Cinco funcionarios del Poder Judicial presentaron un recurso de protección contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Presupuestos (Dipres), acusando una omisión ilegal y arbitraria que —afirman— mantiene una brecha salarial "estructural" al interior de la institución.
La acción fue interpuesta por trabajadores que se desempeñan como administradores y jefes de unidad en tribunales de la jurisdicción de Santiago, todos asociados a la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud).
En el escrito sostienen que desde hace años existen distorsiones en la estructura de remuneraciones del escalafón profesional que han sido reconocidas por la propia institucionalidad,
pero nunca corregidas mediante un acto administrativo definitivo.
El reclamo
Indican que los organismos recurridos no han adoptado una decisión administrativa formal destinada a corregir diferencias en asignaciones salariales —especialmente en las de nivelación y responsabilidad— que afectan a funcionarios de los grados 8°, 9°, 10° y 11° del escalafón superior.
Añadiendo que la situación es conocida por la institucionalidad desde hace años y que incluso se han realizado mesas técnicas, propuestas y presentaciones administrativas, sin obtener una resolución definitiva.
"Pese al tiempo transcurrido, a la reiteración de las gestiones realizadas y al reconocimiento expreso de la problemática, no se ha dictado a la fecha una decisión administrativa formal, fundada y definitiva destinada a corregir la desigualdad denunciada. En su lugar, la autoridad ha optado por una sucesión de instancias de análisis, evaluación y diálogo que, si bien evidencian conocimiento del problema, no han producido efecto jurídico alguno, prolongando indefinidamente una situación de inequidad reconocida", sostuvieron.
A su juicio, la omisión se renueva cada mes al pagarse remuneraciones que consideran inferiores a las que corresponderían bajo criterios de igualdad interna dentro del Poder Judicial.
Nivelación 2016
Los funcionarios plantean que la autoridad sí adoptó medidas correctivas en el pasado respecto de otros estamentos.
En específico, mencionan la nivelación aplicada a jueces grado 6 en 2016, lo que —a su juicio— demuestra que el Estado reconoció la existencia de distorsiones salariales internas, pero dejó fuera a los profesionales administrativos pese a desempeñar funciones de responsabilidad comparable.
De acuerdo con el recurso, en el escalafón primario las diferencias salariales entre grados bordean el 14%, mientras que en el escalafón secundario —donde se ubican los recurrentes— pueden alcanzar hasta un 48%, sin justificación funcional, técnica ni jerárquica formalmente fundada por la autoridad.
Con ello, acusan vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, argumentando que la diferencia salarial genera un perjuicio patrimonial continuo.
De esta forma, solicitan que el tribunal declare la existencia de una omisión ilegal y ordene a los organismos recurridos dictar un acto administrativo formal, fundado y definitivo que resuelva la situación y adopte medidas para corregir las distorsiones remuneracionales.
