El escándalo que mantiene enfrentados al grupo chino Joyvio, dueño de la salmonera Australis, con el empresario chileno Isidoro Quiroga -ex controlador de la firma-, no ha dejado de escalar desde que estalló la semana pasada.
Hace unos días, el gerente general de la salmonera,
Andrés Lyon, junto al actual equipo de abogados de la acuícola, adelantaron a El Mercurio que presentarán dos querellas en contra de Quiroga -y su entorno familiar-, y que también pedirán su extradición desde Inglaterra, donde actualmente reside.
En paralelo, solicitaron un proceso de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM).
En el centro del conflicto está el siguiente problema: la actual administración de Australis, que depende de la transnacional china, acusa al anterior dueño -quien les vendió la compañía en una transacción sellada en julio de 2019 por US$921 millones- de ocultar información relativa a una serie de infracciones ambientales y sobreproducción en el proceso de due diligence, que habría llevado a Joyvio a hacerse una idea errónea de la salmonera.
La acusación involucra también al directorio de la época y a ejecutivos de confianza de Quiroga. De esta forma, los asiáticos buscan la devolución del valor pagado por la empresa -los US$921 millones-, más US$300 millones adicionales por daños y perjuicios.
Ambas partes ya armaron sus equipos legales y un ejército de abogados se prepara para trabajar en el caso.
¿Cómo opera el arbitraje?
Daniela Lastra, líder académico de Derecho Procesal en la Universidad de Las Américas, explica que en Chile existen diversos tipos de arbitrajes: aquellos que sirven para resolver conflictos de carácter civil o comercial entre personas naturales o jurídicas, y el arbitraje comercial internacional.
Sobre este último, mencionó que dicho proceso "permite resolver conflictos comerciales transfronterizos, por ejemplo, si las partes tienen sus establecimientos en Estados diferentes o la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado. En el caso que involucra a Joyvio y el antiguo dueño de Australis se aplica el arbitraje comercial internacional que regula la ley 19.971 y que data del año 2004".
Respecto del caso Australis en particular,
Diego Messen, abogado y socio de Moraga & CIA, indicó que "en los contratos de compraventa, se estableció que cualquier diferencia entre las partes, se resolvería por
un arbitraje nacional a cargo de la Cámara de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM)".
En relación a cómo operan los arbitrajes, Messen plantea que, dependiendo de su naturaleza, son procedimientos fijados por las mismas partes en disputa. "En general, cuando se trata de un arbitraje por un árbitro arbitrador, son las mismas partes las que, en una audiencia previa al inicio del procedimiento, fijan las normas procedimentales que deberán observar, para mejor gestión del proceso. Siempre, por cierto, respetando normas mínimas y esenciales para el correcto juzgamiento de él, o los árbitros que deben resolver la contienda", dijo.
Los árbitros
Por lo que corresponde al nombramiento de los árbitros, los abogados señalan que esta materia se puede explicitar en los mismos contratos que son fundamento de la disputa -como es el caso de Joyvio-, o bien, establecer que la designación se realice una vez que se verifique u ocurra un conflicto.
"Esto puede estar a cargo -el nombramiento- de un órgano privado, como la CAM, por ejemplo, o establecer que sea la Justicia ordinaria quién nombre al juez árbitro. Se estila mucho también, que los abogados de cada parte en conflicto, intercambien nombres de abogados con reconocida trayectoria, para que resuelvan el conflicto", apuntó el abogado y socio de Moraga & CIA.
Con todo, antes de que se desatara la disputa legal entre Joyvio e Isidoro Quiroga, Messen precisa que "se estableció que la disputa será resuelta por un órgano colegiado -varios jueces árbitros- que fue nombrado previamente por cada parte".
Así, la firma china se se inclinó por Andrés Jana, y Quiroga por Ramón Cifuentes. El tercero, en tanto, será un árbitro internacional -que no puede ser chileno ni chino- nombrado por los mismos árbitros designados. De esta forma, la controversia será resuelta por este órgano de tres jueces, según las normas del CAM.
"La decisión que emite el tribunal arbitral es vinculante, y si bien no existe la posibilidad de apelar, las partes sí cuentan con un mecanismo para impugnar el laudo, ya que pueden formular una petición de nulidad que deberá ser conocida por la Corte de Apelaciones respectiva"
Daniela Lastra, líder académico de Derecho Procesal en la Universidad de Las Américas
Eso sí, Messen sostiene que
"los árbitros son, por ley, verdaderos jueces. Por lo que su decisión es imperativa y obligatoria para las partes", y que en ese contexto, "un arbitraje debiera durar, aproximadamente en la práctica, entre 1 a 2 años".
Lastra también recalca que en estos casos "el rol que cumplen los árbitros, en este caso el tribunal arbitral, es el de conocer el asunto y resolverlo como un tercero imparcial en un procedimiento fijado por las partes en cual tienen paridad de oportunidades".
"La duración del proceso es variable y dependerá de los plazos establecidos en el procedimiento acordado por las partes. Se debe tener presente que la fecha de inicio del procedimiento corresponde a la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia a arbitraje, y la forma usual de concluir el arbitraje ocurre con la notificación de este laudo arbitral", acotó la académica de la Universidad de Las Américas.
¿Se puede apelar?
Consultada por los pasos a seguir una vez concluido este procedimiento, o si existen instancias de apelación posterior a la resolución de los árbitros, Lastra declara que "el arbitraje puede concluir con el laudo arbitral, que es la decisión fundada que emite el tribunal arbitral sobre la controversia. Pero también existe la posibilidad de que el litigio concluya por transacción entre las partes, la cual se hará constar en el laudo".
"La decisión que emite el tribunal arbitral es vinculante, y si bien no existe la posibilidad de apelar, las partes sí cuentan con un mecanismo para impugnar el laudo, ya que pueden formular una petición de nulidad que deberá ser conocida por la Corte de Apelaciones respectiva", acotó.
Messen también señaló que "el procedimiento también podría devenir en una tramitación ante la Corte de Apelaciones o Suprema, dependiendo si las partes renunciaron o no a esta instancia".
