Polémico artículo del "amarre": Qué dice la norma impulsada por el Ejecutivo que restringe el despido de funcionarios

Una fuerte polémica se abrió en torno al reajuste al sector público acordado por el Gobierno con parte de la Mesa del Sector Público.

Más allá del guarismo —un alza salarial nominal de 3,4%—, el foco del debate se ha concentrado sobre todo en el artículo 14 del protocolo de acuerdo difundido por el Ejecutivo, el cual, a juicio de la oposición, constituiría una maniobra para "amarrar" a funcionarios afines a la actual administración.

Asimismo, el acto deberá ser "notificado íntegramente" con "a lo menos, 30 días de anticipación a la fecha en que produzca efectos", conforme al artículo 46 de la Ley N° 19.880, y la autoridad deberá "otorgar facilidades para el goce del feriado legal cuando corresponda". Dichas resoluciones, agrega el texto, deberán ser "remitidas a la Contraloría General de la República para su registro".

El artículo también dispone que los funcionarios con "al menos, dos años de servicios continuos” podrán “reclamar por vicios de legalidad" ante la Contraloría en caso de no renovación de su designación o de una renovación en condiciones distintas. El órgano contralor, se indica, "solo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones" si el interesado ha interpuesto acciones judiciales "en virtud de los mismos hechos".

En cuanto a sus efectos, la disposición advierte que "el incumplimiento de las exigencias de fundamentación y procedimiento dejará sin efecto el acto", debiendo "reincorporarse al funcionario y pagarse íntegramente las remuneraciones por el tiempo de separación”. En caso de existir fuero laboral, se señala que "se aplicará la normativa vigente".

Finalmente, el artículo precisa que esta regulación será "sin perjuicio de las causales de cese de funciones" contempladas en la legislación actual, así como de "otras establecidas en leyes especiales".

A juicio de Frank Sauerbaum, diputado y jefe de bancada de RN, esta norma constituye "una suerte de corralito para dejar amarrados a los mismos de siempre, a los cercanos al Presidente de la República y a los grupos de confianza". Y agregó que "no estamos en condiciones de aprobar una norma de ese tipo".

"Esto no es un reajuste salarial, es un fraude a la ley, que busca rigidizar la administración pública por la vía de una norma transitoria, cuyo objetivo es mantener infiltrado al Estado con operadores políticos de este Gobierno", señaló, por su parte, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero.

A su vez, el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, sostuvo que el "gobierno vuelve a demostrar que no entiende el mensaje que la ciudadanía le dio con claridad. Se acabaron las trampas, las mañas y los amarres a última hora".

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), pese a no firmar el acuerdo con el Gobierno, salió en defensa de esa norma en particular. En una declaración pública, su presidente, José Pérez, manifestó que "la norma criticada en el reajuste al sector público por un sector político no es un ‘amarre’, evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios, y conversa con el trabajo decente".

Postura similar fue la expuesta por el diputado del Frente Amplio, Andrés Giorgano. "Esto no es 'amarrar' al Estado, como plantea la oposición. Es poner límites a la arbitrariedad. Si un servicio decide no renovar una contrata, tiene que fundamentarlo con hechos y argumentos, no escudarse en fórmulas vacías como las ‘necesidades del servicio’, del mismo modo en que en el sector privado se ha abusado históricamente de las ‘necesidades de la empresa'", afirmó.

Por último, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y miembro del círculo cercano del Presidente electo José Antonio Kast, manifestó a La Segunda: "Si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura y no creo que le convenga eso".