Este martes se llevó a cabo una sesión conjunta entre las comisiones de Economía, Minería y Energía del Senado, para tratar, entre otras materias, todo lo relacionado a la comercialización y distribución del gas, con particular énfasis en aquellas falencias que inciden en los altos precios de este mercado.
Esto ocurre en el marco de las acciones impulsadas por diversos municipios para convertirse en distribuidores minoristas de gas -como la denominada "gas a precio Justo"- para así reducir los altos costos del mercado.
Así, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, detalló las principales conclusiones del lapidario informe preliminar que publicó la entidad en octubre de este año, y que se enfocó en el desempeño de los segmentos del gas licuado de petróleo (GLP) y del gas natural (GLP) en el periodo comprendido entre 2010 y 2020. Todo con el fin de corregir ciertas anomalías de la industria y aumentar su competitividad.
Gas licuado
De acuerdo a Riesco, en este segmento "existe una baja densidad competitiva", considerando que "nuestro sistema económico se funda en la premisa de que cada uno de los incumbentes en un mercado, cada uno de los que participa en un mercado, tiene la intención de monopolizar el mercado, o sea cada uno de los competidores busca captar la mayor cantidad posible de clientes, idealmente a todos los clientes del mercado, lo que tiene que hacer ofreciendo el mejor producto al menor precio".
Pero según la autoridad, lo cierto es que en nuestro país ocurre lo contrario, puesto que "la presión que tienen los distribuidores mayoristas de gas licuado para bajar los precios es menor a la normal", lo que derivó en que "durante la última década, el margen de los distribuidores mayoristas de gas licuado ha ido aumentando. Quiero ser bien claro en esto, no me estoy refiriendo a las utilidades de las compañías, sino que al margen, o sea la diferencia entre el principal costo de los distribuidores mayoristas y el precio a público del gas licuado en Chile".
Al ejemplificar con cifras, el Fiscal subrayó que, hasta finales del año 2014, "o sea hasta antes de la primera gran caída en los precios internacionales del crudo en nuestra ventana de estudio de la FNE que como vimos, es entre los años 2010 y 2020, el precio que pagaron los principales distribuidores mayoristas por adquirir el gas licuado, fue de aproximadamente $628 por kg en promedio, y el precio al que vendieron fue de aproximadamente $950 por kg".
"En otras palabras, el margen de los distribuidores mayoristas en esa época era de aproximadamente $322 por kg de gas licuado vendido a público en Chile", acotó.
Por otro lado, a partir de finales del 2018 y hasta finales de 2020, Riesco comentó que "el precio que los distribuidores mayoristas pagaron por el gas licuado fue de aproximadamente $354 por kg, y el precio de venta público era de aproximadamente $750 por kg de gas licuado (…) el margen de los distribuidores mayoristas de gas licuado en esa época fue de aproximadamente $396 por kg".
"Lo expuesto significa, en resumidas cuentas, que si bien el precio de venta público del gas licuado bajó en comparación con finales del año 2014, más precisamente bajó un 21%, esta baja de precios no fue en la misma proporción que la baja en el costo del petróleo, que bajó cerca de un 44%", dijo.
Afirmando además que "eso permitió, a concepto de la Fiscalía, a los distribuidores mayoristas que, pese a la caída significativa del precio y su principal costo, pudieran aumentar su margen desde $322 a $396 por kg de gas licuado, lo que en términos porcentuales, significa un aumento de margen de un 34% a un 53%".
Según cálculos de la entidad, los consumidores nacionales pagan en total, de forma agregada, US$181 millones. "Eso equivale, para tener una medida, al 15% del precio del gas contenido en cada cilindro o balón de gas licuado que se consume en nuestro país", expuso el Fiscal Nacional Económico.
Asimismo, recalcó que "hay ciertos factores que hacen más viable que los competidores lleguen a un acuerdo ilícito, que monitoreen el cumplimiento de un acuerdo ilícito que salga o que se desligue del acuerdo ilícito".
"No estamos diciendo que en este mercado en específico haya o que no haya una colusión, tan solo estamos diciendo que existen elementos o factores que hacen más posible una colusión que en otros mercados"
Ricardo Riesco, Fiscal Nacional Económico
, aseveró.
Es entonces que la FNE defiende que "la solución más fácil, más rápida, más efectiva y menos costosa para aumentar la competencia en el mercado del gas licuado es prohibir que los distribuidores mayoristas puedan participar en la distribución minorista del mercado del gas licuado en Chile. Eso equivale a decir que se debe prohibir que Abastible, Lipigas y Gasco puedan vender gas licuado a los clientes finales".
Gas Natural
Respecto del GN, el Fiscal sostuvo que el principal problema radica en que "para un distribuidor mayorista de GN es muy difícil tener acceso a las redes de transporte natural que ya están instaladas, hay que procesar que nos referimos a las redes troncales, no a las redes que llegan a las casas".
"Para permitir un mayor acceso de los distribuidores mayoristas de gas natural a las redes troncales de gas natural hay que explicitar, hay que regular detalladamente en la ley cómo hacer operativo este derecho de libre acceso a las redes de GN", añadió.
El segundo motivo de conflicto tiene que ver con que "Metrogas se está amparando en una norma legal que le permite traspasar rentabilidad desde una empresa regulada, como es la propia Metrogas, a otra empresa que está integrada a Metrogas, pero que no está regulada (…) como FNE creemos que esto se logró en la última reforma de la ley del gas".
En ese sentido, reflejó que esta nueva estructura legal se traduce en que Metrogas se dividió el año 2016 en Metrogas, que mantuvo el negocio de distribución, y AGESA, que se quedó con los contratos de abastecimiento (siendo el más relevante junto con GNL Chile). Pero luego, ambas firmas celebraron un contrato en el cual Metrogas volvió a compar, pero a un precio mayor, el gas que tenía antes con GNL Chile.
Ello, de acuerdo a Riesco, "encareció el costo del suministro de GN que Metrogas obtenía en mejores condiciones de GNL Chile, y eso le permitió a Metrogas, como grupo empresarial, trasladar la rentabilidad a una empresa relacionada y no regulada como es AGESA".
"Este aumento de los costos de Metrogas se ha traducido desde febrero de 2017 a la fecha en un mayor tarifa que equivale a entre un 12,7% y un 20,2% en el precio del GN residencial que pagan los clientes de Metrogas" explicó Riesco, y dado que aún le quedan nueve años de vigencia al contrato, indicó que "anualmente este sobreprecio asciende a entre US$78 millones y US$87 millones".
En este caso, la recomendación de la FN plantea que "solo basta con establecer en la ley de servicios de gas que la rentabilidad máxima de las empresas distribuidoras de GN se calculará tomando en cuenta no solo a la empresa distribuidora de GN, sino que también a todas las empresas del grupo empresarial que participen en el negocio del GN".
Propuestas sobre la mesa y reacciones
En la la sesión también participó el alcalde de Chiguayante, José Antonio Rivas, quien además preside la Asociación Nacional de Municipalides por el "gas a precio justo" - que involucra a más de 150 ediles a lo largo del país.
De esta forma, en primer lugar zanjó que el objetivo principal de esta cruzada es que "los municipios podamos, efectivamente ingresar al mercado de la venta del gas, con todas las restricciones de un instrumento público como son los municipios, en el entendido de que nosotros no pretendamos obtener lucro".
Tras ello, entregó un par de cifras y datos basados en un estudio de mercado que fueron también expuestos durante la Cumbre Nacional del Gas a Precio Justo, que se llevó a cabo hace un par de semanas, tales como que los hogares gastan en promedio $31.498 al mes en balones de gas, o que el precio que pagan los consumidores residenciales por un cilindro de 15 kilos ha tenido un alza sostenida. "
El año 2021, en los últimos doce meses, hubo un aumento de 21,2% y el precio del cilindro registró un alza sobre 15% principalmente en el caso de la Región Metropolitana y La Araucanía", declaró.
"Chile es uno de los países en que el valor por kilo del gas ha subido enormemente, es el país que tiene el valor más caro, la tarifa más cara del gas en América Latina", manifestó.
Bajo este contexto, recordó la solicitud que presentaron a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para que las municipalidades puedan convertise en distribuidores minoristas, y también dijo esperan la respuesta de un escrito que ingresaron a la Contraloría General de la República "sobre si podemos o no tener acceso a programas que mejoren la calidad de vida, disminuyan los daños ambientales y protejan la salud de nuestros vecinos".
Mientras que desde el Gobierno, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, puntualizó que "respecto del gas, nosotros tenemos listo un proyecto de ley del gas, que recoge en lo grueso las recomendaciones de la Fiscalía", el cual esperan presentar a la brevedad.
A propósito de esto, la senadora Isabel Allende (PS), miembro de la comisión de Minería y Energía, aseguró "claramente aquí hay conclusiones muy importantes. La primera es que este no es un mercado competitivo, aquí hay tres grandes mayoristas que se coordinan entre ellos, lo que es una manera bastante elegante de decir que puede dar paso a colusión, porque están coordinados ilegalmente o de tal manera que llama la atención que vendan exactamente, siendo tres mayoristas, al mismo precio en todos los lugares del país".
"Lo más importante es que ellos no tradujeron los precios finales la reducción del precio del petróleo, por lo tanto, su margen operacional fue mucho mayor y esto significó que los clientes han visto subir, como todos hemos visto, el precio una cantidad enorme, por lo tanto hay como US$180 millones que se han pagado en exceso por parte de las personas, que eso es lo que motivó la reacción muy oportuna, y me parece muy importante, de los alcaldes, encabezados por el alcalde de Chiguayante", destacó.
Y expresó que "es fundamental que existan más actores y creo que sería muy positivo que los alcaldes pudiesen participar, si eso requiere la ley, bienvenida la ley".
En tanto, el también socialista Álvaro Elizalde, presidente de la comisión de Economía de la Cámara Alta, señaló que "hay dos proyectos que se están tramitando, uno en la Cámara de Diputados, y otro en el Senado, y el Gobierno ha señalado que va a plantear una propuesta en los próximos días, así que nosotros esperamos que a la brevedad el Ejecutivo dé a conocer su propuesta para poder tramitar esta iniciativa".
Junto con ello, garantizó que "nosotros tenemos la voluntad de avanzar con celeridad en la aprobación de estas iniciativas, porque creemos que hay que hacerse cargo de la protección que merecen las familias chilenas, en el caso del gas. Estamos hablando de cuestionamientos respecto de la distribución, los niveles de concentración que existen en la industria significan que se esté pagando un precio desmedido, de los más altos en la región y América Latina, y, por tanto, esto requiere de una solución a la brevedad posible".
