El gobierno de José Antonio Kast promulgó este jueves la ley de "emergencia energética", que establece un paquete de ayudas transitorias que apuntan a compensar la histórica alza de los combustibles.
La ley fue despachada ayer del Congreso, tras una rápida tramitación que se extendió por dos días.
En el Congreso, el ministro de Hacienda,
Jorge Quiroz, sostuvo que "estamos enfrentando una situación internacional que no se va a normalizar en el corto plazo, por lo que hemos optado por medidas focalizadas que permitan proteger a las personas en aspectos esenciales de su vida cotidiana, como la calefacción y la movilidad, resguardando al mismo tiempo el uso responsable de los recursos públicos".
Entre las principales disposiciones, se considera un aumento temporal de US$60 millones al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).
Lo anterior, junto con un ajuste en la fórmula de cálculo de la ley 19.030, con el objetivo de mantener el precio de la parafina en niveles similares a los registrados en febrero (alrededor de $1.000 por litro), antes del conflicto en Medio Oriente.
Además, se habilita al Fisco para aportar o retirar recursos del fondo hasta el 30 de septiembre de 2026.
Asimismo, la iniciativa establece la entrega de un bono mensual de $100 mil durante seis meses para propietarios de taxis, colectivos, transporte escolar y vehículos que operan entre Tacna y Arica, siempre que estén inscritos en los registros correspondientes al 24 de marzo de 2026.
Este beneficio estará destinado exclusivamente a la compra de combustibles, aunque podrá ser traspasado a conductores con licencia profesional vigente, con un tope de $100 mil por persona.
La ley, además, incorpora una medida transitoria -por seis meses- que ajusta el beneficio que permite a ciertas empresas recuperar hasta el 100% del impuesto específico al diésel. En concreto, la normativa reduce ese porcentaje de recuperación, equiparándolo al régimen aplicable a las empresas de transporte de carga, lo que permitirá generar mayores ingresos fiscales estimados en $124.463 millones durante su vigencia.
Ese cobro recaerá especialmente en las mineras y las forestales, precisó Quiroz en la comisión de Hacienda. La pymes quedaron excluidas de la medida.
