SANTIAGO.- "No me parece extraño que un parlamentario llame para preguntar sobre determinadas cosas a la Cancillería", dijo anoche el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, abordando así el caso de la investigación por presunto tráfico de migrantes y cohecho en contra del presidente del Senado, Andrés Zaldívar Larraín.
El comentario también da cuenta las esquirlas que llegaron al Gobierno, en una de las aristas de la investigación -según publicó ayer La Tercera-, que habla de que funcionarios de ese ministerio estarían implicados en el tráfico de migrantes.
De acuerdo a la publicación, el primer secretario de la Cancillería, Diego Rivera López, está bajo la lupa del Ministerio Público.
Terna de jueces en Talca
Otra de las aristas de este caso es la que involucra al subsecretario de Justicia Nicolás Mena, quien recibió un llamado del senador para consultarle sobre una terna de jueces para el Tribunal Oral en Lo Penal de Talca.
La información fue abordada ayer por el jefe de esa cartera, Jaime Campos, quien dijo estar sorprendido por la vinculación de su subsecretario en la nota.
Esto porque según explicó sólo él ve y decide quiénes se convertirá en juez en el país y no las otras autoridades de la secretaría de Estado.
"Están confundiendo peras con manzanas", aseguró Campos, quien también descartó que haya algún tipo de tráfico influencias.
Investigación de oficio por filtración
Ayer se supo que la información de la indagatoria contra el parlamentario DC estuvo por 14 días publicada en el sitio web del Poder Judicial, con libre acceso, pese a que se trataba de una investigación reservada.
Por lo anterior, el fiscal regional metropolitano Centro-Norte, Andrés Montes, anunció el inicio de una investigación penal de oficio para aclarar cómo fue posible una situación como esa.
A lo anterior se suma una indagatoria interna en el Séptimo Juzgado de Garantía para aclarar las responsabilidades administrativas, mientras que la Corte de Apelaciones de Santiago solicitó un informe esa entidad judicial y al Ministerio Público por el caso.
Fuentes de la causa señalaron a Emol que el error habría estado en el ingreso de la causa al sistema del Poder Judicial, donde la persona que realizó la acción no hizo click en el botón que indica que se trata de una causa reservada, versión que debe ser aclarada por las investigaciones iniciadas.
Director general de la PDI
Una solicitud para ayudar a un funcionario de la PDI que está a punto de ser desvinculado de la institución y para un traslado de un segundo policía es la que, según la investigación, le pidieron al senador Zaldívar.
Por lo anterior éste se comunicó con el director general de la PDI, Héctor Espinosa, quien le manifestó su preocupación por el detective en cuestión, pues estaba en la cuota anual de retiro para este 2017, pero había logrado sacarlo de ese listado y quedó condicional.
Respecto del otro funcionario, la situación estaba más complicada, pues había sido sancionado y por lo mismo había quedado condicional, pero que "de todas formas estaba cerca".
Comercio Sexual
Este jueves La Tercera publicó una nueva arista en el caso, se trata de las gestiones para el ingreso de dos ciudadanas venezolanas al país para que ejerzan el comercio sexual.
La fiscalía pidió la intervención telefónica de una mujer de iniciales N.E.S.A. argumentando que "el imputado (el empresario Álvaro Jofré Cabezas, relacionado con el senador Zaldívar) estaría realizando diversas gestiones para el traslado y acogida en territorio nacional de dos mujeres venezolanas, quienes una vez en territorio nacional ejercerán el comercio sexual".
En su solicitud se añade que Jofré señaló a la mujer que "debía conseguir un departamento donde pudieran trabajar (…). Posteriormente, continúa la conversación y le indica que podría pasarle las imágenes de las mujeres a su hermano, para ser publicadas en una web".
