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Inmobiliarias destacan millonaria indemnización que pagó Las Condes: "La certeza jurídica es fundamental"

El municipio debió pagar $9.600 millones la semana pasada, tras una demanda por "falta de servicio".

19 de Mayo de 2025 | 18:52 | Por Pablo San Martín, Emol
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El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Slaven Razmilic, se refirió a la indemnización de $9.600 millones que la municipalidad de Las Condes tuvo que pagar a la inmobiliaria Nueva El Golf SpA, tras una demanda hacia la institución edilicia por "falta de servicio" ocurrida durante la gestión de Joaquín Lavín.

"Es una señal clara sobre la importancia y cuidado que deben tener tanto los actores privados como públicos para que sus actuaciones se apeguen a la legalidad, la transparencia y la responsabilidad frente a la ciudadanía", dijo Razmilic.


"En este sentido -añadió- la certeza jurídica es un pilar fundamental para la inversión responsable, especialmente en un contexto en que el país requiere aumentar la oferta de viviendas, dinamizar la economía y desarrollar barrios bien integrados".

"Las disputas prolongadas entre autoridades locales y empresas no solo generan costos financieros, sino que también afectan la percepción sobre la estabilidad del entorno regulatorio", comentó también.

Ya la semana pasada, el abogado de la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, Sebastián Yanine, había hecho comentarios al Diario Financiero al respecto.

"Desconocer permisos válidamente otorgados, para responder transitoriamente a presiones de grupos específicos, termina perjudicando no solo a las empresas afectadas, sino que a toda la comunidad", dijo.

El caso se remonta a 2021, cuando el edil de la comuna era Joaquín Lavín. En esa ocasión la autoridad decretó en tres ocasiones la paralización de un proyecto de la inmobiliaria ubicado en Avenida Américo Vespucio Sur 345, esquina Renato Sánchez.

Esto, por considerar que la iniciativa presentaba "incongruencias" respecto del metraje del predio informado por la inmobiliaria. Las paralizaciones se tradujeron en la pérdida de más de 300 días de trabajo. Y la inmobiliaria demandó por las consecuencias económicas que derivaron de ello.

Si bien el municipio intentó seguir caminos legales para evitar el pago -incluso llegando al Tribunal Constitucional- estos no prosperaron. Aunque anunciaron que se encuentran trabajando en alternativas "que permitan revertir la condena".