Congreso despacha proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario

SANTIAGO.- Tras ocho años de trámite legislativo, el Congreso despachó durante la jornada el proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones de lavado de activos, quedando en condiciones de ser promulgado como Ley de la República.

Lo anterior, luego que la Sala del Senado aprobara (por 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención y 0 pareo) el informe de Comisión Mixta, que amplió la nómina de delitos base del lavado de dinero, contenida en la Ley N° 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El cuerpo legal precisa, entre otros puntos, que los sujetos obligados a informar a la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, ahora también deberán hacerlo respeto del financiamiento del terrorismo.

"Desde el año 2006 que no se actualizaba nuestra normativa respecto de la prevención, detección y persecución del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Por tanto, esta Ley acerca la legislación chilena a los estándares internacionales sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), y nos ayuda a situarnos dentro de la línea formal de cumplimiento a nivel global", dijo el director de la UAF, Javier Cruz.

Cabe destacar, además, que la nueva Ley modifica el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) desde 450 Unidades de Fomento a 10.000 dólares de Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas.

Asimismo, amplía el catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos, al agregar el contrabando, los delitos en contra de la propiedad intelectual, la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las actuaciones con el Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales, la asociación ilícita, la comercialización de material pornográfico, las estafas y otros engaños, y el delito tributario.

El director de la UAF, Javier Cruz, también resaltó que el proyecto faculta  a los fiscales del Ministerio Público, con autorización de un juez de garantía, a solicitar todos los antecedentes o copias de documentos sobre depósitos, captaciones u otras operaciones bancarias (de cualquier naturaleza), de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho, que sean objeto de una investigación de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo.