Una propuesta del ministro del Interior, Claudio Alvarado, abrió esta semana un debate que va mucho más allá de la política migratoria: la posibilidad de que extranjeros en situación irregular puedan retirar sus fondos acumulados en el sistema de AFP como condición para abandonar el país.
La idea -que ya circulaba entre parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) y que el martes tomó forma como una reforma constitucional en manos de la bancada de ese partido- puso en el centro de la discusión una pregunta que muchos chilenos tenían: ¿cómo puede un migrante sin residencia regular tener fondos previsionales?
Cómo funciona el sistema
La respuesta está en el Número Identificatorio para Cotizar (NIC), un identificador provisional que emiten directamente las AFP para trabajadores extranjeros que, sin contar con RUT definitivo, acreditan tener un contrato de trabajo vigente y un documento de identidad válido de su país de origen.
El NIC tiene un formato similar al RUT, permite registrar cotizaciones previsionales y seguro de cesantía, y es válido exclusivamente para efectos previsionales; es decir, no otorga legalidad ni residencia en el país.
De este modo, una vez que el trabajador regulariza su situación migratoria y obtiene su cédula de identidad,
los fondos acumulados bajo este número provisorio se trasladan a su cuenta definitiva.
Alejandro Charme, exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, explicó a Emol que "el derecho a elegir un trabajo y el derecho a la seguridad social son derechos fundamentales del ser humano y están por sobre una visación dada por un país; todo trabajador dependiente formal en Chile tiene derecho a que le coticen en una AFP y en las demás entidades de la seguridad social".
En paralelo, el sistema de salud opera con el Número de Identificación Provisorio (NIP) —un mecanismo distinto—, a través del cual Fonasa otorga cobertura de salud pública a personas en situación irregular.
La economista Cecilia Cifuentes, académica del ESE Business School de la Universidad de los Andes, abordó el mecanismo: "una persona que todavía es informal puede tener cotizaciones en las AFP porque se le entrega una identificación provisoria que permite cotizar. Una vez que se formaliza, debe hacer el traspaso de estos fondos".
Agrega, sin embargo, que los números son modestos: "los que están cotizando con estos números provisorios son pocos".
La fiscalización: el talón de Aquiles
El debate sobre las cotizaciones de migrantes irregulares expone también una debilidad del sistema.
Una fuente conocedora confirmó que la Superintendencia de Pensiones no tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleadores.
En la práctica, la Dirección del Trabajo actúa principalmente bajo denuncia del propio trabajador afectado, lo que deja un margen amplio para el incumplimiento.
Las cifras del estudio "Análisis de la migración en Chile" ilustran la magnitud del problema.
Según estimaciones basadas en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) —cancelada por el actual Gobierno— y la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), en diciembre de 2024 la tasa de informalidad previsional de la población migrante alcanzaba el 32,9%, levemente superior al 30,5% registrado en la población no migrante. En términos absolutos, la cantidad de migrantes en situación de informalidad previsional ha oscilado entre 337.255 y 396.500 personas entre 2020 y 2024.
Esta informalidad está concentrada en segmentos específicos: los trabajadores por cuenta propia encabezan el ranking, con una tasa de informalidad laboral de 66,8%; les siguen los trabajadores de servicio doméstico (31,8%). En contraste, los asalariados del sector privado exhiben tasas mucho menores (18%).
El informe también advierte que la fiscalización prácticamente nula opera en un contexto en que incluso entre los chilenos los niveles de incumplimiento previsional son significativos.
La propuesta
Fue el excandidato presidencial Franco Parisi quien planteó primero la idea de los retiros, en el programa "Mesa Central" de Canal 13 el domingo pasado. El martes, los diputados del PDG formalizaron la propuesta mediante una reforma constitucional para que los extranjeros puedan retirar el 100% de sus fondos si deciden dejar Chile.
Luego, el ministro Alvarado reconoció ante la Comisión de Gobierno del Senado que el Ejecutivo está evaluando la idea, aunque en una versión acotada: extender a migrantes laboralmente formalizados -pero sin residencia regular- el mismo beneficio que ya existe para profesionales extranjeros bajo la Ley N° 18.156.
Esa ley permite a trabajadores extranjeros calificados —que acrediten afiliación a un sistema previsional en su país de origen— retirar sus fondos al retornar.
Los datos del estudio muestran que este mecanismo ha experimentado un crecimiento explosivo: en 2024 se aprobaron 21.898 solicitudes por un total de más de $121 mil millones, frente a las 4.409 solicitudes del año 2014, donde el 88% de los casos aprobados en 2024 correspondió a ciudadanos venezolanos.
Cifuentes comentó sobre la medida a El Mercurio que la idea "es analizable, bajo una figura adecuada", y la compara con los convenios bilaterales que Chile mantiene con Perú y Bolivia, que permiten a trabajadores que regresan retirar sus cotizaciones sin que eso genere presión sistémica.
"Estos convenios no han generado ninguna presión por retiros porque es algo que se entiende como razonable. Las personas son dueñas de esos ahorros y, en la medida en que dejan de trabajar en Chile, es razonable que los puedan retirar", señaló.
Más crítico fue Éric Latorre, académico de posgrado de la Universidad Autónoma, quien advirtió que la propuesta "enfrenta obstáculos prácticos, como la imposibilidad de acuerdos con países clave como Venezuela", y añadió que "introduce una política migratoria dentro del sistema previsional, lo que puede afectar un pilar estructural de la economía. Sin evidencia concreta de beneficios, abrir la puerta al uso de fondos previsionales con fines distintos resulta una medida irresponsable y peligrosa".
