La aplicación de la Ley Lafkenche mantiene con preocupación al sector privado. Si bien algunos apoyan el espíritu de la ley promulgada en 2008 para preservar las tradiciones ancestrales de pueblos originarios, estiman que su implementación está siendo una traba para el desarrollo de actividades y futuras iniciativas de inversión relacionadas al borde costero, como la salmonicultura. Uno de los problemas identificados ha sido la judicialización de los Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. En algunos casos, las comunidades recurren a tribunales presentando recursos de protección para impugnar las decisiones adoptadas por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Este panorama terminaría dificultando que las resoluciones se cumplan, lo que dilataría las "paralizaciones" provocadas por los procesos en curso de los espacios costeros para comunidades indígenas, señalan fuera de micrófono algunos actores privados. Un ejemplo de ello fue el fallo de la Corte Suprema en noviembre de 2025, ordenando retrotraer la votación de dos solicitudes de ECMPO en Aysén que fueron rechazadas en febrero de 2024. En conjunto sumaban más de 621 mil hectáreas.
