"Desproporcionados y desconectados de la realidad del país". De manera transversal, tanto el oficialismo como en la oposición, manifestaron un fuerte rechazo frente a los bonos de entre $8 millones y $11 millones que recibieron en junio más de 60 directivos y profesionales de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El beneficio, enmarcado en los incentivos trimestrales establecidos por ley, se aplicó en un momento en que la institución enfrenta cuestionamientos por las desviaciones en las proyecciones fiscales y por el complejo escenario de las finanzas públicas.
De acuerdo con datos del portal de Transparencia, los montos asignados en junio fueron considerablemente más altos que los entregados en meses anteriores, como abril y marzo, donde oscilaron entre $4 millones y $5 millones. Además, se situaron por encima de los bonos en reparticiones de características similares, como la Subsecretaría de Hacienda.
El caso más llamativo se produjo en la cúpula de la entidad. La subdirectora de Presupuestos,
Sereli Pardo, percibió $19.060.977 brutos en junio, mientras que la subdirectora de Racionalización y Función Pública,
Tania Hernández, registró $18.811.795.
Ambas recibieron más de $11 millones en bonificaciones y asignaciones por función crítica, superando incluso la remuneración total de la jefa de la Dipres, Javiera Martínez, que llegó a $17.573.217, según reveló un artículo de Ex-Ante.
La polémica se agudiza porque la Dipres es la institución encargada de velar por el cumplimiento de la política fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. En 2024, la entidad se desvió en US$4.299 millones en sus proyecciones de ingresos, lo que derivó en que el déficit estructural fuera 1,4 puntos del PIB superior a lo esperado.
Críticas desde la oposición
El diputado Frank Sauerbaum (RN), miembro de la Comisión de Hacienda, fue uno de los más duros en sus cuestionamientos. "Aunque estas bonificaciones son legales, representan una profunda y preocupante contradicción. La Dirección de Presupuestos es la institución que le exige austeridad, eficiencia y recortes a todo el resto del Estado al ser por esencia el guardián del dinero de todos los chilenos", señaló.
"Aunque estas bonificaciones son legales, representan una profunda y preocupante contradicción. La Dirección de Presupuestos es la institución que le exige austeridad, eficiencia y recortes a todo el resto del Estado al ser por esencia el guardián del dinero de todos los chilenos"
Frank Sauerbaum, diputado RN
Para Sauerbaum, los bonos generan una señal dañina. "Cuando la misma entidad que impone el rigor fiscal se otorga internamente bonos de esta magnitud, se produce una señal de inconsecuencia que daña gravemente la confianza pública".
El parlamentario agregó que "el problema no es el incentivo en sí, sino que quien establece las reglas del ahorro para los demás no las aplique con el mismo criterio para sí mismo. Es una práctica que es legal, pero sin duda resulta políticamente cuestionable".
Consultado sobre si considera razonables los montos, respondió: "No, el monto no solo no es razonable, sino que es el síntoma más visible de un problema mucho mayor y más profundo: el crecimiento descontrolado y fiscalmente insostenible del aparato estatal que hemos visto en la última década".
En esa línea, apuntó a un fenómeno más amplio. "Estas bonificaciones millonarias en la Dipres no son un hecho aislado. Se enmarcan en un contexto donde el empleo público ha crecido un 57% en diez años, frente a solo un 12% en el sector privado. Más aun, los bonos por desempeño, que en total suman US$900 millones, se han convertido en una carga fija, y no excepcional".
Sauerbaum concluyó que "esto termina por refrendar lo urgente y necesario de apoyar iniciativas para congelar la dotación de personal y los salarios en el sector público. Es un primer paso indispensable para comenzar a ordenar las finanzas públicas y recuperar la confianza ciudadana".
Desde la UDI, el diputado Felipe Donoso, también integrante de la Comisión de Hacienda, puso el foco en la justificación de los pagos.
"Creo que es oportuno revisar si esos profesionales en el sector privado ganarían lo mismo. Ya que es un área sensible, debemos tener a los mejores"
Felipe Donoso, diputado UDI
"Creo que es oportuno revisar si esos profesionales en el sector privado ganarían lo mismo. Ya que es un área sensible, debemos tener a los mejores, pero es exactamente lo que se ha puesto en duda en los últimos años, si son los mejores y en el mundo privado ganarían lo mismo o más, está bien. Si no lo son, es un problema porque sería un abuso de quienes construyen el presupuesto de la nación", agregó.
Asimismo, sostuvo que "pediremos a Hacienda que informe los criterios de esos bonos y qué es lo que lo justifica".
Críticas también en el oficialismo
El malestar no se limitó a la oposición. Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano (ind-FA), presidente de la Comisión de Trabajo, calificó los pagos como "desproporcionados y desconectados de la realidad del país".
"La Dipres tiene la misión de resguardar la austeridad y el buen uso de los recursos públicos; por eso, cuando vemos bonos de esta magnitud, se produce una contradicción evidente entre el discurso de eficiencia y lo que se practica en su interior".
"Cuando vemos bonos de esta magnitud, se produce una contradicción evidente entre el discurso de eficiencia y lo que se practica en su interior"
Andrés Giordano, diputado ind-FA
El legislador agregó que "
resulta indignante para las familias trabajadoras que no pueden llegar a fin de mes o que viven de la deuda".
Y al ser consultado si considera razonables los montos, respondió: "No, sobre todo en un contexto de múltiples demandas sociales. Reconocer el mérito y la exigencia de estos cargos es válido, pero las cifras deben ser proporcionales y no generar la justificada percepción de beneficios desconectados de la realidad".
Giordano fue más allá y planteó abrir un debate mayor. "Así como discutimos sobre el sueldo mínimo, también deberíamos abrir la conversación sobre un sueldo máximo".
"Estas remuneraciones, que incluso vemos en el sector privado, generan una distancia enorme con la realidad de un país donde la mayoría gana menos de $600.000", añadió.
En la misma línea, el diputado socialista Juan Santana -y miembro de la comisión de Hacienda- coincidió en que los pagos son "claramente escandalosos".
""Más allá de la justificación, provocan un tremendo daño en la fe pública y la imagen que se tiene del gobierno y de los empleados públicos en general"
Juan Santana, diputado PS
"Más allá de la justificación,
provocan un tremendo daño en la fe pública y la imagen que se tiene del gobierno y de los empleados públicos en general", sostuvo.
El parlamentario distinguió entre beneficios históricos y lo ocurrido en la Dipres. "No puede confundirse los legítimos derechos que han conquistado los empleados fiscales, como el pago de los llamados PMG, con bonificaciones extraordinarias como estas", manifestó.
Para Santana, la polémica abre la necesidad de un debate de fondo.
"Creo que se necesita una discusión más seria respecto de la función pública y del pago de remuneraciones en la administración del Estado. Esa discusión sigue pendiente y debe hacerse lejos del populismo de los procesos electorales, así podemos asegurar una profesionalización de la función pública y el correcto resguardo de los derechos de los trabajadores fiscales", concluyó.
La defensa de la Dipres
Desde la institución explicaron a El Mercurio que los pagos corresponden a la asignación variable definida en el artículo 12 de la Ley N°19.041 de 1991, la misma que beneficia a organismos como la Contraloría, el SII, Aduanas, la Tesorería y el Consejo de Defensa del Estado.
"En consecuencia, en junio se incluye en las remuneraciones la cuota correspondiente a los incentivos del segundo trimestre de 2025 regulados en ambas leyes", detallaron.
Asimismo, precisaron que las remuneraciones de las subdirectoras no han variado en el tiempo más allá de los reajustes anuales aprobados por el Congreso.
"Lo único que ha variado es que en administraciones anteriores la realización de horas extraordinarias se pagaba a los subdirectores, mientras que bajo la gestión de esta administración se definió no pagarlas", afirmaron.
La entidad también sostuvo que los nuevos reportes de Transparencia dificultan las comparaciones con períodos anteriores. "Desde abril de este año se publican remuneraciones, según nuevas instrucciones del Consejo para la Transparencia".
"Por lo tanto, el reporte de asignaciones pagadas en junio de este año no es comparable con las de ningún mes ni año anterior, en que se mensualizaban las remuneraciones reportadas", concluyeron.
