Son numerosos los reparos que ha recibido el proyecto que crea el Fondo de Educación Superior (FES) impulsado por el Gobierno. Universidades, ex autoridades y varios expertos han alzado la voz.
Entre las alertas más recientes destaca el dictamen de la Contraloría General de la República, que señaló que los recursos que el Ejecutivo busca destinar para el pago de las carreras a través del nuevo sistema FES no pueden registrarse como activos, es decir, dinero que eventualmente retornaría al fisco "bajo la línea".
Ahora se suma un fuerte llamado de atención que realizó el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, durante el seminario organizado por la Comisión de Educación del Senado para analizar la iniciativa.
El economista advirtió que los errores de proyección fiscal en las reformas del Crédito con Aval del Estado (CAE) y
la gratuidad universitaria tendrán un costo acumulado para el fisco cercano a los US$21.200 millones hacia 2030, equivalente al 5,5% del PIB.
Acevedo, académico de la Universidad de los Andes y quien encabezó la Dirección de Presupuestos entre 2019 y 2021, expuso ante parlamentarios, autoridades universitarias y especialistas del sector educativo los resultados de su análisis sobre el impacto real que han tenido ambos programas en las finanzas públicas.
Según dijo, "los errores de proyección del CAE y la gratuidad han contribuido en aproximadamente US$11.400 millones al aumento de la deuda (3,2 puntos del PIB), y se proyecta que prácticamente se duplique al final de la década, llegando a unos US$21.200 millones".
"Los errores de proyección del CAE y la gratuidad han contribuido en aproximadamente US$11.400 millones al aumento de la deuda (3,2 puntos del PIB), y se proyecta que prácticamente se duplique al final de la década, llegando a unos US$21.200 millones"
Matías Acevedo, exdirector de la Dipres
El exdirector de Dipres detalló que, en el caso del Crédito con Aval del Estado, "el error de proyección del Informe Financiero original alcanzará al final de la década a US$10.280 millones, equivalentes a 2,8 puntos del PIB".
En tanto, sobre la gratuidad, aseveró que "el error de proyección respecto del informe financiero original alcanzará a unos US$11.000 millones". Ambos casos, dijo, evidencian que "no se evaluaron adecuadamente los comportamientos estratégicos de los distintos actores -estudiantes, instituciones y mercado financiero-, lo que derivó en un costo fiscal cercano a US$21.269 millones".
En su exposición, Acevedo sostuvo que el diseño del CAE sobreestimó la capacidad del mercado financiero para absorber el riesgo político del crédito, lo que terminó trasladando al Estado la obligación de sostener el sistema.
"El CAE nunca fue financiable en su totalidad por la banca y/o el mercado, sobrestimando la capacidad del mercado de capitales para absorber el remanente debido al riesgo político asociado al crédito. Con el tiempo, esto obligó al fisco a mayores desembolsos para sostener el sistema", afirmó.
Además, advirtió que el problema no radicó tanto en la carga financiera de los egresados, sino en las presiones externas que deterioraron la cultura de pago.
"El verdadero riesgo de no pago no provenía necesariamente de la carga financiera de los egresados, sino de presiones políticas que terminaron por erosionar la disciplina de pago y transformar el programa en una gratuidad de facto", explicó.
Sobre la gratuidad, Acevedo agregó que tampoco se anticiparon los incentivos que surgirían tras su implementación.
"En el caso de la gratuidad, no se estimó adecuadamente el comportamiento estratégico que adoptarían los estudiantes de los deciles superiores, muchos de los cuales ajustaron su situación socioeconómica para cumplir los requisitos y acceder al beneficio. Tampoco se anticiparon las presiones de las instituciones de educación superior adscritas al sistema para aumentar el límite de crecimiento de la matrícula establecido en la ley ni la presión por elevar los aranceles regulados, en un sistema de gratuidad estructuralmente desfinanciado", señaló.
Errores del pasado
El economista planteó que el nuevo Fondo de Educación Superior (FES) podría repetir los mismos errores si no se consideran de forma adecuada las variables de comportamiento y los riesgos fiscales.
"Ya no tenemos holguras para tomar riesgos fiscales que no conocemos. No hay espacio para tomar riesgos fiscales", advirtió.
Acevedo también se refirió a los incentivos financieros que podría generar el FES.
"¿En qué momento asumimos que el fisco podía soportar un nuevo aumento del 40% en aranceles?", cuestionó.
"Los aranceles regulados del FES significan más de US$2.400 millones de mayores recursos fiscales durante la próxima década", dijo, agregando que la discusión no debe reducirse a la comparación entre sistemas, sino al diseño del instrumento. "El dilema fiscal no es CAE versus FES, sino que la comparación es crédito contingente al ingreso versus FES", sostuvo.
Finalmente, el exdirector de Presupuestos llamó a la prudencia y al aprendizaje de las lecciones pasadas.
"La tentación de buscar una salida fácil y apresurada, aún sabiendo que no es la correcta, es alta. Pero ya conocemos sus consecuencias: las estamos pagando con la gratuidad y el CA", señaló.
Y concluyó: "Tenemos una oportunidad única de volver a hacer las cosas bien. Volvamos a lo simple, a lo que sí conocemos, a lo que ha funcionado, a lo que es fiscalmente responsable. Porque el próximo error no lo pagaremos nosotros, sino —paradójicamente— aquellos estudiantes que pretendemos ayudar a financiar sus estudios para que tengan un mejor futuro".