La implementación de la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), desató un foco de preocupación en el mundo productivo.
Lo que comenzó como una inquietud en la industria minera se ha extendido ahora al sector agrícola, que teme restricciones sobre los suelos destinados a la producción de alimentos.
El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) publicó hace unas semanas un listado preliminar de "sitios prioritarios" para la conservación, que se encuentra en consulta ciudadana.
Este catastro establece las zonas que podrían quedar bajo protección especial, limitando -o incluso prohibiendo- actividades económicas como la minería, la agricultura y la ganadería. La definición de estos territorios considera criterios como valor ecológico, superficie y coordenadas geográficas, en el marco de la aplicación de la Ley SBAP.
"Estamos enfrentando una contingencia arriesgada con la implementación de la Ley SBAP. El nivel de preocupación que percibimos, especialmente entre los pequeños mineros, es comparable a lo que vivimos al principio de esta administración de gobierno con el debate constitucional anterior", advirtió el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco.
El dirigente explicó que el análisis de la Sonami detectó "301 instalaciones mineras ubicadas dentro de los sitios prioritarios propuestos por el Gobierno en el listado preliminar que hoy está sometido a consulta pública".
Según Riesco, "esto representa un riesgo real para operaciones que generan empleos y desarrollo en regiones mineras. La forma apresurada y expansiva en que se están definiendo estos territorios, sin un análisis adecuado de su impacto y sin considerar la visión de todos los actores involucrados, es lo que nos tiene profundamente alarmados".
De esta forma, se sumó otra voz desde el mundo agrícola, ya que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, manifestó también su inquietud frente a la forma en que se está aplicando la nueva legislación ambiental.
"Es un tema que nos preocupa, porque ha habido muchas cosas que se han aprobado por reglamento. Y creo que requiere de una discusión muy madura, una discusión que se haga con los pies en la tierra, requiere de un debate muy profundo"
Antonio Walker, presidente de la SNA
", señaló en conversación con Emol.
Walker insistió en que el sector comparte los objetivos de conservación, pero advirtió sobre el riesgo de afectar zonas productivas claves.
"Creemos que se han dictado muchos reglamentos muy rápido que nos preocupan porque no podemos restringir las áreas de producción. Los agricultores somos los primeros que queremos conservar el área silvestre protegida, los primeros que queremos conservar la biodiversidad, somos los primeros en que queremos transformarnos en una potencia co alimentaria", añadió.
El dirigente gremial recalcó que la delimitación de nuevas áreas protegidas podría comprometer terrenos esenciales para la producción de alimentos.
"Entonces, esto de las áreas protegidas o prioritarias y que puedan restringir sectores de suelos que tienen agua, clima, para producir alimento, nos preocupa", sostuvo.
Consultado sobre si han tenido acercamientos con el Gobierno o parlamentatios para expresar sus reparos, Walker confirmó que "sí, hemos hablado con los parlamentarios, hemos hablado con la ministra Macarena Lobos, hemos hablado con la ministra de Medio Ambiente (Maisa Rojas), y creemos que hay que debatir esto con mucho mayor profundidad, y también incorporar al mundo científico y al mundo privado, porque hay clasificaciones de suelos prioritarios que nos preocupan".
