El Ministerio de Medio Ambiente finalmente decidió "no avanzar" en la definición de los polémicos 99 "sitios prioritarios" -en el marco de la implementación de la ley SBAP-, luego de las alarmas levantadas por diversos sectores productivos y como resultado del proceso de consulta que llevó a cabo la cartera liderada por Maisa Rojas.
Tras anunciarse la suspensión del proceso que consideraba unas 4 millones de hectáreas en distintas zonas del país, gremios empresariales salieron a valorar la medida.
En primer lugar, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC),
Susana Jiménez, afirmó que "valoramos el anuncio del Ministerio del Medio Ambiente de no avanzar en la definición de sitios prioritarios,
considerando las legítimas preocupaciones planteadas desde el mundo empresarial las últimas semanas".
"El proceso estaba avanzando sin contar con un marco normativo previamente establecido, ni con criterios técnicos y científicos, vulnerando así el principio de legalidad, restringiendo la realización de actividades económicas y poniendo en riesgo el derecho de propiedad", agregó.
En la misma línea, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), dijo que "esta decisión que era absolutamente necesaria y da cuenta de que el Gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere", sostuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco.
La Sonami, de hecho, ha sido el gremio que ha expuesto la mayor cantidad de advertencias producto de la forma en que se estaban elaborando los reglamentos de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). "Estamos frente a una posible expropiación regulatoria", señaló hace algunas semanas el mismo Riesco.
Ahora, tras lo informado esta tarde por Medio Ambiente, Riesco llamó a que "se conformen las mesas de trabajo y el diálogo necesario para lograr hacer un análisis técnico acabado sobre este tema".
Por su parte, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, comentó que "valoramos la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de estudiar con mayor profundidad la implementación de esta ley, y en específico la designación de los sitios prioritarios. En todos los sectores productivos existe consenso en la necesidad de un diálogo técnico y multisectorial que permita equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico regional".
La Cámara Chilena de Construcción (CChC) también salió a destacar la noticia. "Nos resulta gratificante que la autoridad de Medio Ambiente priorice un proceso colaborativo con la sociedad civil y los gremios productivos, en el entendido que la institucionalidad ambiental está llamada a proteger la biodiversidad, pero también a permitir el desarrollo", señaló el gremio en una declaración pública.
"Esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente y sus autoridades entiendan que, para la elaboración de una buena política pública, se debe trabajar escuchando a todos los sectores y no solo a unos pocos".
Arturo Clément
También la industria del turismo tuvo palabras.
La presidenta de Fedetur, Mónica Zalaquett, sostuvo que la decisión de Medio Ambiente "es una señal positiva que los temores y aprensiones planteadas por Fedetur y distintos gremios productivos estén siendo consideradas".
"Esperamos que este espacio de revisión permita avanzar hacia un marco regulatorio claro, con certeza jurídica y con una mirada integral que reconozca el rol que cumple el turismo en la conservación activa, el empleo y el bienestar de las comunidades locales", agregó.
Arturo Clément, presidente de SalmonChile, expuso que la suspensión de este proceso "es el resultado de las objeciones públicas levantadas desde distintos gremios productivos y la sociedad civil. Esta acción evidencia que el proceso llevado a cabo hasta ahora carecía de la debida transparencia y participación de los actores involucrados".
"Si bien creemos que esta decisión es positiva, consideramos que aún queda mucho trabajo por hacer", manifestó, agregando que "esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente y sus autoridades entiendan que, para la elaboración de una buena política pública, se debe trabajar escuchando a todos los sectores y no solo a unos pocos".
Mientras que Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón, manifestó que "esperamos que esta 'pausa' no sea solo un gesto comunicacional, sino el inicio de un rediseño real y efectivo del proceso: más transparente y técnico, con el reglamento que establece la ley y una participación efectiva de las comunidades y sectores productivos".
