Los alcances de la Ley Lafkenche vuelven a generar fricciones entre el sector privado y público.
Tras la aprobación del plan de administración del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Mañihueico-Huinay. Es la figura que esta legislación respalda para el uso consuetudinario de comunidades indígenas en estas áreas marítimas.
El ECMPO fue ingresado en 2010 por la Asociación de Comunidades Indígenas de Hualaihueì por un total de 159.319 hectáreas. Tras una extensa tramitación, se aprobó la solicitud al lograr un acuerdo entre las comunidades solicitantes y representantes de actividades económicas costeras, como la salmonicultura y la pesca artesanal.
Su aprobación finalmente consideró 83.831 hectáreas marítimas otorgadas, siendo uno de los espacios más grandes entregados bajo la Ley Lafkenche.
Pese a las negociaciones y acuerdos entre ambas partes, la relación se enredó con la elaboración del plan de administración del ECMPO.
Actores del sector salmonero acusan que no existió la misma voluntad al momento de levantar dicho plan, señalando que el contenido no fue difundido y que fueron excluidos de ese proceso. Por otra parte, algunas asociaciones de la pesca artesanal aseguran que ciertos "acuerdos alcanzados no fueron respetados".
Desde SalmonChile (que reúne a empresas como Blumar, MultiX, Camanchaca, Cooke, Yadrán, entre otros) aseguraron que existía un "acuerdo formal firmado en 2017 entre las comunidades solicitantes, empresas productoras de salmón, pescadores artesanales y mitilicultores", que establecía "explícitamente la coexistencia de actividades productivas dentro del área, reconociendo los derechos de todas las partes involucradas".
No fueron los únicos que manifiestaron su inquietud al respecto.
Custodio Serón, presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta de Carelmapu (ubicada en Maullín), comentó que "como pescadores artesanales pedimos que los recursos que están bajo las coordenadas de las solicitudes deben ser administrados bajo la ley de pesca actual.
"Esa es una modificación que estamos pidiendo y no nos sirven los acuerdos de buena voluntad o de buena fe, porque a veces no se cumplen", señala Serón.
Nuevo flanco público-privado
Actores de la salmonicultura y la pesca artesanal señalan que les "sorprendió" que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aprobara dicho plan, pese a que aún existían puntos por afinar entre las comunidades y algunos sectores económicos.
Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, afirmó que a pesar de solicitar formalmente a Subpesca el acceso a la información del plan de administración del ECMPO que estaba en elaboración, esta solicitud habría sido denegada por la autoridad sectorial.
Enfatizó que este actuar "infringió principios básicos como la transparencia" y el "acceso a la información".
Monge sostuvo que "esta conducta socava completamente la confianza en la institucionalidad y demuestra que, bajo el marco actual de la Ley Lafkenche, no existen garantías para los sectores productivos".
“Lo preocupante de la exclusión del sector del Plan de Administración es que sugiere una predisposición a restringir nuestra actividad generando nuevas barreras, nuevos requisitos, y una paralización de la actividad económica regional por décadas”, afirmó Monge.
"esta conducta socava completamente la confianza en la institucionalidad y demuestra que, bajo el marco actual de la Ley Lafkenche, no existen garantías para los sectores productivos"
Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile
Este problema ya lo advertía Jessica Fuentes, abogada de la consultora Acuiestudios, algunos meses previo a la aprobación de dicho plan.
En una columna publicada en el sitio web de la firma en junio del año pasado, Fuentes aseguró que "casos como el del plan de administración de Mañihueico-Huinay evidencian la necesidad de una gestión estatal proactiva, transparente y articuladora".
Fuentes señaló que "cuando los actores no tienen la voluntad o no es posible el diálogo entre ellos, deben ser las instituciones del Estado las que escuchen a todos los actores en un proceso informado".
Para Patricio Flores, abogado y fundador de la consultora Borde Costero, entre las consecuencias que podría generar la omisión de la salmonicultura y otras actividades en el plan de administración sería el "desincentivo a procesos colaborativos en futuras solicitudes ECMPO, debilitando la legitimidad de los instrumentos participativos promovidos por el propio Estado".
También implicaría una "desprotección jurídica frente a eventuales medidas administrativas, judiciales o comunitarias que cuestionen la permanencia de actividades salmonicultoras en sectores donde no fueron explícitamente reconocidas como compatibles".
La respuesta de Subpesca
Pero no todos están disconformes con el plan de administración. José Alvarado presidente de la Federación de Pescadores de Hualaihué, afirmó que lograron un acuerdo con las comunidades pocas semanas antes de la aprobación del plan, logrando un aumento del 50% en las hectáreas de manejo y que un representante de la pesca artesanal se integre al consejo del ECMPO.
Alvarado indicó que si bien entiende a quienes tienen reparos contra el plan de administración, aseguró que para resolver estos aspectos "todo depende de si hay buena voluntad desde ambas partes para llegar a un consenso. Yo creo que el mar alcanza para todos", señaló.
Desde Subpesca señalaron que la resolución que da cuenta de la aprobación del plan del ECMPO Mañihueico-Huinay es el acto administrativo "de un proceso que excede las atribuciones exclusivas de Subpesca".
Agregaron que este plan es "un instrumento elaborado por las comunidades asignatarias del ECMPO", y que solamente es enviado a la entidad para presentarlo a la evaluación de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas; Directemar; Ministerio de Desarrollo Social; y Conadi.
Subpesca indicó que de acuerdo a la Ley Lafkenche y su reglamento, las propuestas de planes de administración deben identificar los usos y actividades que se desarrollarán al interior del ECMPO, así como también identificar a los usuarios externos cuyas actividades serán reconocidas dentro de esta área.
"No obstante, la normativa no establece la obligación de incorporar la totalidad de los usuarios existentes en el territorio, sino únicamente aquellos cuyas actividades se pretenden desarrollar o reconocer al interior del espacio costero administrado", precisaron.
Por otra parte, la cartera liderada por Julio Salas afirmó que "no corresponde a esta Subsecretaría pronunciarse respecto de la prescindibilidad de los actores dentro de un plan de administración de un ECMPO, dado que la elaboración de dicho plan es de responsabilidad de la comunidad".
"Si bien la actividad acuícola es de innegable importancia en términos económicos para nuestro país, la situación que se configura respecto de la salmonicultura es distinta, dado que la operación se desarrolla al interior de un concesión de acuicultura, se rige por la normativa acuícola vigente y otorgan a sus titulares derechos específicos sobre esas áreas concedidas", aseguró.
En cuanto a las acusaciones sobre el acceso a la información, Subpesca afirmó que este aspecto "se rige por la normativa vigente".
