La semana pasada Codelco removió a tres altos ejecutivos de la División El Teniente, tras detectar "inconsistencias y ocultamientos" en los antecedentes que se entregaron tras un estallido de roca, ocurrido en julio de 2023.
Esto encendió las alarmas en algunos. Es que si bien lo que se detectó no está directamente ligado al accidente de julio del año pasado, en el que fallecieron seis trabajadores, hay quienes piensan que configura un nuevo escenario.
Es el caso de Christian Berndt, abogado que representa a la familia de Jean Miranda, uno de los trabajadores que murió tras el accidente del 31 de julio.
Según explicó a La Tercera, el foco de la investigación debe estar en conocer "cuál es la información que manejaba Codelco y cuál es la intención con la cual manejó esa información". Y ver, eventualmente, si se amplían las acciones legales ya presentadas.
Pero los familiares de los fallecidos no son los únicos que han tomado acciones contra Codelco, considerando los nuevos antecedentes sobre la mesa.
Es que ayer el Sevicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) presentó una denuncia ante el Ministerio Público, para que la justicia investigue eventuales comisiones de delitos, ligados, precisamente, al ocultamiento o alteración de información sobre el estallido de roca, en 2023.
A estas alturas, en cualquier caso, varios se preguntan: ¿Qué podría significar para la cuprífera que el eventual ocultamiento de 2023 hay influido -aunque sea indirectamente- en las condiciones de seguridad del accidente de 2025?
Qué significaría para Codelco
Diego Muñoz, abogado penal y docente de la Facultad de Derecho de la UDD dice que "se ha planteado una denuncia por el supuesto ocultamiento de información, pero esta se encuentra dirigida contra quienes resulten responsables individualmente y no directamente contra la empresa".
"Esto es relevante -sostiene- porque dicho ocultamiento, por sí solo, no es un delito que pueda ser perseguido directamente contra Codelco en primera instancia. De esta manera, en base a la información entregada, no existirían nuevas acciones dirigidas de forma directa contra la cuprífera exclusivamente por estos hechos".
"Lo anterior tiene como excepción que, durante la investigación, se logren determinar otros delitos, como la falsificación de instrumento público, hecho que sí podría abrir una nueva arista judicial", indica en todo caso.
Así, indica que "en base a lo indicado en los últimos días, si lo denunciado, esto es, la supuesta ocultación de información, corresponde a hechos que pudieron incidir directamente en el accidente, los riesgos a los que se ve sometida la empresa pueden aumentar significativamente".
"El principal problema que estos nuevos antecedentes representan para la compañía radica en el Modelo de Prevención de Delitos. El incumplimiento de este modelo por parte de los altos ejecutivos o su falta de implementación eficaz podría detonar la responsabilidad penal de la persona jurídica, sumándose a las responsabilidades penales individuales de los involucrados", complementa.
Por su parte, el abogado y socio de Moraga & CIA, Diego Messen, explica que "en el caso que se haya ocultado información y con esto se hubiera evitado el accidente al interior de la mina, podría facilitar las acciones indemnizatorias que han entablado las familias por negligencia por parte de la empresa respecto a haber tomado las medidas necesarias para resguardar la salud e integridad de los trabajadores".
"El riesgo para Codelco no es sólo en su obligación de indemnizar a las familias por este accidente, sino que de comprobarse ocultamiento de información sensible para la concurrencia de un siniestro de tal magnitud, incluso podría configurarse una figura penal respecto a aquellas personas que realizaron estas maniobras de ocultamiento, lo que evidentemente es un tema bastante más grave", dice también.
"En efecto, no sería lejano que pudiesen entablarse acciones penales por la concurrencia de los fallecimientos", asegura.
