El proyecto de ley que fija un nuevo fraccionamiento pesquero para el sector artesanal e industrial enfrenta días claves. La iniciativa que impulsa el Gobierno ya se encuentra en una Comisión Mixta, que deberá zanjar las diferencias entre ambas Cámaras.
Los integrantes de la instancia pretenden despachar esta semana el informe respectivo. Con ese objetivo en cuenta, las sesiones se llevarán a cabo hoy, la primera se realizó durante la mañana y continuará esta tarde. Y de no alcanzar a votar la totalidad, se programará otra sesión para el martes 13 de mayo.
Los puntos que deberán ser revisados por los parlamentarios son el fraccionamiento de la reineta; de la anchoveta y la sardina española; la licitación del aumento de la cuota del jurel; y el fraccionamiento de la merluza común.
En relación a la reineta, los parlamentarios aprobaron que "la disminución de la cuota global de la reineta no podrá ser mayor a un 5% respecto al año anterior".
Cabe destacar que en abril la mayoría de los ejes de la ley fueron aprobados y que solo aquellos en los que no hubo acuerdo entre la Cámara y el Senado están siendo revisados.
El proyecto original fue dividido en dos partes: por un lado, el proyecto de fraccionamiento, y por otro, el resto del articulado correspondiente a la nueva Ley de Pesca, cuyo objetivo es derogar la normativa vigente.
Avalancha judicial
La nueva normativa ha desatado la amenaza de una avalancha judicial por parte de las pesqueras. De hecho, la industrial Landes, ligada a la familia Fosky y una de las seis más grandes del rubro, ya inició las primeras acciones.
Representada por el estadio de abogados Barros & Errázuriz, Landes acusó una "expropiación encubierta" y solicitó ante el 26 Juzgado Civil de Santiago "decretar la medida prejudicial preparatoria de exhibición de los documentos".
En el documento se señala que habrían incumplido con la obligación legal de acompañar el proyecto con el Informe Técnico, Financiero y de Impacto Regulatorio. Además, el escrito alude al Presidente Gabriel Boric, apuntando a un "vicio de origen" en el proyecto, dado que el fundamento para el cambio regulatorio formulado por el mandatario habla de que la actual ley es "ilegítima e ilegal", lo que no le correspondería a un jefe de Estado afirmar.
A fines de abril Camanchaca, otra de las principales empresas pesqueras del país, también anunció acciones judiciales.
Su gerente general, Ricardo García, señaló ante la junta de accionistas que "de aprobarse esta iniciativa legislativa en los términos actualmente conocidos se afectarán gravemente los derechos adquiridos por nuestra compañía y por toda la industria, al alterar el régimen de licencias vigente, sin siquiera establecer una legítima compensación".
"De aprobarse la ley en los términos conocidos, demandaremos al Estado porque tenemos el deber fiduciario de defender los derechos de quienes han confiado en Camanchaca y en la certeza jurídica que debe regir toda actividad empresarial", añadió.
FoodCorp, de capitales noruegos, también comunicó -en marzo- que podría tomar acciones. Andrés Daroch, su gerente general, dijo que no descartarían acudir a entidades que ven controversias comerciales internacionales por ser inversionistas extranjeros, "pero también instancias locales, el Tribunal Constitucional", añadió.
Blumar, en tanto, avanzaría en una línea similar. "Están todas las posibilidades abiertas", dijo el gerente general de la firma, Gerardo Balbonyín, la semana pasada. Esto incluye la opción judicial. Sostuvo que el fraccionamiento es "una ley expropiatoria, que está cambiando las reglas del juego".
