En los últimos días los focos del país han estado puestos sobre los cobros en exceso en las cuentas de la luz que se revelaron la semana pasada, en un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
La información que trascendió apuntó a un error metodológico en el cálculo de las tarifas; en simple, la CNE consideró dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC), elevando con ello los precios.
La desviación en el cálculo golpeó al Gobierno, que sacó de sus filas al ministro de Energía, Diego Pardow; así como también al secretario Ejecutivo de la CNE, el ingeniero Marco Mancilla.
A ocupar el cargo de Pardow llegó Álvaro García, quien ya lideraba la cartera de Economía, por lo que quedó como biministro. El economista tomó un fierro caliente: arribó con la misión en encausar la crisis, pero no esperaba que un nuevo e inesperado antecedente se sumara a la ya difícil situación.
Es que el fin de semana el secretario de Estado aludió a la responsabilidad "moral" que tendrían las generadoras, que negaron haber estado al tanto del error en el cálculo, a pesar de haber recibido los excesos.
También se refirió a los plazos de devolución. Sobre esto último puntualizó que sería a partir de enero, aunque no se cerró por completo a que se tramite una ley corta para adelantarlo, como lo solicitaron varios parlamentarios, que incluso anunciaron proyectos.
El monto que se habría cobrado de más en total es elevado: llegaría a alrededor de US$112 millones, lo que encendió las alertas sobre la confianza en las instituciones a cargo.
En medio de esto -y cuando la atención estaba puesta en la reunión que tendría García con las generadoras- surgió una nueva arista: una transmisora -firma de otra área ligada a la industria de la electricidad- reveló también haber cobrado en exceso, lo que fue informado esta mañana por el propio ministro.
El caso de Transelec
García lo dijo esta mañana: la empresa transmisora Transelec va a devolver lo cobrado en exceso, monto que sería de alrededor de US$100 millones. El secretario de Estado indicó que había estado en contacto con la firma y que mostraron "su disposición a compensar".
El secretario de Gobierno explicó que el exceso se generó por una "sobre valoración que hizo la empresa de su propio capital y el capital que se usa para fijar las tarifas. La propia empresa se dio cuenta de esta situación. Y nos las hizo ver".
No obstante, tras las palabras de García, Transelec sacó la voz: dijo que había avisado hace alrededor de un año al Ministerio de Energía sobre los cobros que había detectado.
"A fines de 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, actuando con diligencia, incluso antes de dimensionar completamente el alcance de la situación, y solicitando la adopción de las medidas necesarias para corregir a la brevedad el nivel tarifario y restituir los montos correspondientes a los clientes finales", dijo la firma en un comunicado, lo que abrió una serie de dudas.
La diferencia entre los casos y cuestionamientos al Ministerio
"Es una situación distinta a la anterior, aquí puede haber una inconsistencia en términos de montos o de ciertas inversiones, que fueron valoradas con un valor más altos y eso puede haber llevado a que se cobrara un precio mayor, del cual fijo el ente regulador", dice Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo.
Luis Llanos, profesor de Ingeniería Industrial de la U. de Chile, explica por su parte que el "problema con Transelec es distinto al que se detectó la semana pasada. Aún no es claro como partió esto, pero parece que el origen es una sobrevaloración de instalaciones que llevó, justamente, a un sobre costo".
Consideró "muy raro" que las autoridades del Ministerio, la CNE y el Coordinador Eléctrico, conociendo la información "no hayan transparentado la situación e involucrado, por ejemplo, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible".
"Esto, básicamente, nos hace pensar y reitera la debilidad que tiene el sistema de regulación del sector eléctrico", complementó.
Mientras, Gonzalo Escobar, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Andrés Bello, dice que "en los procesos de tarificación eléctrico, o de sanitaria, que hay en Chile, se utiliza información que debe ser proporcionada por la empresa. Por lo tanto, es muy probable en este caso de que la empresa sobrevaloró su propio capital y esa información se la entregó al ente regulador, que es la Comisión Nacional de Energía".
"Por lo tanto -agrega, considerando lo que dijo la empresa- podemos decir que la empresa actuó de buena fe, es decir, reconoció el error para evitar que el proceso de tarificación le significara obtener una mejor tarifa".
