El Mercurio (Imagen referencial)
El estudio Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) elaborado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS concluyó que los retrasos en la tramitación medioambiental de los proyectos de inversión le costaron al país más de US$2.200 millones en 2024.
El informe evidenció además que el 65% de los proyectos en el mismo periodo experimentó retrasos que fueron más allá de los plazos legales.
El exsubsecretario de Hacienda y decano de la facultad a cargo del estudio, Alejandro Weber, precisa que "dos de cada tres proyectos enfrentaron retrasos más allá de los plazos legales".
Esto, indica, "provocó un aumento del perjuicio de la permisología de 0,58% a 0,7% del PIB en tan solo un año".
Proyectos tramitados disminuyeron más de 40%
El Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) muestra claros signos de debilidad, según Cristóbal de la Maza, investigador del Centro de Políticas Públicas de la USS.
En 2024, se contabilizaron 111 proyectos tramitados por trimestre, lo que representa un 42% menos que el promedio histórico. En ese sentido, De la Maza comenta que "la principal falencia del procedimiento de evaluación es el carácter poco resolutivo del Servicio de Evaluación Ambiental".
Para enfrentar esta falencia plantea que "eliminar la influencia de servicios sectoriales racionalizaría el proceso y eliminar instancias políticas, como el comité de ministros, reduciría la incertidumbre en el plazo".
El estudio también concluyó que mientras los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) redujeron su tiempo promedio en 70 días (pasando de 787 días en 2023 a 717 días en 2024), las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs), que corresponden a proyectos de menor envergadura, aumentaron en 30 días su tiempo promedio de tramitación, subiendo de 288 días en 2023 a 318 días en 2024.
Efecto en el empleo
Según las proyecciones del informe, en 2024 se podrían haber generado 30.084 nuevos puestos de trabajo permanentes si hubieran entrado en operación los proyectos que actualmente se encuentran con retraso en su tramitación ambiental.
De este total, más de la mitad correspondería a la operación de proyectos de infraestructura y un tercio a la operación de proyectos mineros.
Lo anterior, sin considerar el empleo generado en la construcción de los proyectos (49.417) los primeros años, y su cierre (21.959), lo que proyectaría la creación total de hasta 100 mil empleos en el ciclo de vida completo de la inversión retrasada.
Al respecto, Weber señala que "en un momento en que Chile enfrenta una tasa de desempleo del 8,8% con más de 900 mil personas sin trabajo, y un crecimiento económico que no nos alcanza, combatir con decisión la permisología nos permitiría crear una gran cantidad de empleos formales y fortalecer la actividad".
