El Parlamento de Venezuela aprobó una profunda reforma a la ley de hidrocarburos que redefine el rol del Estado en la principal industria del país, hasta ahora fuertemente estatizada. La nueva normativa abre la puerta a una mayor participación de empresas privadas y extranjeras en actividades clave del sector petrolero, en un giro que modifica el marco legal vigente desde la era de Hugo Chávez.
La aprobación coincidió con un cambio en la política de Estados Unidos hacia el crudo venezolano, luego de que el Departamento del Tesoro emitiera una licencia que permite ciertas transacciones petroleras. Este movimiento se produce en medio de negociaciones bilaterales por la venta de petróleo y marca un contraste con las sanciones impuestas a PDVSA en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.
El nuevo escenario genera expectativas y críticas a partes iguales. Mientras el oficialismo y sectores del Parlamento destacan la necesidad de atraer inversiones y reactivar la producción, voces técnicas y políticas advierten que la reforma implica una cesión de control estatal, una flexibilización del régimen de regalías y un cambio estructural en el papel de PDVSA dentro de la economía venezolana.
¿En qué consiste el fin de la estatización del sector petrolero?
Se derogó la norma que otorgaba a PDVSA el control exclusivo de exploración, extracción, transporte, comercialización, exportación y almacenamiento de hidrocarburos.
Se incorporaron los artículos 23 y 68, que permiten a empresas mixtas y privadas, domiciliadas en Venezuela, participar en todas esas actividades.
Hasta ahora, el Estado mantenía la mayoría accionaria en las empresas mixtas con socios privados.
El artículo 40 autoriza al Estado a firmar contratos con empresas privadas para ejecutar actividades primarias como exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento.
Delcy Rodríguez, Presidenta interina de Venezuela, luego de firmar la reforma. | AFP
Las empresas privadas asumirán estas tareas a su propio costo, cuenta y riesgo, previa demostración de capacidad financiera y técnica.
Los proyectos deberán ejecutarse conforme a un plan de negocios aprobado por el ministerio competente en hidrocarburos.
Estos cambios representan una ruptura con la ley de 2001 y con la reforma de 2006 impulsada por Hugo Chávez, que reforzó el control estatal del sector.
¿Cómo se amplía la participación privada y qué ocurre con los activos de PDVSA?
Se eliminó la norma que reservaba al Estado los bienes y servicios vinculados a las actividades de hidrocarburos.
El nuevo artículo 42 permite a empresas operadoras privadas usar activos y materiales de PDVSA.
También se les autoriza el uso del área operacional y de áreas delimitadas, previa autorización del Ministerio de Hidrocarburos.
Maquinaria de extracción petrolera en Cabimas, Venezuela. | EFE
Como contraprestación, las empresas privadas deberán pagar a las estatales o sus filiales un porcentaje del volumen de hidrocarburos, sujeto a fiscalización.
Durante el debate parlamentario, el diputado opositor Pablo Pérez calificó la eliminación de la reserva estatal como un "avance importantísimo".
Pérez sostuvo que la excesiva estatización no generó beneficios y pidió compensaciones para personas y empresas cuyos bienes fueron confiscados.
¿Qué cambios introduce la reforma en regalías y resolución de conflictos?
Las regalías, fijadas hasta ahora en un 30%, dejarán de ser un porcentaje único y fijo.
El Ejecutivo podrá definir regalías de hasta 30 %, según cada proyecto, considerando inversión, naturaleza, rentabilidad y competitividad internacional.
La determinación se hará con la opinión previa del ministerio con "competencia en finanzas".
El Ministerio de Hidrocarburos podrá modificar el porcentaje de regalía si se considera necesario para mantener el equilibrio económico del proyecto.
Refinería El Palito en Puerto Cabello, estado de Carabobo, Venezuela. | AFP
La ley permite que los conflictos se resuelvan en tribunales venezolanos o mediante mecanismos alternativos, como mediación y arbitraje.
El exministro de Petróleo Rafael Ramírez criticó esta disposición por considerar que vulnera la soberanía jurisdiccional establecida en la Constitución.
Ramírez advirtió que la reforma implica no solo la privatización de actividades petroleras, sino también la entrega de activos y derechos de PDVSA a operadores privados.
A su juicio, estos cambios transforman a PDVSA en una simple agencia administradora de contratos, poniendo fin a su carácter de empresa nacional.
Delcy Rodríguez, Presidenta interina de Venezuela, luego de firmar la reforma. | AFP
Maquinaria de extracción petrolera en Cabimas, Venezuela. | EFE
Refinería El Palito en Puerto Cabello, estado de Carabobo, Venezuela. | AFP
