Preocupación existe en el Gobierno por el avance de propuestas que buscan modificar el sistema de peajes en concesiones, en un contexto marcado por presiones políticas y proyectos que apuntan a eliminar el uso del TAG.
En ese escenario, el Ejecutivo evalúa fórmulas para contener el impacto, entre ellas reducir o congelar tarifas mediante acuerdos con concesionarias.
Las alternativas sobre la mesa incluyen compensaciones fiscales o extender los plazos de las concesiones, aunque ambas opciones generan tensiones.
la primera, por su efecto en el gasto público en medio de un déficit fiscal relevante —que el Ejecutivo ha reconocido en reiteradas ocasiones—; y la segunda, por postergar nuevas licitaciones y mantener estándares de servicio rezagados, especialmente en autopistas urbanas.
Reacciones en el Congreso
Desde la oposición, el diputado Ignacio Achurra (Frente Amplio) advirtió que cualquier rebaja tiene costos asociados.
"Cualquier rebaja de las tarifas en medio de la crisis implica necesariamente revisar los contratos con las concesionarias y comprometer una forma de compensación para las empresas. Ese costo terminará siendo pagado, de una u otra forma, por los automovilistas, y es un punto que no podemos sacar de la ecuación", dijo.
"Esperamos que el Gobierno presente medidas que vayan en ayuda directa a las familias, para que no sean ellas las que sigan pagando el costo de esta crisis, como ha ocurrido hasta ahora", añadió.
El diputado Fabián Ossandón (PDG) valoró las gestiones, pero cuestionó su alcance. "Sería pésimo que esto solo quede en Santiago", afirmó, apuntando a la falta de apoyo en regiones como Antofagasta.
Una mirada similar expresó la diputada Marlene Pérez (Indep-UDI), quien pidió una revisión más profunda. "Valoramos que el Gobierno finalmente esté sentándose a la mesa con las concesionarias para buscar fórmulas que alivien el bolsillo de los chilenos, pero estas tratativas no pueden quedarse solo en buenas intenciones o en anuncios para la Región Metropolitana".
Desde el Senado, Alejandro Kusanovic llamó a la cautela y a resguardar la certeza jurídica. "Es fundamental que el Gobierno transparente las fórmulas que está negociando, porque cualquier solución debe cumplir con un doble estándar: certeza jurídica para no ahuyentar la inversión, pero también sensatez social para no seguir asfixiando el presupuesto de las familias con alzas automáticas".
En tanto, la senadora Loreto Carvajal (PPD) advirtió por la presión acumulada sobre el costo de vida, considerando el alza de combustibles, transporte y peajes.
"Es un desafío del Gobierno establecer alternativas viables y revisar las condiciones en que se generan los contratos de concesión, sobre todo en materia de peajes y cumplimiento de medidas alternativas, como rutas anexas o garitas en regiones", dijo.
