Siete empresas que procesan centolla en Magallanes y ocho de sus ejecutivos fueron acusados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
¿La razón? Haberse coludido, al menos entre los años 2012 y 2021, para fijar los precios al que compran este recurso, que extraen los pescadores de la zona.
¿Cómo funcionaba la colusión?
El esquema operaba, según la FNE, con un objetivo: "fijar los precios de compra de la centolla que extraen los pescadores artesanales en la Región Magallanes", permitiendo a las empresas aumentar artificialmente su poder de compra.
Este acuerdo, catalogado como la infracción más grave a la libre competencia, se ejecutó de forma continua a lo largo de las temporadas extractivas, que van normalmente de julio a noviembre.
La clave de la colusión radicaba en el intercambio constante de información estratégica entre ejecutivos rivales, de acuerdo con la acusación de la fiscalía.
Coordinación del Precio Inicial
Según la FNE, Al comienzo de cada temporada extractiva, las empresas se contactaban para definir el precio de compra inicial de la materia prima. Esta coordinación era crucial, ya que el valor de partida influía en todos los incrementos posteriores hasta el final de la temporada.
Por ejemplo, en 2013, un ejecutivo de Bakkavör reportó mediante un correo electrónico haber conversado con el gerente de Proyecta, quien propuso un precio inicial de $1.600 "para comenzar".
En 2020, ante la incertidumbre por la pandemia de covid 19, las requeridas coordinaron un menor valor de inicio (cercano a $3.000), rompiendo la tendencia de subir el precio cada año, lo que generó reclamos públicos de los pescadores.
Contención de las alzas
A medida que la temporada avanzaba, el precio de la centolla tiende a incrementarse de manera paulatina. Sin embargo, los ejecutivos coludidos se contactaban durante este periodo para "retrasar o contener estos aumentos", señaló la FNE.
Estos contactos se producían generalmente ante la presión de los pescadores artesanales o de los acarreadores (intermediarios) por conseguir un precio más alto.
Al comunicarse, las empresas verificaban -relata la FNE- si los rumores de precios más altos pagados por la competencia eran ciertos, neutralizando la incertidumbre que debe existir en un entorno competitivo.
En un ejemplo de 2014, una ejecutiva de Bakkavör habló con International Seafood para pedirle que, si un proveedor usaba el nombre de Bakkavör para presionar por un alza, "antes conversemos porque muchas veces no es lo real y finalmente terminamos compitiendo y caemos el juego de ellos".
Los métodos
La colusión, según la FNE, se materializó a través de diversos canales, demostrando una "voluntad común de actuación". Los ejecutivos se reunían de forma presencial (en muelles o ferias), pero también utilizaron activamente la vía telefónica y servicios de mensajería como WhatsApp.
Las interceptaciones telefónicas y los mensajes de texto, obtenidas durante la investigación que inició en 2020 a raíz de una denuncia, confirmarían la coordinación hasta el final del periodo investigado.
En 2021, por ejemplo, un ejecutivo de Cabo Froward le recriminó a ELDAP por los precios que estaba pagando, señalando: "Nosotros hemos tratado de mantener el precio abajo como siempre lo hemos conversado".
Los implicados
La acusación de la FNE apunta a siete empresas procesadoras y ocho ejecutivos, quienes tenían un alto rango dentro de sus respectivas compañías.
Las empresas requeridas son: Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A. (ELDAP); International Seafood S.A. (International Seafood): Pesquera Cabo Froward Limitada (Cabo Froward); Productos Marinos Puerto Williams Limitada (PMPW); Proyecta Corp S.A. (Proyecta); Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Compañía Limitada (Bahía Chilota); Bakkavör Chile S.A. (Bakkavör).
Estas siete empresas en conjunto representaban entre el 81% y el 88% de las compras de centolla viva en la Región de Magallanes durante el periodo 2017 a 2021.
El mercado afectado es el de la centolla magallánica, extraída exclusivamente por pescadores artesanales en la región, quienes se encuentran en un segmento mucho más atomizado.
Delación compensada
La trama de colusión fue destapada gracias a la solicitud de postulación al programa de Delación Compensada presentada por la empresa Bakkavör y sus ejecutivos Mónica Cárdenas y Rodrigo Allimant, en agosto de 2020.
Con esto, Bakkavör y los ejecutivos que colaboraron con la FNE están exentos de la multa y de la responsabilidad penal.
Sanciones
La FNE considera esta colusión como un "acuerdo colusorio único y continuo" y solicita al TDLC imponer severas multas a las seis empresas restantes y a sus ejecutivos, considerando la gravedad de la conducta, el poder de mercado conjunto de los infractores y la extensión del ilícito de casi una década.
La FNE pide multas basadas en hasta el 30% de las compras de centolla realizadas por las empresas requeridas durante el tiempo que participaron en la infracción.
Las multas totales solicitadas alcanzan las 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA) (más de $40 mil millones) para las seis empresas, con montos individuales que superan las 20.000 UTA (unos $13 mil millones) para PMPW, por ejemplo. Además, se piden multas individuales para los ejecutivos, con montos entre 30 UTA ($20 millones) y 118 UTA ($77 millones).
