La pesquera Landes presentó una demanda contra el Estado, en la que exige una compensación por más de US$70 millones por los perjuicios que, a su juicio, le provocó la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero impulsada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
La acción judicial fue ingresada este miércoles y admitida a tramitación por el 22° Juzgado Civil de Santiago.
En ella,
la compañía acusa que la nueva normativa modificó la distribución histórica de cuotas pesqueras —especialmente en la pesquería del jurel— reasignándolas a otros actores sin compensación económica.
Según expone la empresa en su presentación, estos cambios habrían afectado gravemente su patrimonio, al alterar las reglas bajo las cuales se habían estructurado inversiones y operaciones en el sector.
El abogado David Cademartori, socio del estudio Barros & Errázuriz y representante de la firma, explicó que la acción corresponde a una demanda de responsabilidad extracontractual contra el Fisco.
"Seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado", afirmó.
La empresa —con base en Talcahuano— sostiene que la reducción de cuotas compromete proyectos de inversión futuros orientados al consumo humano, además de obligar a postergar iniciativas como la modernización de su flota y la ampliación de su capacidad de congelado, en un escenario que califican de creciente incertidumbre regulatoria.
Críticas
El CEO de Landes, Andrés Fosk, criticó duramente el proceso de tramitación de la normativa, señalando que el Ejecutivo impulsó la ley con antecedentes deficientes.
"Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas", sostuvo.
El ejecutivo añadió que "al Estado no le está permitido disponer de cuotas de pesca que las empresas han construido a través de su historia y que hoy forman parte de su patrimonio para transferirlas discrecionalmente".
Asimismo, advirtió que la normativa impacta particularmente a la Región del Biobío, zona donde se concentra buena parte de la actividad pesquera industrial.
En su demanda, Landes sostiene que el nuevo fraccionamiento constituye un "golpe" para el jurel chileno, una pesquería que —según la empresa— se encuentra en buenas condiciones de sostenibilidad y enfrenta actualmente oportunidades de expansión en mercados internacionales.
A juicio de la compañía, la legislación limita la capacidad de captura y procesamiento para consumo humano, favoreciendo que el recurso sea destinado principalmente a harina de pescado, lo que reduce el valor agregado de la actividad.
"Estamos frente a una contradicción difícil de explicar. Cuando se abre una oportunidad histórica en Europa y Asia, el propio Estado decide limitar a las empresas que pueden capturar, procesar y exportar ese valor", sostuvo Fosk.
