Por más de dos meses y medio se ha extendido la toma que mantiene paralizadas las obras de construcción de la desalinizadora del proyecto Aconcagua, de Aguas Pacífico, emplazada en la bahía de la comuna de Puchuncaví y estimada en US$1.000 millones, de los cuales ya se han invertido cerca de US$300 millones, tanto en ingeniería como en permisos sectoriales y ambientales.
La iniciativa tiene por objeto extraer agua de mar para procesarla y convertirla en agua potable que sería dirigida a sectores del interior de la Región de Valparaíso, e incluso de la Región Metropolitana.
Según se detalla en el sitio web de Aguas Pacífico, se trataría del "primer proyecto de adaptación al cambio climático y consiste en la construcción y operación de una planta desalinizadora de agua de mar con capacidad para producir hasta 1.000 l/s de agua dulce multipropósito y multicliente".
Lo anterior, quiere decir que el agua podría ser utilizada por empresas sanitarias para la producción de agua potable para consumo humano, riego agrícola, procesos industriales y actividad minera.
El proyecto también considera la construcción de un acueducto de 105 kilómetros de longitud con cinco estanques de distribución, que transportará el agua desalinizadora desde la costa hasta la precordillera, a través de la cuenca del Aconcagua. A este respecto, se explicita que la planta cuenta con concesión marítima y aprobación ambiental.
Asimismo, la empresa indica que "ocho meses antes de ingresar ambos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se llevó a cabo un plan de relacionamiento comunitario anticipado (PACA) con el objeto de explicar el alcance de los mismos a las comunidades ubicadas en el área de influencia y recoger sus observaciones de modo de incorporarlas tempranamente a los proyectos".
Entre los clientes de Aguas Pacífico se encuentra la empresa minera Anglo American, así como otras compañías del rubro industrial.
Toma de pescadores
A la fecha un grupo de pescadores mantiene tomado de manera ilegal el ingreso a la faena de construcción de la planta desaladora del proyecto Aconcagua, encabezada por el presidente de la Federación de Pescadores Bahía Narau, Hugo Poblete.
Por lo mismo fue que el lunes 17 de julio Aguas Pacífico presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra los responsables de la paralización de las obras de construcción del proyecto Aconcagua producto de la toma ilegal.
El recurso, -que se interpuso contra los representantes de la Federación Bahía Narau y de los presidentes de los sindicatos que la componen-, indica que "se han llevado a cabo de manera arbitraria e ilegal una serie de acciones de autotutela con la finalidad de impedir la ejecución del Proyecto Aconcagua y, con ello, el desarrollo de la actividad económica lícita de Aguas Pacífico". Entre los actos ilegales señalados en el recurso, se describe el bloqueo al acceso de las faenas, los destrozos a la propiedad y amenazas a trabajadores propios y contratistas.
"Se han llevado a cabo de manera arbitraria e ilegal una serie de acciones de autotutela con la finalidad de impedir la ejecución del Proyecto Aconcagua y, con ello, el desarrollo de la actividad económica lícita de Aguas Pacífico"
Aguas Pacífico
En un comunicado, la firma explicó que "la acción legal busca proteger el desarrollo de las obras de construcción, la que cuenta con todos los permisos administrativos y ambientales para su ejecución, incluyendo Resoluciones de Calificación Ambiental, concesión marítima y todas las autorizaciones sectoriales requeridas a la fecha. No obstante, la persistencia de las acciones de fuerza por 70 días y la imposibilidad de llegar a acuerdos está impidiendo el acceso y trabajo en las instalaciones, lo que constituye una violación, perturbación y amenaza al Estado de Derecho y a las garantías constitucionales".
Al ser consultado sobre si la federación estaría actuando fuera de la ley, el gerente general de Aguas Pacifico, Javier Moreno, indicó al medio Ex Ante que "todo el mundo tiene derecho a tener opiniones diferentes respecto a un proyecto. Existen las instancias y los estudios de impacto ambiental que consideran consultas ciudadanas en que la gente puede opinar. Después está la Justicia y ésta resuelve. Es la institucionalidad que tenemos definida como país".
"Pero lo que no está bien es que cuando tú tienes un proyecto que cumple con todo y que tiene todos los permisos requeridos, tanto ambientales como sectoriales, vengan personas y se tomen un proyecto y lo bloqueen por más de 70 días. Eso le hace un daño tremendo al proyecto y también al país", añadió.
Por otro lado, Moreno advirtió que "no hay ningún impacto en la producción de peces de la zona. Es más, estamos trabajando con Corfo para poder sembrar pejerreyes y otras especies de la zona. Para nosotros esto es un aporte a la transformación de la zona".
Si bien, el ejecutivo comunicó a mediados de julio que espera conseguir un acercamiento con los opositores al proyecto, la Federación Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví descartó de plano deponer la movilización que ya se extiende por 75 días. Así lo indicó a El Mercurio de Valparaíso el presidente de la organización de pescadores, Hugo Poblete, quien comentó que "estamos acá y vamos a seguir hasta que impidamos que se construya esta desaladora en los términos en que la están planteando".
Cabe mencionar que los pescadores exigen que se realicen una serie de modificaciones al proyecto Aconcagua, como por ejemplo que la salmuera no sea lanzada al mar y que la captación de agua no sea en 15 metros, sino que a 30 metros. "Si el proyecto quiere instalarse acá, por la condición de Quintero y Puchuncaví, tiene que ser con las condiciones que hemos propuesto", agregó el dirigente.
La visión del autoridades
El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, manifestó a Emol que desde que inició la movilización tomaron contacto con los pescadores para escuchar sus demandas y las razones que motivaron la toma.
"Lo que ellos han señalado siempre es que tienen una enorme preocupación por el impacto negativo que pudiera tener en el mar, el funcionamiento de la planta desalinizadora, sobre todo en el proceso de devolución de la sal al agua, lo cual podría ahuyentar a los peces y afectar los cultivos de los productos de mar. Ese cuestionamiento que realizan los pescadores, debe ser respondido con claridad y mucha certeza por parte de la empresa. Son ellos los encargados de despejar todas las dudas y en vista que la manifestación se mantiene, da la impresión que la empresa no ha sido capaz de clarificar este tema", subrayó el edil.
"Puedo señalar que no hay un permiso emitido aún desde la DOM, ya que el permiso para la desaladora está ingresado pero en etapa de revisión. Lo que si se emitió, fue un certificado de Zonificación que sirvió para ratificar los permiso de las concesiones marítimas, donde se señaló que el espacio adyacente a la ubicación de las tuberías de aduccion de agua es un terreno con uso de suelo productivo peligroso. Acá la autorización del proyecto y sus alcances fue otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y todas las autoridades nacionales y regionales correspondientes y son ellos quienes deben referirse a este temas porque fueron ellos quienes aprobaron esta iniciativa", añadió.
"No quiero creer que nuevamente Puchuncaví tenga que poner el espacio para una industria, con los efectos que tiene, pero que ni una gota de agua desalada quede en nuestra comunidad o que tengamos rebajas en el servicio de agua domiciliaria. Espero que esta vez sea distinto, y no tengamos que soportar nuevamente sobre nuestros hombros todo el peso de una producción de agua que será llevada a otras zonas del país"
Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví
En relación a la visión del municipio respecto al desarrollo de la iniciativa, Morales recalca que "no estamos en contra del progreso ni de los proyectos que puedan generar empleo y una mejor calidad de vida para los habitantes primero de mi comuna y luego del país. Sin embargo con la misma fuerza, recalco que jamás pasando por encima del medio ambiente ni generando el más mínimo impacto en nuestros habitantes".
"En ese sentido, a mí como autoridad también me interesa muchísimo saber cada detalle del proyecto y que se despejen dudas como por ejemplo el impacto en la pesca artesanal", aseveró.
En ese sentido, el alcalde comentó: "no quiero creer que nuevamente Puchuncaví tenga que poner el espacio para una industria, con los efectos que tiene, pero que ni una gota de agua desalada quede en nuestra comunidad o que tengamos rebajas en el servicio de agua domiciliaria. Espero que esta vez sea distinto, y no tengamos que soportar nuevamente sobre nuestros hombros todo el peso de una producción de agua que será llevada a otras zonas del país".
Sobre la materia se refirió también el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien sostuvo, en conversación con Tele13 Radio que "esta es una inversión importante para el país en distintas dimensiones no solo por el monto sino por el sentido de lo será. Una desaladora que va a permitir consumo humano y la transición de aguas dulces a saladas de obras industriales".
En ese sentido, respaldó la continuidad de los plazos establecidos y enfatizó en que "es un proyecto importante que cumple con todos los requisitos, se han hecho esfuerzos por lograr una salida sobre la base del diálogo y yo espero que eso resulte".
"Por supuesto que en esto tienen que cumplirse las leyes y el Estado de derecho, y eso el Gobierno lo va hacer cumplir", afirmó Grau.
