"Todos los empleados públicos están considerados en el reajuste", indicaron desde el Ministerio de Hacienda a este medio en referencia a la acusación de "discriminación" por parte del Colegio Médico (Colmed) y la Asociación de Magistrados.
Fue durante esta mañana que ambos gremios reclamaron ser excluidos del acuerdo que alcanzó el Ejecutivo con el sector público el pasado viernes para reajustar las remuneraciones de funcionarios estatales: "La proposición del Gobierno en orden a privar a las juezas, jueces y fiscales del reajuste no sólo puede infringir el espíritu de la ley, sino que además puede generar un perjuicio económico, originar una arbitrariedad y discriminación, que puede afectar el debido respeto a la dignidad de la persona, valor protegido por la Constitución", sostuvo Mariela Hernández, presidenta de la ANMM, a través de una carta enviada al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y difundida por Ex-Ante.
Por su parte, el Colegio Médico reclamó que "el proyecto de ley de reajuste al sector público no considera a un grupo significativo de profesionales de la salud, incluidos médicos y médicas, que han visto disminuidos sus ingresos en términos reales, como consecuencia de la inflación acumulada durante el ultimo año, que asciende a mas del 12%".
En ese contexto, la cartera liderada por Marcel señaló que todos los funcionarios de dicho sector están incluidos en el aumento salarial: "El acuerdo indica que a contar del 1° de diciembre se otorgará un reajuste de remuneraciones ascendente a 12% para remuneraciones brutas mensualizadas de hasta $2.200.000".
"Para todas las remuneraciones brutas mensualizadas sobre $2.200.000 el reajuste será de $264.000 brutos mensuales, el cual será expresado en el sistema de remuneraciones que corresponda", agregó el ministerio.
En esa línea, el Gobierno señaló que el cálculo de la remuneración mensualizada no considera las asignaciones de zona, las bonificaciones especiales de trabajar en zonas extremas, ni las asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional.
"Este acuerdo incluye a todos los trabajadores del sector público que habitualmente han formado parte de la cobertura de la ley de reajuste, de acuerdo a la situación remuneracional señalada en los puntos 1 y 2, según corresponda", indicó Hacienda.
