La Dirección del Trabajo (DT) emitió este jueves dos dictámenes que regulan aspectos clave de la implementación de la Ley N°21.561, más conocida como la ley de las 40 horas.
Esto, respecto a su etapa de reducción de la jornada máxima de 44 a 42 horas semanales, la cual se encuentra a pocos días de que entre en vigencia, desde el próximo 26 de abril.
Los pronunciamientos abordan dos materias sensibles para empresas y trabajadores.
La forma en que debe aplicarse la nueva rebaja horaria cuando no existe acuerdo entre las partes, y los criterios para determinar qué trabajadores pueden quedar excluidos de la limitación de jornada bajo el artículo 22.
Rebaja a 42 horas
Respecto del paso de 44 a 42 horas semanales, la DT ratificó que el mecanismo principal sigue siendo el acuerdo entre empleador y trabajadores, el que puede canalizarse también a través de organizaciones sindicales.
Sin embargo, cuando ese entendimiento no exista, se aplicará una regla supletoria, en jornadas distribuidas en cinco días, la rebaja deberá concretarse reduciendo una hora al término de la jornada en dos días distintos. Considerando que desde 2024 ya existía una hora rebajada, en la práctica varias empresas podrían completar el ajuste con tres jornadas reducidas dentro de la semana.
En el caso de jornadas distribuidas en seis días, la DT estableció que la disminución deberá aplicarse mediante 50 minutos en dos días distintos y una fracción adicional en un tercer día. En términos operativos, esto se suma al ajuste previo ya implementado por el primer tramo de la ley.
Otro punto relevante del dictamen es qué ocurre con los pactos suscritos en la etapa anterior. Si el acuerdo firmado al pasar de 45 a 44 horas dejó expresamente establecido que ese mecanismo regiría hasta alcanzar las 40 horas, dicho pacto se mantiene. Si aquello no quedó consignado, las partes deberán volver a negociar para esta nueva fase.
Artículo 22
El segundo dictamen aborda el polémico artículo 22, norma que permite excluir a ciertos trabajadores del límite de jornada cuando, por la naturaleza de sus funciones, no existe fiscalización superior inmediata.
La DT sostuvo que la exclusión debe analizarse caso a caso y que la sola existencia de herramientas tecnológicas, sistemas de marcación, reportes o plataformas de seguimiento no basta por sí sola, para acreditar que existe supervisión directa sobre la forma y oportunidad en que se ejecutan las labores.
El organismo también marcó una distinción entre subordinación laboral y fiscalización superior inmediata.
Según el nuevo criterio, una persona puede estar plenamente sujeta a un vínculo laboral y, al mismo tiempo, desempeñar funciones con autonomía suficiente para quedar fuera del régimen general de jornada.
La reinterpretación podría tener efectos relevantes en sectores como comercio y servicios, donde cargos como jefaturas de local, encargados de tienda o supervisores habían enfrentado mayores restricciones en los últimos años para pactar bajo esta modalidad.
Al respecto, José Pakomio, presidente de la Cámara nacional de Comercio (CNC) dijo que "valoramos que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo retomen un principio esencial en la interpretación administrativa: el respeto estricto a la ley, sin incorporar exigencias o criterios que no se encuentran previstos en ella".
"Este enfoque contribuye a reforzar la certeza jurídica, elemento fundamental para el adecuado desarrollo de las relaciones laborales, especialmente en un contexto de implementación de reformas relevantes como la reducción de la jornada. Como gremio, valoramos que se avance en esa dirección, resguardando un equilibrio entre el cumplimiento normativo y la viabilidad de su aplicación práctica", sostuvo.
