Chile destaca entre sus pares de la OCDE por ser uno de los pocos países que en trimestres recientes no ha logrado recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia, dando cuenta de la fragilidad de nuestro mercado laboral.
Y pese a tratarse de una realidad sobre la que se delibera poco, en las últimas semanas
se ha levantado una compleja discusión en torno a la veracidad de las cifras de empleo reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), particularmente las relacionadas al sector público.
Todo comenzó a fines de marzo, luego de que la entidad informara que en el trimestre diciembre 2022-febrero 2023 la ocupación de asalariados públicos creció 7,8% anual, equivalente a 86.600 nuevos puestos de trabajo en un año, mientras que el empleo asalariado privado avanzó solo 1,9%.
Los datos fundaron cuestionamientos a la incidencia que estaba teniendo el Gobierno en el empleo, por lo que distintas autoridades salieron a desestimar que, efectivamente, hubiera un crecimiento en el empleo público.
Es más, a fines de abril, el propio INE salió a denegar el incremento que había informado, y en una reunión con el comité laboral -instancia en que participan expertos de otros organismos públicos y privados- el subdirector técnico del ente estadístico, Leonardo González, explicó en esa oportunidad que los datos informados tienen intervalos de confianza y, dado eso, "se constata que no existe un cambio estadísticamente significativo".
Este argumento fue usado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en una presentación que hizo el 3 de mayo en la Universidad Andrés Bello. "No existen datos que permitan observar algún tipo de evidencia de aumento del empleo público en el último año", afirmó el jefe de la billetera fiscal.
Con todo, a propósito de esta controversia y de las estimaciones del último trimestre móvil, el propio INE reconoció que la variación en la ocupación en el Estado sí fue estadísticamente significativa, considerando que entre enero y marzo de este año el empleo asalariado público se expandió un 8,6% en doce meses, con 94.100 plazas nuevas. En contraste, los asalariados en el sector privado se siguieron desacelerando, y subieron un modesto 1%.
Un escenario muy distinto al dibujado en el Informe de Recursos Humanos del cuarto trimestre publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
De acuerdo a ese documento, en 2022 el personal del Gobierno Central mostró una disminución de 375 puestos, lo que implicó una caída interanual de -0,1%. De hecho, esta fue la primera baja en al menos 27 años, y estuvo en línea con el ajuste fiscal implementado por Hacienda al contraer el presupuesto del año pasado en 23,1%.
Ahora, los ojos están puestos en el informe correspondiente al primer trimestre que publicará la Dipres a fines de este mes, sin embargo, dicho análisis solo entrega datos referentes al empleo en el Gobierno Central, y no en el Estado en general.
Frente a esta situación fue que el INE anunció esta semana que, junto a los ministerio de Hacienda y Economía, decidieron reactivar desde mayo una mesa de trabajo para abordar las distintas cifras, y obtener una mejor disponibilidad de información respecto a las contrataciones en la administración pública.
Expertos urgen mayor transparencia
Consultado por la necesidad de ampliar las cifras de empleo público en el país, el economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, comentó que "es evidente que se requiere que el Gobierno amplíe su informe del empleo público para incluir a la administración pública descentralizada. Hoy todas las instituciones tienen la obligación de poner esta información al día por la Ley de Transparencia, y no se entiende que dicho esfuerzo estadístico no se pueda centralizar adecuadamente".
"El análisis del mercado laboral adecuado requiere juntar las distintas fuentes de información. Por ejemplo, es claro que mes a mes el INE está subestimando el empleo formal en 150 mil personas. Esto se sabe porque los datos censales sobre cotizantes se conocen. Contrastar los datos de la encuesta del INE con un censo completo de los datos de empleo público permitirá aclarar estas interrogantes", añadió el experto en temas laborales.
Por su parte, la ex ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sostuvo que "es súper importante, para poder hacer análisis que sean certeros, contar con la totalidad de la información, y no solo una parte de ella. Si no tenemos claridad absoluta respecto de la creación de puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado; si no entendemos bien cuál es la creación de trabajos dependientes, así como independientes, y aquellos que están dentro de la informalidad; no vamos a poder entender exactamente qué es lo que está ocurriendo en nuestro país".
"Es súper importante, para poder hacer análisis que sean certeros, contar con la totalidad de la información, y no solo una parte de ella. Si no tenemos claridad absoluta respecto de la creación de puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado; si no entendemos bien cuál es la creación de trabajos dependientes, así como independientes, y aquellos que están dentro de la informalidad; no vamos a poder entender exactamente qué es lo que está ocurriendo en nuestro país"
María José Zaldivar, ex ministra del Trabajo
Zaldívar también subrayó que otro aspecto crucial es "tener claro si estamos hablando de nuevas funciones que se están creando -en el sector público-, o si se trata de duplicidades, porque si son nuevas funciones, van a ser trabajos permanentes". Sin embargo, advirtió que
"si se debe a otra causa, pueden ser trabajos muy inestables, que no necesariamente vayan a hacer un cambio en la evolución del empleo en Chile".
El director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, menciona que "contar con más detalles sobre el empleo total del sector público de manera periódica no solo aportaría en términos de transparencia y rendición de cuentas, sino que contribuiría a una mejor comprensión de la situación del mercado laboral".
"La implementación de un registro administrativo periódico, que incluya a los otros empleos asalariados del sector público, además del personal civil del Gobierno Central, ciertamente contribuiría a reducir el espacio a interpretaciones erradas", añadió.
A juicio de Matías Acevedo, ex director de Presupuestos, dadas las condiciones actuales, "el Gobierno tiene hoy todas las facultades para poder obtener una información periódica sobre cuánta gente trabaja mensualmente en el Estado. La noticia para las autoridades de la encuesta trimestral de empleo del INE debe ser sobre la dinámica del sector privado. La del sector público la podrían conocer con bastantes meses de anticipación".
"No me cabe ninguna duda que si el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, se proponen, mejorar el alcance, frecuencia e integridad de la información de empleo público, lo pueden lograr en un breve periodo de tiempo", indicó el ex Dipres, quien afirmó que "para nuestro nivel de desarrollo e institucionalidad, no deberíamos tener este problema de información".
En esa línea, a través de una carta publicada por El Mercurio, Juan José Obach y Alfonso España, ambos integrantes del centro de estudios Horizontal, señalaron que "la discusión que se ha levantado el último mes sobre la veracidad de las cifras de empleo reportados por el INE es, al menos, preocupante".
Acotaron que "en vez de estar observando la evolución del empleo a partir de encuestas, hoy podríamos estar viendo la variación mensual del empleo público con los datos administrativos que el Estado tiene", y, haciendo mención al artículo 70 de la ley 1.306 -que obliga a todos los los órganos y servicios públicos a enviar mensualmente a la Dipres la nómina de sus trabajadores-, esgrimieron que "ojalá que Dipres o la misma Contraloría logren exigir que este artículo deje de ser letra muerta".
