SANTIAGO.- El gobierno peruano instaló un grupo de trabajo que evaluará y efectuará el seguimiento de la solicitud de arbitraje planteada por la fábrica chilena Lucchetti, contra el acuerdo de la Municipalidad de Lima de cerrar su planta en los Pantanos de Villa, en Chorrillos, informó el ministerio de Justicia de ese país en Lima.
El grupo "analizará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses del Estado peruano en las instancias internacionales pertinentes", indicó una nota de prensa de dicha cartera.
La instalación del citado grupo de trabajo estuvo a cargo del Ministro de Justicia, Fausto Alvarado, y contó con la presencia del Canciller peruano, Allan Wagner.
Lucchetti de Chile y Lucchetti Perú solicitaron el 24 de diciembre un arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego del acuerdo municipal de hace 10 días para el cierre de la fábrica por dañar la zona de los Pantanos de Villa.
Alcalde limeño no revisará el cierre
El electo alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien asumirá el cargo el próximo 2 de enero, dijo este jueves que no revisará la decisión adoptada por el actual Consejo Metropolitano de revocar el permiso de funcionamiento de la planta de fideos que Lucchetti mantiene en una zona aledaña a la reserva ecológica de los Pantanos de Villa.
Al recibir este mediodía las credenciales de parte del Jurado Nacional de Elecciones para el ejercicio del cargo a partir de enero próximo, Castañeda Lossio explicó que el "tema está cerrado" y que no reconsiderará la decisión de la comuna.
"Las normas están hechas para que se cumplan sin importar si la entidad es pública o privada, o si es nacional o extranjera. Hay que comenzar a tener una conducta de respeto de la ley", manifestó el alcalde electo, quien agregó que en este caso se ha actuado con justicia, pues se han tomando en cuenta el perjuicio ecológico que se está causando al ecosistema de los Pantanos de Villa.
Con la declaración hecha por Castañeda este jueves, las esperanzas que mantenía la empresa chilena de que la medida tomada por el actual Concejo fuera revisada y revertida, queda prácticamente por el suelo.
Según la decisión que pesa contra la empresa chilena, la planta que ésta mantiene en las cercanías de la reserva ecológica de Pantanos de Villa deberá cerrar antes de fin año o a comienzos del próximo, en virtud de que se la acusa de contaminar y funcionar en una zona que es reserva natural.
Lo parajódico, no obstante, es que en la misma zona están emplazadas empresas norteamericanas como "3M" y "Kimberly Clark", sin que éstas hayan sido acusadas de los mismos cargos que se le imputan a la empesa chilena.
A raíz del decreto que revoca el permiso de funcionamiento, la empresa chilena acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, por considerar que la decisión del municipio limeño es una medida discriminatoria.
Ello también ha generado una controversia entre los gobiernos de Chile y Perú, por cuanto la administración del Presidente Ricardo Lagos ha respaldado la presentación de la compañía chilena ante el Ciadi, aduciendo la existencia del Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones (APPI), firmado entre ambos estado en agosto de 2001.
La disputa, que todavía según ambos gobiernos no se transforma en un conflicto diplomático, surgió luego que La Moneda admitiera que si bien este problema es entre privados, involucra a ambas administraciones al existir el referido acuerdo, el que entre sus puntos esenciales establece que en caso de que surjan controversias por las inversiones realizadas por capitales de cualquiera de los dos países, se podrá acudir al Ciadi.
Pero mientras la interpretación peruana es que este acuerdo no tiene vigencia para el caso de la empresa Lucchetti, por cuanto ésta comenzó a operar antes de que se firmara el convenio; La Moneda se ampara en que como la decisión de expulsar a la empresa se tomó con posteridad a la firma del mismo, el APPI y la presentación ante el organismo con sede en Washinton es plenamente aplicable.
La defensa que ha hecho la administración Lagos de la empresa Lucchetti, derivó en que a última hora del martes el Gobierno peruano rompiera el silencio que había mantenido hasta ese momento en el caso, y cuestionara que su par chileno se inmiscuyera en un conflicto privado, argumentando que se trata de una diferencia que debe ser resuelta en el ámbito de la legislación aplicable.
En un pronunciamiento público efectuado por la Cancillería de ese país, la administración del Presidente Alejandro Toledo advirtió al Ejecutivo chileno que las intervenciones políticas pueden afectar las relaciones bilaterales.
Pero aun con ese duro cuestionamiento, La Moneda reiteró este jueves que la acción del municipio limeño es discriminatoria contra la empresa chilena y que sí es aplicable el convenio firmado entre ambos Estados en agosto de 2001.
"El Gobierno chileno reitera que la disputa que afecta a Lucchetti en Perú está bajo la jurisdicción del acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones (APPI), y que la acción de la Municipalidad de Lima es discriminatoria", dijo este mediodía el vocero gubernamental, Heraldo Muñoz, al comentar el tenor de la misiva enviada por la Cancillería peruana.
Pese a que el Gobierno chileno no desea transformar este problema en una disputa diplomática entre ambas administraciones, advirtió que para que ello siga así es necesario el cumplimiento de los convenios firmados y el respeto del derecho internacional.
"No quisiéramos que se vieran afectadas (las relaciones), y para eso hay que aplicar lo que corresponde, el derecho internacional y los convenios internacionales, que en este caso es el APPI", dijo el ministro Muñoz.
Mientras eso ocurría en el palacio de Gobierno, el abogado de Lucchetti, Edmundo Eluchans, afirmaba que el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado con Perú "es letra muerta" si la Cancillería peruana insiste en eludir la responsabilidad que le corresponde al Estado sobre la orden municipal de clausura de la planta de esa empresa en Lima.
En conversación con Radio Agricultura, el profesional reiteró que los derechos de la fábrica de pastas están siendo pasados a llevar "violentamente" al no respetar el mencionado acuerdo que ambos países suscribieron.
Por lo mismo, aclaró que el tratado es perfectamente aplicable a esta situación, porque la controversia es entre Lucchetti y el Estado del país vecino, ya que la Municipalidad es un órgano político que forma parte del aparato estatal.
Quien también salió al ruedo en esta disputa es el el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriel Valdés (DC), quien dijo que si Perú no participa en el pleito judicial iniciado por Lucchetti ante Ciadi, se expone a ser condenado en ausencia y a pagar una millonaria indemnización a la empresa de pastas.
El parlamentario sostuvo que la actitud de prescindencia asumida por el Estado peruano lo desautoriza internacionalmente y lo deja en la misma calidad que una persona que no cumple un contrato.
Agregó que dichos acuerdos "dan origen a un nuevo derecho internacional que hay que cumplir, ya que con la globalización, todos los países tienen garantías de inversiones, y si materia de solución de controversias, el Tratado de Protección Recíproco de Inversiones, suscrito entre Chile y Perú, y vigente para nuestro país desde agosto del año 2001, distingue entre aquellas que se originan entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte y las que, a su vez pueden producirse entre las mismas partes contratantes".
Desde 1998 la empresa Lucchetti ha invertido en Perú más de US$150 millones.
