos respecto al proyecto original, y a los senadores, porque logramos un marco de entendimiento y un acuerdo sobre cuestiones sustantivas en las cuales todos tuvimos que ceder", apuntó el titular de Hacienda.
Proyecto despachado del Congreso además considera, incentivos para el emprendimiento, como un nuevo régimen pro-pyme que simplifica el cumplimiento tributario e incorpora medidas que facilitan el acceso al financiamiento. En detallo, contempla un régimen 100% integrado y una tasa reducida de impuesto de primera categoría de 25% que aplicará de forma automática para las empresas con promedio anual de ingresos en los últimos tres años que no exceda de 75 mil UF.
También impondrá un régimen único semi-integrado para las grandes empresas con una tasa de 27%, eliminando la coexistencia de los tres regímenes actuales. Esto, sumado a medidas para incentivar la inversión -como un régimen de depreciación instantánea-, la rebaja de contribuciones para adultos mayores, una recaudación con un enfoque progresivo y una Defensoría del Contribuyente, entre otras cosas.
