SANTIAGO.- El abogado de la empresa Lucchetti, Edmundo Eluchans, indicó que la compañía demandará por daños y perjuicios al estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), a raíz de la clausura de su fábrica en Lima que determinó el municipio de esa ciudad.
La defensa de Lucchetti se reunirá esta tarde en un conocido hotel de la capital peruana para decidir si previamente interponen una acción de amparo en los tribunales del país vecino a fin de frenar el cierre de su planta.
Los voceros del municipio limeño informaron que la empresa chilena tiene 7 días para dar cumplimiento a la notificación, pues de lo contrario será el ejecutor coactivo, una suerte de juez, quien tendrá la facultad de ingresar pudiendo hacer uso de la fuerza pública, para iniciar el desalojo.
Los cerca de 400 trabajadores peruanos de Luchetti, tras permanecer hasta pasada la medianoche en las afueras del palacio municipal de Lima, acudieron esta mañana a trabajar con total normalidad. Rafael Gelfe, representante de los operarios de la planta, indicó que van a defender hasta las últimas consecuencias su fuente de ingresos, enfrentando incluso la acción policial.
"Lo que sí vamos a hacer es alguna acción de reconsideración ante la municipalidad, llámese ir ante la defensoría del pueblo o buscar apoyo en el Congreso, buscar una acción de amparo, cualquier motivo que nos permita a nosotros seguir trabajando", afirmó.
El Gobierno peruano, a través del Canciller, Alan Wagner Tizón, señaló que el acuerdo de protección de inversiones signatado por Perú y Chile no rige para este caso porque se inició en 1997, antes de la firma del tratado en cuestión. Asimismo, señaló que de persistir en tal iniciativa, la empresa deberá esperar la realización de un juicio de competencias para dilucidar si el mencionado acuerdo es aplicable o no.
Declaración pública de Lucchetti
