La Superintendencia de Pensiones emitió la norma definitiva que regula la constitución, autorización y puesta en marcha de nuevas administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Esto, en el marco de la implementación de la reforma de pensiones y en medio de un creciente interés por parte de diversos actores por ingresar a la industria previsional.
La reforma previsional establece que podrán constituir una AFP las administradoras generales de fondos (AGF) no filiales de una entidad bancaria y las cooperativas de ahorro y crédito, instituciones que son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), así como también las cajas de compensación de asignación familiar, cuyo fiscalizador es la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), siempre que cumplan con determinados requisitos legales y cuenten con la autorización de su respectivo regulador sectorial.
Asimismo, la ley permite que personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, puedan formar una AFP, aunque introduce una restricción explícita: un mismo grupo empresarial no podrá ser propietario de más de una administradora, con el fin de promover la competencia y evitar la concentración del mercado.
La superintendencia, con su normativa, además establece el aumento del capital mínimo requerido para la creación de una AFP, el cual pasa a ser de 50.000 Unidades de Fomento (UF). Antes de la reforma previsional, el capital exigido partía en 5.000UF y aumentaba gradualmente hasta 20.000 UF cuando la administradora alcanzaba los 10.000 afiliados.
La norma también introduce requisitos mínimos de experiencia para la mayoría de los integrantes del directorio y los equipos de inversión de una nueva AFP.
En primer lugar, los ejecutivos principales de inversiones considerarán al gerente de inversiones o su equivalente y al responsable de riesgos en materia de inversiones. Además, el equipo principal de profesionales que desarrollará la gestión de inversiones comprenderá a quienes ejerzan cargos que reporten directamente al gerente de inversiones o su equivalente.
Asimismo, el gerente de inversiones deberá acreditar al menos siete años de experiencia en administración de activos, mientras que el responsable de riesgos y el equipo principal de profesionales deberán contar con un mínimo de cinco años de experiencia en entidades que administren, al menos, US$ 1.000 millones.
En tanto, la mayoría de los directores titulares y suplentes deberá cumplir con el mismo estándar de experiencia.
Estas disposiciones, aunque ya están definidas, entrarán en vigencia en abril de 2027, otorgando un plazo de adecuación tanto a nuevas como a actuales AFP.
En cuanto a los accionistas fundadores, la norma incorpora requisitos diferenciados según el tipo de entidad que impulse la nueva AFP y refuerza las exigencias del Estudio de Factibilidad, el patrimonio neto, los activos autorizados, la definición del esquema organizacional y el perfil de cargo de los ejecutivos principales y del equipo responsable de la gestión de inversiones.
Además, se exige presentar una carta Gantt detallada con las etapas de implementación, explicitando qué funciones serán desarrolladas internamente y cuáles serán subcontratadas, considerando que la ley permite externalizar todas las funciones de una AFP, salvo aquellas vinculadas a las inversiones de los fondos.
Por último, para iniciar operaciones, la normativa establece que la AFP deberá tener constituido su directorio y contratados los equipos de profesionales y ejecutivos de inversiones. Lo mismo regirá para el equipo de profesionales y ejecutivos responsables de la administración operacional y del control de las cuentas personales.
Interés por entrar al mercado
La emisión de esta normativa se da en un contexto de un creciente interés por ingresar al sistema previsional.
Por ejemplo, Fintual AGF anunció hace algunos meses que se encuentra evaluando la creación de una AFP, decisión que, según ha señalado, se adoptará durante 2026.
Incluso desde el mundo sindical, la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch) anunció que a fines de enero de este año presentará una solicitud para crear una AFP "de propiedad de los propios trabajadores".
Según lo informado, la federación controlaría el 40% de la propiedad, mientras que el 60% restante quedaría en manos de dos fondos de inversión privados.
A estas iniciativas se suman otros grupos de inversionistas que han manifestado interés en evaluar la creación de nuevas AFP, en un sistema que actualmente cuenta con siete administradoras que gestionan los ahorros de cerca de 12 millones de afiliados.
En 1981 operaban 12 AFP; en los años 90 llegaron a existir más de 20, pero tras sucesivas fusiones y adquisiciones, hacia el año 2000 el número se redujo drásticamente, consolidándose primero en cinco y luego en las siete actuales.
