Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres.
El Mercurio
La Asociación de Isapres emitió una declaración en la que critica duramente la ley corta, que el Gobierno ingresó esta semana al Congreso, para resolver el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras regirse por la tabla de factores de 2019, y restituir los cobros en exceso desde entonces.
"El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos", se lee en el texto emitido por el gremio.
La entidad que preside Gonzalo Simon además afirmó que "la propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de isapre y en particular con los enfermos".
"Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión", añaden.
Tras ello, la asociación menciona que "la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas".
"Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria,y el desmantelamiento del sistema privado de salud", cerró la Asociación de Isapres.
"Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión"
Asociación de Isapres
Cabe recordar que el texto ingresado por el Senado señala que serán las propias aseguradoras las que delinearán el plan de pago, otorgándoles un plazo de seis meses para aquello y en que deberán detallar los contratos afectos, las cantidades a devolver, el plazo máximo y las modalidades.
Según reveló ayer la Superintendencia de Salud, se analizaron 1,8 millones de contratos, de los cuales 725.878 se podrían ver favorecidos con una reducción de cobros -por la adecuación a la tabla única de factores- y la devolución de excedentes. Lo anterior, representa el 39% de los contratos estudiados.
En tanto, el monto total que las isapres deberían devolver a los afiliados asciende a $1,1 billones (más de US$1.400 millones), un monto que da cuenta del peor de los escenarios que esperaban la industria privada de salud.
