Evolución del Caso Cascadas marca diferencias entre diputados de comisión investigadora

SANTIAGO.- La millonaria multa de US$ 164 millones impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a ocho ejecutivos y a la corredora de bolsa Larraín Vial, en el marco de la investigación por el Caso Cascadas no dejó indiferente a nadie.

Precisamente a raíz de este caso, la Cámara Baja aprobó una comisión investigadora, cuyo propósito era "investigar el rol de las autoridades del gobierno anterior en esta materia, particularmente en lo que dice con eventuales conflictos de intereses".

Sin embargo, tras conocerse esta semana la cuantiosa sanción de la SVS contra las sociedades cascadas y la decisión judicial del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que resolvió sobreseer la querella del dueño de las sociedades cascadas Julio Ponce contra el ex superintendente de Valores Fernando Coloma por los delitos de prevaricación administrativa y abuso contra particulares, podría marcar un punto de inflexión en el enfoque de la indagatoria parlamentaria.

"Ese objetivo (sobre indagar a las autoridades del gobierno anterior) ha ido perdiendo toda fuerza y verosimilitud, más aún de los fallos de los tribunales", indicó el diputado de la UDI, Patricio Melero.

No obstante, el presidente de la comisión, el diputado DC, Fuad Chahin, indicó que "no veo ninguna razón (de cambiar el enfoque). Aún no hemos podido dar por acreditado todavía, ningún tipo de influencia política respecto de la Superintendencia, pero todavía tenemos plazo hasta el mes de octubre".

Sin embargo, a juicio de otro de los integrantes de la comisión, el diputado RN, Nicolás Monckeberg, la instancia "ha resultado completamente inútil para aquellos que quisieron políticamente acusar al gobierno anterior".

"Nunca ha tenido ninguna lógica, ningún fundamento ni una razón, salvo el afán de algunos diputados de la Nueva Mayoría de atacar todo lo que hizo y no hizo el gobierno anterior. Hoy día insistir en ese tema, es hacerle el juego a la estrategia de (Julio) Ponce Lerou que ha intentado confundir", señaló el parlamentario de la Alianza.

Por ello, ambos parlamentarios de la oposición plantearon que la comisión "se justificará" si ahora se avoca en el segundo mandato "que es efectuar un conjunto de propuestas en términos de fortalecer el rol de la Superintendencia y la acción preventiva de situaciones de anomalías como las que han estado ocurriendo", acotó Melero.

Mientras que el diputado y presidente del PS, Osvaldo Andrade, defendió la instancia fiscalizadora e indicó que "de las opiniones y puntos de vista de las personas que concurren van apareciendo nuevos antecedentes, nuevas aristas que a lo mejor permiten establecer si se harán otro tipo de diligencias. No hay que descartar nada a priori".

En esa línea, el líder socialista criticó la oposición de sus pares de la Alianza y calificó su postura como "un abuso". "Aquí nadie le va a ponerle cotos a la comisión a priori, ni en una ni en otra dirección. La comisión tiene un mandato y tiene que llegar hasta el final con su investigación, aquí nadie va a venir a decirnos 'esto no hay que investigarlo'. Por lo menos a mi nadie me va poner cortapiso en esta investigación", advirtió.

Resultados

Si en algo concluyen los parlamentarios de ambos bloques, es que de la comisión deben salir nuevas normas que corrijan el mercado de valores para evitar abusos como el sancionado por la Superintendencia.

"A nosotros nos corresponde investigar cómo actuó la institucionalidad pública, si lo hizo en forma oportuna, objetiva y si fue dirigente y ver qué cosas podemos hacer para poder corregir y mejorar la legislación en el futuro", dijo Chahin.

En ese sentido, el diputado de RN afirmó que "la comisión investigadora hoy en día (…) tiene una oportunidad, que a partir del último fallo de la Superintendencia de Valores, pueda aportar en proponer cambios legislativos y cambios a los procedimientos para lograr fortalecer el mercado de capitales, precisamente para que acciones como las conocidas en el caso cascadas no vuelvan a ocurrir o si ocurren sean todas drásticamente sancionadas y no solo aquellas que están fuera del periodo de caducidad".

En última sesión de la instancia, se decidió llamar a ex super de Valores, Fernando Coloma -el que habría confirmado que asistencia-; al ex subsecretario de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Julio Dittborn; al ex presidente de Habitat, José Antonio Guzmán; al abogado de Moneda Asset Management, Pedro Pablo Gutiérrez; al abogado de Julio Ponce, Raimundo Labarca y a Patricio Phillips, miembro del directorio de Norte Grande.