Esta semana se desató una nueva polémica. Es que el Gobierno, en el acuerdo por el reajuste salarial del sector público, incluyó una norma que restringe el despido de funcionarios a contrata. Esto, a meses del cambio de Gobierno, que será encabezado por José Antonio Kast.
En específico, la norma dispone que la no renovación de contratas en el sector público deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con criterios objetivos y verificables, y no solo por necesidades genéricas del servicio.
Asimismo, habilita a funcionarios con al menos dos años continuos a reclamar ante la Contraloría por vicios de legalidad en estos procesos y establece una regulación específica para el personal de asesoría directa de altas autoridades, fijando reglas sobre su contratación, cese, número, remuneraciones y transparencia.
La oposición se mostró molesta. El presidente del Partido Republicano, de hecho, indicó en La Segunda que "si el Gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación". Habló incluso de que se estaría rompiendo "códigos que son fundamentales".
Más tarde habló el Presidente Electo, José Antonio Kast, quien aseguró que "si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide".
Pero, ¿cuánto funcionarios del Estado se verían beneficiados con esta norma?
¿Cuántos funcionarios?
Según explica David Bravo, académico de la UC, "si tomamos la información última entregada por Dipres para el Gobierno Central, se puede encontrar para septiembre de 2025 un total de 534.807 personas, de las cuales 117.928 corresponden a la planta, 294.145 a contrata y el resto a honorarios".
La información que entrega Dipres para el sector público como un todo y que incluye a municipios y otras instituciones descentralizadas, solo tiene actualmente información para el año 2023 y, lamentablemente, no distingue entre plantas y contratas. Para obtener información a ese nivel podemos recurrir al informe de fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia que permite mirar a las municipalidades para 2024. Ahí encontramos un total de 392.170 personas empleadas, 125.798 de las cuales son de planta, 85.656 de contrata y el resto a honorarios", añade.
Con eso en cuenta, explica que "cuando se habla en el acuerdo de las personas de contrata, al menos ascendería a aproximadamente 380 mil personas, si consideramos haciendo esta búsqueda no exhaustiva de información desde distintas fuentes".
Desde Horizontal, en tanto, señalan que "de los a contrata, se podrían beneficiar de la norma al menos 201.712 funcionarios a nivel de gobierno central, por tener más de 2 años de antigüedad".
Alfonso España, investigador de Horizontal, señala que "la manera en que el Gobierno busca reestablecer el criterio de 'confianza legítima' tras dos renovaciones es problemática porque generará problemas entre la Contraloría y el Poder Judicial, en tanto buscar obligar a la primera a pronunciarse indirectamente sobre asuntos litigiosos".
"Más que modificaciones orientadas a satisfacer los intereses de un solo sector, como lo que se observa en el protocolo acordado entre el gobierno y funcionarios públicos, se requieren cambios profundos al Estatuto Administrativo en función de que el Estado funcione mejor para la ciudadanía", agrega.
