El camino del Gobierno para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a regirse por la tabla de factores única de 2019, y restituir los cobros en exceso aplicados desde entonces a todos los afiliados, podría continuar entrampándose. Esta vez, en materia legislativa.
Y es que sumado a la demora en la presentación de la anunciada ley corta -lo que llevó al máximo tribunal a acoger la solicitud de la Superintendencia de Salud para extender en seis meses el plazo que se completaba el 30 de mayo para viabilizar los reembolsos-, la comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes en general una reforma constitucional presentada por parlamentarios de oposición que busca ser una alternativa a la iniciativa del Ejecutivo,
y que es vista como una idea atractiva desde la mirada de las aseguradoras privadas.
La moción -impulsada por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, del partido Demócratas; junto a sus pares de Chile Vamos, Rodrigo Galilea (RN), Franciso Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI)- es rechazada por el oficialismo, desde donde acusan que ella contraviene lo instruido por la Suprema, al no estipular un reajuste a la baja de los valores ni la devolución de los dineros por concepto de adecuación a tabla de factores.
Básicamente, el precio de los planes de salud se componen de dos ítems: el precio base de cada plan, y lo que se determine según la tabla de factores. De esta forma, lo que ordenó el máximo tribunal fue ajustar solo la tabla de factores, y según trascendió previo al ingreso de la ley corta, las isapres habían planteado la idea de que se les permitiera ajustar el precio base de los planes donde se requería adaptar la tabla de factores, con el objeto de que existiera un reembolso a los cotizantes bastante menor o inexistente, dependiendo del caso.
Las claves
En concreto, la reforma constitucional incorpora una disposición transitoria para "regular las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios".
De esta forma, en lo fundamental, el texto señala que las isapres solo podrán utilizar la tabla de factores de riesgos para fijación de precios dictada por la Superintendencia de Salud a fines de 2019 y que las nuevas cargas solo podrán modificar el costo final del contrato a partir de los dos años de edad.
Agrega que la tabla de factores solo se aplicará al ingreso del cotizante y no se utilizará para aplicar reajustes, salvo que sea beneficioso para el cotizante."La tabla de factores establecida por la Superintendencia de Salud se aplicará solo cuando el cotizante ingresa a la institución de salud y no se utilizará para aplicar reajustes en el tiempo, salvo que sea beneficioso para el cotizante", plantea el proyecto.
Pero acá es donde se encuentra la mayor novedad:
se le permitiría a las isapres recalcular el precio base de cada plan de salud con contratos vigentes y suscritos con anterioridad a abril de 2020, de manera tal que el precio final se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando a la fecha en que quedó a firme la sentencia de la Corte Suprema.
"Si, aplicando este nuevo precio de manera retroactiva, hubiera eventuales excedentes pagados por los afiliados que las compañías deberán devolver, la Superintendencia deberá fijar un procedimiento de devolución de aquellos excedentes que se hubieren generado, aplicando las prescripciones que sean del caso. La aplicación retroactiva de la Tabla establecida por la Superintendencia de Salud en el proceso de recálculo generará devoluciones a partir de la fecha en que la indicada Sentencia de la Corte Suprema quedó firme", se lee en la propuesta parlamentaria.
Asimismo, enuncia que la Superintendencia de Salud regulará un procedimiento de devolución de los eventuales excedentes y establecerá que la forma de devolución de excedentes debe ser gradual y se realizará solo en forma de beneficios.
También dice que "en la eventualidad que la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores afecte el cumplimiento de indicadores de patrimonio, liquidez y garantía, la Superintendencia de Salud deberá establecer plazos, procedimientos y condiciones razonables que permitan cumplir dichos indicadores en plazos prudenciales y sin que ellos den lugar a la aplicación de las medidas establecidas en los artículos 221 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud".
Adicionalmente, señala que "dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de este artículo, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a reformar el marco normativo del Sistema de Instituciones de Salud Previsional respetando como principios el derecho a la protección de la salud, la igualdad ante la ley, el bien común; y los derechos y libertades fundamentales".
Durante el debate en la comisión, la senadora Ximena Rincón (Demócratas), indicó que "al final del día, y es lo que nos ocupa a nosotros como mocionantes en esta reforma constitucional, es generar certeza a las personas, y no entrar en una indefensión en materia de salud".
"No estamos haciendo un proyecto para salvar a las isapres como se ha dicho erróneamente, sino que para poner en el centro a las personas. Estoy pensando en los 3,3 millones de afiliados a las isapres, en los 300 mil que tienen una enfermedad catastrófica, que no los van a admitir en ningún seguro complementario"
Matías Walker, senador Demócrata
"Vamos a poner una carga potencial de quienes migran del sistema privado al sistema público, que no sabemos cómo se va a absorber. Y las promesas que se hacen en el proyecto de ley del Ejecutivo, de pago por restitución de lo pagado en exceso, o de reaseguro, cuando se quiera acceder a condiciones mejores que las que hay en el sistema público, no se van a poder cumplir para muchas personas", añadió.
Por su parte, el senador Matías Walker -otro de los autores del proyecto- indicó que, a diferencia de la propuesta del Gobierno, la iniciativa de los legisladores "permite evitar que se ponga en riesgo la salud de todos los chilenos, de Fonasa e isapres".
Y deslizó que "no estamos haciendo un proyecto para salvar a las isapres como se ha dicho erróneamente, sino que para poner en el centro a las personas. Estoy pensando en los 3,3 millones de afiliados a las isapres, en los 300 mil que tienen una enfermedad catastrófica, que no los van a admitir en ningún seguro complementario".
Mientras que el RN Rodrigo Galilea, comentó "creemos que es una forma viable de dar una solución (...). El proyecto del Ejecutivo no soluciona el problema de fondo, que es la subsistencia de los aseguradores privados de salud, y las consecuencias que esto trae. Nadie sabe dimensionar exactamente lo que puede llegar a pasar si es que las isapres simplemente cierran las puertas de un día para otro".
La molestia del Ejecutivo
En representación del Gobierno, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien estuvo presente durante la votación de la iniciativa, expresó la disconformidad del Ejecutivo con la propuesta.
"Esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes de salud que la Corte ordenó expresamente por la aplicación de la tabla única de la Superintendencia, y como consecuencia de lo anterior, anula también toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, manteniendo únicamente la que corresponde al cobro en exceso por los menores de dos años", apuntó, añadiendo que "con independencia de la discusión constitucional, es difícil apoyar la actual iniciativa por un respeto al orden institucional y a lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema".
"Esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes de salud que la Corte ordenó expresamente por la aplicación de la tabla única de la Superintendencia, y como consecuencia de lo anterior, anula también toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, manteniendo únicamente la que corresponde al cobro en exceso por los menores de dos años"
Ximena Aguilera, ministra de Salud
Sobre la ley corta del gobierno, la titular de la cartera de Salud señaló que desde La Moneda están abiertos a recibir indicaciones al proyecto que se tramita en el Senado, pero que no estaban disponibles para avanzar en la reforma presentada por los senadores.
"Esta reforma constitucional, de alguna forma, plantea el que el sistema de isapres, para subsistir, requiere seguir cobrando en exceso a 600 mil contratos, principalmente mujeres, a las que la compensación, la rebaja que se le haría por la tabla de factores, se le subiría a través del precio base. Entonces, mantendría una condición que la Corte Suprema ha considerado que es injusta", dijo Aguilera.
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, profundizó en ello y sostuvo que el proyecto aprobado por la comisión de Constitución "busca anular los efectos del fallo de la Corte Suprema en materia de isapres".
"Esto es preocupante porque es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva lamentablemente a lo que establece otro poder del Estado", afirmó, agregando que "nuestros poderes no pueden estar buscando artilugios para anular un fallo tan contundente como el que estableció la Corte Suprema".
