Tras el cambio de mando, el recién asumido Presidente José Antonio Kast dio a conocer los primeros seis decretos firmados al iniciar su administración.
Según explicó el mandatario, las medidas buscan responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía.
Uno de los decretos que más destaca es el que
ordena resolver en plazos acotados los recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que permitiría destrabar inversiones por US$16.000 millones.
La medida se centra en 51 recursos de reclamación que permanecen pendientes, correspondientes a "proyectos con RCA aprobada que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando inversión por US$16.000 millones", señala el documento.
El instructivo establece que los recursos vencidos deberán resolverse en un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio respectivo. Asimismo, fija plazos específicos para las distintas instancias administrativas del sistema ambiental: hasta 30 días hábiles para recursos ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y 60 días hábiles para aquellos que deban ser revisados por el Comité de Ministros.
Del total, 20 recursos corresponden a reclamaciones de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante la Dirección Ejecutiva del SEA, asociadas a proyectos que representan cerca de US$6.500 millones en inversión.
En tanto, 22 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se encuentran pendientes de resolución en el Comité de Ministros, vinculados a inversiones cercanas a US$9.800 millones.
A esto se suman nueve proyectos adicionales que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero que aún se encuentran en trámites administrativos, lo que también ha retrasado su ejecución.
Así, el objetivo —según se desprende del instructivo— es acelerar la ejecución de proyectos que ya cuentan con aprobación ambiental, evitando que los retrasos administrativos continúen bloqueando inversiones consideradas clave para la administración del denominado "Gobierno de emergencia".
Entre los otros decretos firmados se incluyen la implementación de un "Plan Escudo Fronterizo", con liderazgo del Ejército de Chile; el fortalecimiento del rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que asumirá la ejecución directa de los procesos de reconstrucción en Valparaíso, Ñuble y Biobío; una Auditoría Total al Estado; el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte; y la implementación de una Política Nacional de Cierre Fronterizo.
