La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entregó a la Dirección de Presupuestos (Dipres) un informe técnico que analiza el funcionamiento del empleo público en Chile y formula una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión del Estado.
El documento, titulado "Public Service Review of Chile", el organismo alertó una "inflación de calificaciones" por el desempeño de los funcionarios del sector públicos, además de detectar inequidades por las distintas modalidades de contratos que existen en el Estado chileno.
El análisis fue elaborado por el organismo multilateral a solicitud del Ejecutivo y busca aportar lineamientos para mejorar la administración del personal en el sector público, considerando la estructura actual, su gobernanza y las prácticas de gestión en el Gobierno Central.
El estudio se desarrolló tras una visita realizada por representantes de la OCDE en septiembre de 2025, instancia en la que una delegación del organismo sostuvo durante tres días reuniones y entrevistas con autoridades y actores clave del sector público.
Entre sus principales conclusiones, el informe advierte que Chile cuenta con un sistema de empleo público fragmentado, donde conviven tres modalidades contractuales principales: planta, contrata y honorarios.
Según el organismo, estas formas de contratación muchas veces se alejan de su propósito legal original, lo que genera inequidades y dificulta una gestión coherente de los recursos humanos a nivel del Gobierno Central.
El estudio también destaca la ausencia de un sistema común de clasificación de empleos públicos. Actualmente, el Estado chileno no dispone de un lenguaje compartido para describir roles laborales entre sus más de 250 servicios públicos, lo que complica la planificación estratégica del personal.
Esta situación, añade el documento, limita la movilidad horizontal dentro del sector público —es decir, la posibilidad de que funcionarios se trasladen entre instituciones realizando labores similares— y favorece una competencia interna por talento basada principalmente en salarios, más que en el desarrollo de habilidades.
Recomendaciones
Frente a este diagnóstico, la OCDE propone avanzar hacia el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo en el sector público. Para ello, recomienda fortalecer el rol del Servicio Civil en la coordinación de este proceso, comenzando con proyectos piloto en áreas transversales como gestión de personas o tecnologías de la información.
Asimismo, el organismo plantea diseñar políticas públicas que promuevan una mayor movilidad horizontal de los funcionarios, estableciendo objetivos claros para facilitar el traslado entre servicios del Estado.
En materia de movilidad vertical —es decir, los criterios de promoción dentro de una misma institución—, el informe sugiere avanzar hacia sistemas que consideren no solo la antigüedad, sino también el mérito y el desarrollo de competencias.
Otro de los aspectos abordados por el informe es la gestión del desempeño en el sector público. Según la OCDE, si bien en Chile existen marcos legales y evaluaciones obligatorias, el sistema actual presenta debilidades que limitan su efectividad.
El documento advierte que existe una "inflación de calificaciones", fenómeno que reduce la capacidad del sistema para distinguir el desempeño real de los funcionarios.
De acuerdo con los datos citados en el informe, a marzo de 2025 el 98% de los funcionarios públicos se encontraba en la categoría de distinción máxima, lo que dificulta identificar tanto el alto rendimiento efectivo como los casos de bajo desempeño que requieren apoyo o mejoras.
Ante ello, el organismo recomienda simplificar las escalas de evaluación, fomentar una cultura de aprendizaje continuo en lugar de procesos meramente administrativos y fortalecer la capacitación de los directivos para realizar evaluaciones y retroalimentaciones más significativas.
Finalmente, la OCDE plantea que estos cambios deberían abordarse como una reforma de largo plazo, que contemple nuevos estándares de medición comunes para todo el sector público, mecanismos transversales de evaluación y estrategias para identificar y potenciar el alto desempeño dentro del Estado.
