Quedando apenas tres semanas para que el Congreso inicie su receso legislativo, y luego de que recién el lunes el Gobierno ingresara con suma urgencia el proyecto de ley de negociación ramal o multinivel, la iniciativa se instala como una de las últimas y principales piezas de la agenda laboral del Ejecutivo.
Según lo señalado por el Ministerio del Trabajo, el proyecto "permitirá que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con las condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral".
Asimismo, "posibilitará abordar aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo y reglas de implementación de los distintos convenios, entre otros".
La propuesta contempla la creación de Consejos Sectoriales Laborales y Comisiones Subsectoriales, integrados por representantes de las confederaciones sindicales y de los gremios empresariales más representativos.
Además, el texto busca "fomentar" la participación empresarial, condicionando el acceso a ciertos beneficios estatales. El Ejecutivo lo justifica señalando que "se busca dar cumplimiento al rol del Estado de promover, a través de sus políticas públicas, el pleno ejercicio del derecho a la negociación colectiva".
Sin embargo, el tiempo legislativo es acotado y recién este martes la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto.
Reacciones de diputados
Desde el oficialismo destacaron la iniciativa como un avance en la modernización de las relaciones laborales. El diputado Andrés Giordano (FA), presidente de la Comisión de Trabajo, sostuvo que "la negociación ramal es una herramienta moderna que fortalece el poder de negociación de los trabajadores y contribuye a equilibrar relaciones laborales que hoy son desiguales. No busca debilitar a las empresas, sino establecer pisos mínimos justos por sector, que entreguen estabilidad, reglas claras y mejores condiciones de trabajo".
"Este proyecto vincula el diálogo social con productividad, innovación e inversión en investigación y desarrollo, incentivando a que los sectores que acuerdan estándares comunes también fortalezcan su competitividad y capacidad de adaptación", añadió.
"Si diputadas, diputados y senadores comprenden por qué este proyecto es útil y urgente para quienes viven de su trabajo en Chile, su aprobación es perfectamente factible", afirmó.
"Si diputadas, diputados y senadores comprenden por qué este proyecto es útil y urgente para quienes viven de su trabajo en Chile, su aprobación es perfectamente factible"
Diputado, Andrés Giordano (FA)
En la misma línea, el diputado Diego Ibáñez (FA) señaló que el sistema laboral chileno está "muy anticuado", por lo que "la negociación ramal va a permitir generar una mayor simetría entre empleadores y trabajadores y, con ello, un diálogo social mucho más fructífero, de modo que los frutos de la economía se repartan de manera más equitativa".
"Eso es lo que ocurre en muchos países desarrollados como Alemania, Francia o Uruguay, economías que se han sostenido sobre la base del diálogo entre trabajadores y empleadores", agregó.
"Esperamos que se tramite con rapidez. Hoy comenzamos a discutirlo en la Comisión de Trabajo y cuenta con urgencia legislativa, por lo que esperamos que sea despachado prontamente a la Sala y que luego sea el Senado el que revise esta propuesta y la saque adelante", cerró.
Desde la oposición, en tanto, surgieron críticas por los eventuales efectos negativos del proyecto sobre la competitividad y el empleo.
La diputada Ximena Ossandón (RN) advirtió que "el Gobierno sabe perfectamente que no se alcanza a tramitar este proyecto en lo que queda de la legislatura. Para el Ejecutivo es un compromiso con la CUT, no con los trabajadores ni con el empleo. El proyecto representa un último desahogo regulatorio que no se condice con la realidad productiva del país".
"El ministro debe entender que aprobar la negociación ramal implica seguir elevando los costos laborales. Esta es una iniciativa anti pymes"
Diputado Frank Sauerbaum (RN)
Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que "esto es solo un guiño a los sectores de izquierda, porque no hay posibilidades reales de aprobar esta norma. Era parte del programa de Jeannette Jara que los chilenos rechazaron".
"El ministro debe entender que aprobar la negociación ramal implica seguir elevando los costos laborales. Esta es una iniciativa anti pymes. La preocupación del ministro debería ser crear empleos y no destruirlos. La prioridad debiera ser, por ejemplo, darle urgencia al proyecto de subsidio a la contratación que está en el Senado y no impulsar normas anti empleo que rigidizan el mercado laboral", concluyó.
Opinión de los expertos
Desde el mundo laboral, expertos también han cuestionado la iniciativa. Francisca Vial, directora del área laboral de Eyzaguirre & Cía., calificó el proyecto como desconectado de la realidad actual. A su juicio, "no surge de una demanda efectiva de los trabajadores, sino de una propuesta político-ideológica propia de un gobierno en su tramo final".
"Parte de la premisa de que los problemas de la negociación colectiva en Chile se resuelven ajustando la arquitectura legal, cuando el cambio que estamos viviendo es mucho más profundo", añadió.
"Parece intentar legislar para el Chile de los años 80. Hoy el mundo laboral está marcado por la automatización, la digitalización, las plataformas, la subcontratación y trayectorias laborales cada vez más cortas y móviles. Sin embargo, el proyecto sigue pensando el trabajo desde categorías industriales tradicionales, como ‘ramas’ homogéneas y sujetos laborales estables, agregando una burocracia excesiva a la negociación y alejándola del trabajador real", explicó.
"Parece intentar legislar para el Chile de los años 80. Hoy el mundo laboral está marcado por la automatización, la digitalización, las plataformas, la subcontratación"
Francisca Vial, directora del área laboral de Eyzaguirre & Cía
"Mientras no se asuma que cambió el sujeto, cambió la empresa y cambió la forma de trabajar, especialmente con la automatización y las nuevas tecnologías, las reformas seguirán llegando tarde, con escasa incidencia real y con riesgos de desprotección para el trabajador", advirtió.
En tanto, desde el área laboral de Claussen y Velasco Abogados señalaron que "se trata de una iniciativa controversial, cuya tramitación legislativa se anticipa compleja, tanto por sus tiempos como por la falta de consenso técnico y empresarial en torno a su diseño".
"Si bien el proyecto invoca experiencias comparadas y estudios de la OCDE, esos mismos informes advierten que la negociación ramal no asegura por sí sola mejores resultados y que su eficacia depende de la historia institucional y de las prácticas de cada país", añadieron.
"La principal preocupación desde la perspectiva de las empresas es la pérdida de flexibilidad para adaptar condiciones laborales a la realidad específica de cada operación, así como la posibilidad de que conflictos sectoriales tengan efectos amplios y difíciles de contener".
"Una reforma de esta magnitud requiere un debate técnico profundo, gradualidad efectiva y una evaluación seria de sus impactos económicos, condiciones que hoy no parecen suficientemente aseguradas", concluyeron.
El proyecto, declarado de suma urgencia, podría ser despachado desde la comisión y pasar a la Sala en las próximas semanas, aunque su aprobación se mantiene incierta ante la falta de apoyo transversal. De avanzar en la Cámara, continuará su tramitación en el Senado para completar el debate de la reforma al sistema laboral chileno.
