La jornada de ayer, tras un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley de reajuste al sector público, que incrementa en 3,4% las remuneraciones de los empleados del sector.
Se aprobaron la mayoría de las propuestas de la iniciativa, incluido el aumento salarial y otros beneficios económicos. No obstante, se cayó una parte relevante de las disposiciones misceláneas contenidas en el proyecto.
Entre las principales, destacan las denominadas normas de "amarre", que limitaban las desvinculaciones de empleados a contrata. Esto, al permitir que los funcionarios pudieran acudir a Contraloría cuando consideraran que una no renovación o despido era ilegal, al llevar solo dos años.
También se votaron ayer otras normas que habían causado polémica: entre ellas, la ampliación de los giros de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) y de Correos de Chile, que tampoco logró pasarl al Senado.
Por afectar reglas orgánicas constitucionales y de la administración del Estado, dichos artículos requerían un quórum especial de 76 diputados a favor. Sin embargo, obtuvieron 68 respaldos, 59 votos en contra y cuatro abstenciones, por lo que este conjunto de normas fue rechazado en la Cámara.
Pese a que hasta el último minuto el Gobierno intentó alcanzar un acuerdo para despachar estas disposiciones —impulsadas por los gremios de funcionarios estatales—, no se lograron los votos necesarios, sin embargo, anunció que van a reponer para su discusión en el Senado.
¿Por qué repondrán la norma?
En entrevista con Radio Sonar, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó el balance de la votación como positivo. "En términos generales fue positivo: cuando se votó en general el proyecto, la votación se ganó por 95 votos a favor y 34 en contra", sostuvo.
Asimismo, detalló que "se aprobaron 119 artículos de 132. Ese es el balance general de la votación. Hay algunos artículos que se rechazaron, los que tienen quórum calificado".
Respecto de la norma de "amarre", el secretario de Estado explicó que "no es que este proyecto de ley señale que no se puede despedir a esas personas ni que restrinja las causales para justificar un despido. Lo único que hace es permitir que una persona que siente que fue despedida sin la debida justificación establecida en la ley tenga la posibilidad de reclamar ante la Contraloría".
Tras la votación, el jefe de la billetera fiscal señaló que "estamos satisfechos como Ejecutivo. Las cosas que han quedado pendientes las vamos a seguir conversando en el Senado. Tenemos confianza en la posibilidad de diálogo y de lograr acuerdos amplios, como los que hemos alcanzado durante esta administración".
Finalmente, consultado sobe si las disposiciones serán repuestas en el Senado, Grau afirmó que "sí, nosotros tenemos un compromiso con la mesa del sector público de que los asuntos que fueron acordados con ellos tendrán el máximo esfuerzo para que sean aprobados", concluyó.
Desde la oposición, el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se mostró conforme con el resultado de la votación y manifestó su expectativa de que el Senado ratifique el reajuste. No obstante, cuestionó las normas de amarre y expresó dudas respecto del financiamiento del incremento salarial.
"Queremos darles tranquilidad a los cientos de trabajadores que ven con pavor que personas que ingresan a contrata y que llevan poco tiempo en el servicio tengan mejores condiciones laborales que quienes llevan largo tiempo y son de planta. Esta fue una de las denuncias que hizo la contralora", señaló.
En la misma línea, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, criticó las disposiciones que buscan otorgar mayor estabilidad a los funcionarios a contrata. "Estamos frente a una ley miscelánea, extensa y confusa, que instrumentaliza una demanda legítima de los trabajadores para introducir reformas estructurales al empleo público, sin el debido debate, sin financiamiento cierto y con graves efectos sobre la institucionalidad", afirmó.
Asimismo, advirtió que la iniciativa "transforma una relación transitoria como la contrata en un vínculo cuasi permanente, debilitando la carrera funcionaria, relativizando el mérito y abriendo la puerta a que operadores políticos accedan a altos grados sin concurso público".
En ese contexto, recordó que "la propia Contraloría señaló que aquí se alteran reglas claves del Estatuto Administrativo".
Desde la Cámara Alta, uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda, el senador Rodrigo Galilea (RN), anticipó al canal 24 horas que no se aprobarán normas que "no tiene sentido que estén en una ley de reajuste", como las llamadas normas de "amarre".
El proyecto continúa su tramitación este jueves. La Comisión de Hacienda lo analizará entre las 9 y las 12 horas. Así lo confirmó la presidenta de esa instancia legislativa, Ximena Rincón (Demócratas).
