La Estrategia Nacional del Litio sufrirá retrasos debido a fallas detectadas por parte del Ministerio de Minería.
¿Qué ocurrió? La Contraloría General de la República (CGR) rechazó la toma de razón de dos contratos especiales de operación de litio (CEOL), por deficiencias en el proceso que llevó adelante la cartera mencionada.
Las críticas realizadas a estos dos documentos, además, alcanzarían al resto de los procesos que involucran solo a empresas privadas, afectando a la Estrategia.
En específico, la crítica del órgano apunta al procedimiento para la tramitación de solicitudes de CEOL por parte de empresas o consorcios privados, un mecanismo distinto al usado para la asociación de empresas públicas (Codelco y Enami), con compañías privadas (SQM y Río Tinto).
"El Ministerio de Minería, a través de su resolución exenta N° 3.299, de 2024 —modificada por su similar N° 72, de 2025—, estableció el procedimiento interno para el ingreso y tramitación de solicitudes de CEOL en los yacimientos que indicó, cuyas disposiciones regulan la forma, etapas y plazos que debía aplicar para las solicitudes ingresadas hasta el 7 de marzo de 2025, así como los antecedentes que debían presentar los interesados para acreditar los requisitos allí exigidos", señala la CGR en los dictámenes fechados el 16 de enero.
Según la entidad, esta facultad "corresponde exclusivamente al Presidente de la República, por decreto supremo, determinar los requisitos y condiciones bajo las cuales se podrá otorgar la explotación, exploración o beneficio de yacimientos de sustancias no susceptibles de concesión, como el litio".
"En efecto -agrega- no se advierte sustento que permita entender que el aludido Consejo Estratégico del Comité de Litio y Salares, en el ejercicio de sus labores de asesoría y técnicas, ni el Ministerio de Minería tengan atribuciones para establecer procedimientos ni condiciones o requisitos a fin de seleccionar a los particulares que tengan interés en el otorgamiento de un CEOL, pues tal determinación está radicada expresamente en el Presidente de la República".
La Contraloría, con esto en cuenta, critica el mecanismo usado para entregar CEOL a empresas privadas. Este es uno de los componentes de la Estrategia Nacional del Litio, ya que constituye el mecanismo que se diseñó para que empresas privadas accedieran a los recursos de salares como el de Ollagüe, Coipasa, Ascotán, entre otros.
La Contraloría decidió, debido a las deficiencias detectadas en el control de legalidad, "representar el acto administrativo", es decir, rechazarlo.
Los dos CEOL afectados son los que se le hubiesen otorgado a Llamara Group Spa, para explotar litio en el sector Quillagua Norte, ubicado en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, y a Quillagua Minerals Spa, para extraer el metal del sector Quillagua Este, en la Región de Antofagasta.
Cristián Quinzio, abogado experto en minería y exmiembro de la Comisión Nacional del Litio, señaló a El Mercurio que los otros CEOL con empresas privadas sufrirán la misma suerte.
"Va a haber un (requisito) que no lo van a poder satisfacer, el principal, que la Contraloría estima que todo esto tendría que haber sido hecho por un decreto supremo del Presidente de la República (…) Faltan dos semanas (para el término del Gobierno). Lo veo súper complejo que puedan satisfacer y pasar la valla Contraloría", dice.
"No se aprobarán los CEOL. Para poder hacerlo a futuro, el Presidente de la República debería dictar previamente un decreto que regule de forma general un procedimiento simplificado para la adjudicación de este tipo de contratos y luego debe proceder a iniciar un procedimiento para la adjudicación de estos contratos", señala en tanto al medio citado Eduardo Cordero, socio de Guerrero Olivos.
