La contralora general de la república, Dorothy Pérez, asistió esta tarde a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿El objetivo? Entregar su impresión sobre el proyecto de ley de reajuste al sector público.
La autoridad comenzó señalando que "la Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación".
En esa línea, sostuvo que "se han sostenido reuniones con la Dipres para revisar la metodología de trabajo (…) pero hay otros componentes de gasto, por ejemplo, los aguinaldos y los bonos, que no tenemos como validarlos porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias de estos aguinaldos y bonos ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se va a asignar estos pagos y beneficios".
Pérez presentó además una serie casos de contrata que han ingresado en grados altos y con altas remuneraciones.
"Hay personas que son funcionarios públicos que llevan 20 años para subir de grado, 15 años, 18 años (…) que han ido ascendiendo vía carrera (…) y que sin embargo de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores", dijo, luego de mostrar algunos ejemplos, de lo que ha ocurrido desde marzo de 2022.
Según explicó, estos funcionarios a contrata llegan "a veces a realizar la misma función. Lamento decir esto: a veces a aprender de funcionarios de planta, con una remuneración mucho mayor".
"Los funcionarios nos reclaman: 'qué injusticia se produce cuando ingresa alguien de manera directa y nosotros llevamos una década esperando'", explicó la contralora.
En esa línea, criticó aquella parte del gobierno que ha sido calificada como "amarre" por parte de la oposición, por limitar en algunos casos los despidos.
"Para los funcionarios que son (a contrata) transitorios (se) establece que por el solo ministerio de la ley expirarán el 31 de diciembre (…) este artículo lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario pero no se hace cargo de los efectos que tiene esta modificación en el resto del sistema, tal como se los expresé con los ejemplos que trajimos", indicó Pérez.
"El efecto concreto y práctico es que afecta a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos, que se han desempeñado por largos años en la institución", explicó, en esa línea.
Sobre el artículo 6, que señala que Contraloría no debe intervenir ni informar en los asuntos que sean de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales, y que solo puede abstenerse, cuando haya reclamos del personal a contrata, también ofreció críticas.
"Esta norma altera las competencias de un órgano. Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional. Estas competencias específicas le confieren la facultad a la Contraloría de pronunciarse en estas materias", aseguró.
"El hecho de que se pueda en una ley miscelánea de rango simple, modificar la organización y las atribuciones de los órganos, es una cuestión que más allá del caso de la Contraloría, hay que preguntarse si abrir estos precedentes y estas compuertas es beneficioso", aseguró.
"Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la Repúblico (…) esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional", aseguró.
