El Ministerio de Hacienda dio inicio a su plan de ajuste fiscal.
La medida se comunicó ayer mediante un oficio enviado a todos los ministerios, subsecretarías y servicios públicos del país, en el que se establecen los lineamientos para reducir el gasto del Estado durante 2026 y encauzar las cuentas fiscales.
En el documento, el Ministerio advierte que en
16 de los últimos 18 años Chile ha registrado déficit estructural, mientras que la deuda bruta del Gobierno Central pasó de 5% del PIB a 42% del PIB en ese período. A ello se suma que los ahorros en los fondos soberanos y otros activos del Tesoro Público se encuentran en mínimos históricos, lo que limita la capacidad del país para enfrentar eventuales crisis externas.
"En los últimos cuatro años se ha producido un daño severo a la institucionalidad y a la regla fiscal, con tres incumplimientos consecutivos de la meta de balance, sin mediar una crisis. Además, recientemente conocimos que el ejercicio fiscal de 2025 cerró con un exceso de gasto de US$10.000 millones por sobre los ingresos del Fisco. Este desequilibrio fiscal es insostenible en el mediano plazo", indica el documento.
En ese contexto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast definió como prioridad recuperar el equilibrio de las cuentas fiscales durante el período presidencial. Para ello se implementará un plan de ajuste fiscal, cuya primera fase comenzará durante marzo de 2026.
"Solo así podremos recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, asegurar los beneficios sociales en el mediano plazo, disponer de recursos para enfrentar emergencias y rescatar el valor de la institucionalidad y el prestigio de nuestro país, que ha sido un líder regional en materia económica", subraya el escrito.
De esta forma, el programa contempla reducciones de gasto por tres vías principales: combate a abusos y malas prácticas en el uso de recursos públicos, mejoras en la eficiencia del gasto y medidas de austeridad fiscal en los distintos organismos del Estado.
Como parte de esta primera etapa, se estableció una reducción del límite de gasto para 2026 por US$3.000 millones, cifra que se suma a una reducción adicional previamente informada por Hacienda de US$800 millones en el gasto bruto.
El ajuste tendrá carácter permanente, por lo que deberá considerar tanto sus efectos inmediatos como su impacto en el mediano plazo.
El documento establece que la responsabilidad de ejecutar el ajuste recae en cada ministerio, subsecretaría y servicio público, mientras que la Dirección de Presupuestos (Dipres) será la encargada de realizar el seguimiento y entregar asesoría técnica durante el proceso. Cada cartera deberá enviar su propuesta de ajuste a Hacienda dentro de los plazos que se definan.
Dentro de las medidas concretas se considera una rebaja transversal de 3% del gasto bruto de cada ministerio, la que será aplicada de forma uniforme por la Dipres a los distintos subtítulos presupuestarios y se materializará mediante un decreto del Ministerio de Hacienda durante marzo.
Adicionalmente, se contempla una rebaja adicional de US$1.000 millones a nivel del sector público, la que será focalizada por cada ministerio. Para ello, las carteras deberán identificar espacios de eficiencia, abusos y malas prácticas en el uso de recursos fiscales y reportarlos a la Dipres antes del 20 de marzo de 2026.
"el ajuste es ineludible, por lo que es imperativo que todos los ministerios contribuyan a la identificación de abusos, malas prácticas y espacios de eficiencia, tanto administrativos como programáticos, sin excepción"
Oficio de Hacienda
"Se debe enfatizar que el ajuste es ineludible, por lo que es imperativo que todos los ministerios contribuyan a la identificación de abusos, malas prácticas y espacios de eficiencia, tanto administrativos como programáticos, sin excepción", remarca.
El instructivo también propone una serie de criterios para detectar posibles ajustes. Entre ellos se incluyen la revisión de contratos de servicios como arriendos o aseo, la evaluación de casos de abuso en licencias médicas, el análisis de sumarios administrativos en curso y la revisión de la distribución del personal para evitar duplicidades de funciones.
Asimismo, se instruye detener nuevos concursos y contrataciones que no estén finalizados al 13 de marzo, suspender estudios y asesorías externas, revisar suscripciones a organismos internacionales y frenar el inicio de nuevos programas de transferencias hasta nuevas instrucciones.
El oficio también establece medidas adicionales de austeridad, como no renovar cupos de funcionarios acogidos a retiro y evitar reemplazos por enfermedad, salvo en casos de postnatal o enfermedad de hijos menores de un año.
Hacienda además advirtió que los ajustes que se implementen durante 2026 pasarán a formar parte de la base para la formulación del presupuesto de 2027, debido al carácter permanente del plan de consolidación fiscal.
El instructivo también ordena la revisión de contratos de servicios de estudios e investigaciones con personas naturales o jurídicas (Subtítulo 22), y establece detener cualquier nuevo estudio o asesoría hasta nuevas instrucciones. Asimismo, se instruye frenar cualquier gasto que al 10 de marzo no implique una obligación legal y que pueda contribuir al ajuste permanente.
Para implementar el programa, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos sostendrán reuniones bilaterales con cada ministerio entre el 13 y el 18 de marzo, con el objetivo de coordinar los recortes y emitir los decretos de ajuste a más tardar el 20 de marzo.
Finalmente, el ministro subrayó en el documento que el esfuerzo fiscal deberá ser transversal. "La ciudadanía no entendería que algún servicio o poder del Estado quede fuera del esfuerzo fiscal", señala el oficio, al tiempo que llama a todas las instituciones públicas a contribuir en la identificación de espacios de ahorro y eficiencia en el gasto público.
