Las crecientes críticas a la gestión fiscal del Gobierno del Presidente Gabriel Boric han instalado un debate que, aunque suele parecer técnico, según economistas tiene efectos concretos en la vida cotidiana de las personas.
En las últimas semanas, uno de los temas centrales de la agenda pública ha sido la situación de las cuentas fiscales que deja la actual administración al Presidente electo José Antonio Kast.
El escenario no es favorable. El Gobierno culmina su mandato con
un déficit estructural de 3,6% del PIB, muy por encima del objetivo original y el nivel más alto registrado en períodos sin crisis económicas.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) calificó esta semana el incumplimiento de la meta de balance estructural de 2025 como de "gran magnitud".
En su informe, el organismo advirtió que el desvío —de hasta 2,5 puntos porcentuales del PIB respecto de la meta original— evidencia problemas persistentes en la conducción fiscal de los últimos años, asociados principalmente a errores reiterados en la estimación de los ingresos fiscales.
Impacto
Para los expertos, el deterioro de las cuentas públicas no es solo una discusión contable: también puede terminar afectando el bolsillo de las familias.
El economista senior del OCEC-UDP, Juan Ortiz, explicó que la política fiscal tiene efectos que se arrastran en el tiempo. Según detalla, desde 2013 Chile ha registrado déficits fiscales de manera persistente, lo que ha provocado un aumento importante de la deuda pública como proporción del PIB (41,7% del producto) y una reducción sistemática de los activos del Tesoro.
A su juicio, el problema de fondo aparece cuando el gasto estructural supera de forma constante a los ingresos del Estado. "Cuando un país gasta persistentemente más de lo que recibe, en algún momento tiene que empezar a ajustar el gasto", señala.
Ese proceso —advierte— puede implicar decisiones complejas como priorizar programas públicos, rediseñar políticas o incluso eliminar iniciativas que no estén cumpliendo su objetivo.
El economista enfatiza que el desafío no es simplemente recortar gasto, sino mejorar su eficiencia. En ese sentido, plantea que parte del ajuste debe pasar por revisar programas que tengan baja rentabilidad social o problemas de implementación, con el objetivo de redirigir recursos hacia políticas más efectivas y sostenibles en el tiempo.
"Se debe garantizar que el gasto público vaya hacia donde realmente debe ir para solucionar problemas concretos de la población, y que este tipo de gasto sea sostenible en el tiempo. Para que esto sea posible, es necesario contar con finanzas públicas ordenadas y avanzar hacia la convergencia de un balance cíclicamente ajustado", dijo.
Desde una perspectiva más directa sobre el impacto en las personas, Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, advirtió que el deterioro fiscal implica dos riesgos principales.
El primero es que se pongan en peligro beneficios estatales relevantes si el Estado no cuenta con recursos suficientes para financiarlos, como la PGU; el segundo es el aumento del endeudamiento público.
Este último factor, explica,
puede terminar elevando las tasas de interés en la economía.
"Si el Gobierno se endeuda para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, eso presiona al alza las tasas y encarece el crédito para toda la economía", sostiene, lo que impacta directamente en préstamos hipotecarios y créditos de consumo.
Una visión similar plantea el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo, quien advierte que el problema surge cuando el gasto público se planifica con ingresos que finalmente no se materializan. En ese escenario, señala, los ajustes terminan llegando de forma inevitable.
"Si seguimos gastando con ingresos que nunca llegarán, al final del día se deberán recortar beneficios sociales", afirma. Y agrega que, como ha ocurrido en otros países, esos ajustes suelen terminar afectando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.
Para los economistas, el debate de fondo no es solo el tamaño del déficit, sino la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Mantener cuentas fiscales ordenadas, sostienen, permite reducir el riesgo país, estabilizar el tipo de cambio, acceder a financiamiento externo en mejores condiciones y garantizar la continuidad de los programas sociales más importantes para las personas.
En ese contexto, Ortiz concluye señalando que Chile aún mantiene una posición fiscal manejable, pero advierte que el deterioro observado en los últimos años obliga a tomar decisiones para evitar ajustes más bruscos en el futuro. El desafío, dice, es avanzar hacia un equilibrio entre gasto responsable, crecimiento económico y una estructura fiscal sostenible que permita financiar políticas públicas sin comprometer la estabilidad del país.
