El Presidente José Antonio Kast volvió a instalar en la agenda uno de los ejes de su programa de campaña: las contribuciones.
Esto, durante su visita a la Región del Biobío la semana pasada, donde presentó el proyecto de ley de "Reconstrucción Nacional", iniciativa que agrupa más de 40 medidas y que, entre otros puntos, contempla avanzar —de forma gradual— hacia la eliminación del impuesto territorial.
Si bien durante la campaña la promesa apuntaba a una eliminación total, el diseño actual plantea un primer paso acotado:
eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores por su primera vivienda.
"Para los adultos mayores, que son muchos, nos comprometimos a que la primera vivienda dejaría de pagar contribuciones. Nuestra primera medida, porque esto es paso a paso, es que los adultos mayores dejen de pagar sus contribuciones por la primera vivienda, porque es injusto", afirmó el Mandatario.
En la misma línea, agregó que "es el derecho de las personas a no pagar un arriendo por lo que es suyo".
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reforzó el argumento señalando que "el adulto mayor ha trabajado, ha ganado, ha pagado impuestos y ha cumplido; que viva tranquilo en su casa sin que llegue el recaudador".
Impacto fiscal y tensión municipal
La propuesta, sin embargo, reactivó el debate por su impacto en las finanzas municipales. El impuesto territorial es una de las principales fuentes de financiamiento para las alcaldías, representando cerca del 54% de los recursos del Fondo Común Municipal.
De acuerdo con datos de la Tesorería General de la República, solo en el primer semestre de 2025 este tributo recaudó $797.951 millones.
En ese contexto, desde el mundo municipal han surgido posturas divididas. Mientras algunos alcaldes reconocen que el sistema actual genera tensiones —especialmente en adultos mayores—, advierten que una eliminación sin mecanismos de compensación podría afectarlos seriamente.
A través de una carta a El Mercurio, los alcaldes Maximiliano Luksic (Huechuraba) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea) subrayaron que "las contribuciones siguen siendo un instrumento fundamental para el financiamiento local y para la equidad territorial".
En esa línea, Alessandri planteó que "hoy cualquier cambio en las contribuciones tiene un impacto directo en los municipios, por eso lo importante es avanzar hacia un sistema más moderno y equilibrado".
La alternativa
Más allá de la eliminación, en la interna municipal ha ido tomando fuerza la idea reformar el sistema en lugar de suprimirlo. En ese debate aparece el denominado "modelo de California", que ha sido mencionado como referencia para rediseñar el impuesto territorial en Chile.
El esquema apunta a cambiar la lógica actual —basada en avalúos fiscales que se actualizan periódicamente— por un sistema anclado al valor de compra de la propiedad. Es decir, el impuesto se calcularía sobre el precio al que se adquirió la vivienda, con alzas acotadas en el tiempo.
El modelo considera fijar el tributo como un porcentaje del valor de compraventa y limitar sus incrementos anuales a un tope.
"Hay experiencias como el modelo de California, que fija el impuesto en base al valor de compra de la vivienda y limita sus alzas en el tiempo, evitando aumentos desproporcionados. Ese tipo de enfoques pueden ser un buen punto de partida, pero siempre adaptados a la realidad chilena y asegurando que los municipios sigan teniendo los recursos para responder a sus vecinos", sostuvo Alessandri.
Equidad versus certeza
El debate de fondo, sin embargo, va más allá de una medida puntual. Mientras el sistema actual busca capturar la plusvalía de las propiedades para redistribuir recursos entre comunas, sus críticos apuntan a que genera una carga creciente sobre personas que no necesariamente han visto aumentar sus ingresos.
"El problema es que, en la práctica, una familia puede no haber vendido su casa, no haber aumentado sus ingresos y, aun así, enfrentar un alza sostenida en sus contribuciones simplemente porque el entorno urbano se valorizó. Ese fenómeno puede ser razonable en términos patrimoniales, pero muchas veces resulta injusto en términos de liquidez y capacidad real de pago", plantearon Luksic y Alessandri.
"Esta tensión afecta especialmente a los adultos mayores y también a una parte importante de la clase media chilena. Muchas familias dedicaron décadas a pagar un dividendo, construir patrimonio y mantener una vivienda que representa su principal activo. Pero al jubilar, el sistema puede terminar transformando esa misma vivienda en una fuente de incertidumbre tributaria", añadieron.
En esa línea, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, sostuvo que "los adultos mayores deben estar exentos del pago de contribuciones", aunque enfatizó la necesidad de diseñar mecanismos que permitan mantener o incluso aumentar la recaudación municipal.
"Una fórmula podría ser captar el impuesto a la plusvalía de las propiedades cada vez que se vendan, en vez de un impuesto permanente como son las contribuciones, y no focalizar solamente en el 23%, sino en un universo mayor. Estamos precisamente analizando distintas alternativas. Lo clave es quitar este gasto a las personas mayores", remarcó.
