A 19 días de que expire la concesión vigente del centro gastronómico y cultural BordeRío, ubicado en el Parque del Río Mapocho, en la comuna de Vitacura, el proceso para definir a su próximo operador se trasladó de los restaurantes a los tribunales.
Esto, luego de que la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA —que quedó en segundo lugar de la licitación— recurriera al Tribunal de Contratación Pública (TCP) para cuestionar la legalidad del proceso.
Río Grande, firma ligada a una empresa familiar de la Región del Biobío, acusa que una sociedad del consorcio habría sido presentada como si tuviera un solo socio. Además, se queja de la evaluación de su oferta pública, lo que —a su juicio— obligaba a declarar inadmisible la propuesta adjudicada.
De esta forma, el pasado 2 de enero, el Tribunal acogió a trámite el reclamo y decretó la suspensión del procedimiento licitatorio por 15 días hábiles, como medida cautelar. La resolución impide a la Municipalidad de Vitacura ejecutar nuevos actos administrativos o avanzar en la firma del contrato, mientras se analiza el fondo de la controversia.
En respuesta, el municipio presentó sus descargos ante el TCP, defendiendo la legalidad del proceso que culminó con la adjudicación al Consorcio Parque Río, al que se le otorgó la concesión por un período de 15 años.
La respuesta del municipio
Desde el municipio sostienen que la evaluación se ajustó estrictamente a las bases y que no existieron irregularidades ni discriminaciones arbitrarias entre los oferentes. Además, afirman que el adjudicatario presentó las declaraciones juradas por ambos miembros.
El escrito municipal señala que la declaración presentada indica un único socio y que dicha información es concordante con la ficha del proveedor en Mercado Público. Además, Vitacura agrega un punto clave, para el municipio, esa declaración jurada tiene un carácter "meramente informativo" y no afecta la evaluación de las ofertas ni su adjudicación.
Sobre el cuestionamiento a la evaluación económica, desde la Municipalidad de Vitacura sostienen que no existió ninguna corrección indebida ni alteración de la oferta del consorcio adjudicatario. Según explican, las bases de la licitación establecían que el criterio relevante era el aporte mensual en UTM, monto que el ganador consignó correctamente desde un inicio.
El error detectado se limitó a una mala multiplicación al calcular el total del contrato —precio mensual por los 180 meses de duración de la concesión—, lo que fue corregido de oficio por la Comisión de Evaluación, sin modificar el valor ofertado.
A juicio del municipio, se trató de un error formal y no esencial, subsanable mediante una operación matemática evidente y conocida por todos los oferentes, actuación que —afirman— se ajusta a la jurisprudencia de la Contraloría y no vulnera el principio de igualdad ni las reglas de la licitación.
Por otro lado, desde Vitacura señalan que la propuesta presentada por Minera y Constructora Río Grande no desarrolla su "Partido General" —la idea central y estrategia organizativa inicial de un proyecto—.
"El oferente no desarrolla un anteproyecto de paisajismo y arquitectura que le agregue valor a la infraestructura actualmente existente al bien público a concesionar".
Además, el municipio fue tajante al señalar que la oferta técnica de Río Grande "adolece de inconsistencias" fundamentales, que no permitían entender con certeza qué se pretendía construir.
"En términos generales, la propuesta del reclamante de autos es débil e insuficiente, no presenta coherencia entre los documentos presentados (Planimetría y Memoria) y lo solicitado en las Bases de Licitación", explica en su contestación.
Entre otros puntos, el informe técnico de Vitacura califica la propuesta de Río Grande como inconsistente y desprolija. La administración acusó que el anteproyecto incluyó juegos infantiles en zonas no autorizadas y hasta proyectó puestos de comida (food trucks) justo encima del trazado de la ciclovía Mapocho 42K.
Con esos antecedentes, el municipio sostiene que el reclamo de Río Grande se reduce, en lo técnico, a una disconformidad con la nota asignada, sin demostrar —a través de documentos— que la comisión de evaluación cometiera alguna arbitrariedad al momento de asignar el puntaje.
Próximos pasos
De esta forma y en ese contexto, desde Vitacura descartan que la evaluación del anteproyecto o de los méritos técnicos presente fallas "groseras", defendiendo que el análisis fue coherente, fundado y ajustado a las reglas de la licitación, por lo que solicitaron al tribunal rechazar el reclamo presentado por la empresa.
El próximo 23 de enero vence el plazo fijado por el Tribunal para la suspensión del procedimiento licitatorio por 15 días hábiles. No obstante, la firma Río Grande solicitó al TCP prorrogar por al menos otros 15 días hábiles la suspensión de la licitación de BordeRío, con el objetivo de impedir que la Municipalidad de Vitacura retome el proceso y avance en la firma del contrato mientras se resuelve la impugnación.
Para respaldar su solicitud, la empresa alega que intentó tres veces solicitar audiencias por Ley de Lobby sin lograr reunirse con autoridades municipales. Además, acusa que las supuestas ilegalidades denunciadas —declaración jurada, puntaje económico y evaluación técnica— se mantendrían vigentes.
