Eléctricas advierten que nuevo "impuesto verde" incrementará incertidumbres en el sector

SANTIAGO.- En el marco de la conferencia sobre energía y minería, organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) celebrada esta semana, los representantes de las principales empresas eléctricas del país criticaron la decisión del Gobierno de aplicar el llamado "impuesto verde" para las emisiones de fuente fijas y coincidieron en que su implementación solo ayudará a elevar los niveles de incertidumbre en el sector.
    
El gerente de Abastecimiento y Contratos de Antofagasta Minerals, Nicolás Caussade, el gerente de gestión de Energía y Comercialización de Endesa Chile, José Venegas, el gerente de regulación y desarrollo de AES Gener, Juan R. Inostroza y el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), Carlos Finat, coincidieron en que uno de los graves problemas que enfrenta el sector eléctrico en el país es la escasez de oferta en generación.

En cuanto al llamado "impuesto verde", Caussade (AMSA) recordó que ya existe una norma de emisiones a las centrales termoeléctricas, por lo que la imposición de un nuevo tributo vendría a añadir una mayor incertidumbre al mercado, así como desacreditará la validez de dicha norma.
   
"Tenemos una norma de emisiones a las centrales termoeléctricas relativamente nueva, de nivel mundial, cercana a la europea y ahora aparecen nuevos impuestos a los mismos tipos de emisión y con una incertidumbre tal como que va a ser el rol del Ministerio de Medio Ambiente calificar cuánto más o cuánto menos se daña la salud de las personas producto de unas fuentes de emisión. Por tanto, de alguna manera estamos desacreditando una norma de emisiones que, por lo demás, todavía no entra en vigor y las compañías termoeléctricas están invirtiendo para poder llegar a esos niveles de emisión".    
   
Inostroza (AES Gener) coincidió con el diagnóstico de Caussade y subrayó que ese tipo de medidas intensificará el problema actual de escasez en la oferta de generación eléctrica.
   
"Aquí hay un problema de oferta que es el que tenemos que atacar. ¿Qué hacemos para poder empezar a vencer todas las trabas que tienen los proyectos? Lamentablemente lo que vemos hoy es que la cosa se intensifica, en vez de resolver el problema que tenemos, aparecen incertidumbres como los impuestos verdes que lo único que hacen es aumentar esa incertidumbre (...)", aseveró.

El ejecutivo de Endesa, en cambio, recalcó que el problema de oferta viene dado por la fuerte oposición social y las dificultades que existen para la materialización de los proyectos de generación y descartó que dicha situación sea provocada por una problema de competencia en el sector eléctrico.

"Hay cosas que no tienden a solucionar el problema de fondo y uno confunde este problema gordo que tenemos, que es el de poder manejar bien toda la oposición ambiental, legítima incluso, pero que tiene una escala que nos desborda a veces y cómo ordenar que las comunidades reciban los beneficios de los proyectos u organizar la ordenación territorial para ver dónde emplazar el proyecto y poder sacarlo adelante. Eso lo confundimos con otras cosas que son un poco un mito, como la falta de competencia de las empresas existentes. Mientras el costo marginal sube, nunca ha habido tantos actores como ha habido en los últimos 50 años", sostuvo.
   
Para Carlos Finat, en tanto, el problema para la ejecución de los proyectos de generación de energía convencional, se debe a la "falta de crédito" que estas centrales tienen como buen vecino y aseguró que experiencias como la vivida con la termoeléctrica Bocamina II, de Endesa, debería hacer que el sector "se revise en cuanto a sus prácticas".
   
El ejecutivo de Acera, subrayó que la falta de competencia en el sector y el rol "limitado, subsidiario y miope" del Estado han sido los principales problemas que han llevado a esta escasez de oferta y los altos precios de energía que existen en la actualidad.
  
Además, enfatizó que el llamado "impuesto verde", tal y como está planteado, más que dar una señal ambiental, "es más bien un mecanismo de recaudación".  
   
Este impuesto se enmarca dentro de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y contempla aplicar un gravamen de US$ 5 por tonelada de emisión de CO2 proveniente de fuentes termoeléctricas con una potencia mayor o igual a 50 MW.